La llamada comisión especial de Radiotelevisión Española del Congreso de los Diputados y, muy especialmente, el informe sobre el organismo realizado por una auditoría del Ministerio de Hacienda eran un pozo sin fondo. Un día sí y otro también ofrecían jugosos datos sobre la gestión del Organismo Autónomo RTVE a unos ciudadanos que, escandalizados, no podían creer el descaro con el que se había estado gestionando la televisión pública.
El titular que abría el periódico el 8 de marzo se encontraba entre los más significativos: 'Cerca de ocho mil millones, en nóminas no justificadas en Televisión Española'. El texto explicaba que el Servicio de Administración del Ente sólo se hacía cargo del pago de 3,6 millones en concepto de nóminas y atribuía al Servicio Financiero el abono de los 8.000 millones, un agujero notable.
La información hacía referencia a otros «capítulos escandalosos de este informe ya estudiados por la comisión», como la existencia de numerosas cuentas corrientes irregulares de las que el dinero salía a espuertas sin ningún control ni justificación.
El Gobierno de UCD se daba por aludido por las críticas -en realidad también era la herencia recibida de muchos años de gestión descontrolada en los últimos años del franquismo- y reaccionaba con una salida de pata de banco: Para castigar a los socialistas, que habían largado lo tratado en una comisión que se celebraba a puerta cerrada, decidieron aplazar indefinidamente la elección de vocales al Consejo de RTVE, con lo que paralizaba una presunta democratización de la tele que, en realidad, luego nunca se hizo efectiva. Para rematar la suerte, el día siguiente aseguraban en todos los medios que los datos facilitados por el PSOE eran falsos y manipulados. «El PSOE en consecuencia, una vez más, miente», concluía la nota.
