Caja Segovia y Caja de Ávila han decidido explorar su posible adscripción a Banca Cívica, el Sistema Integral de Protección y Solvencia (SIP) que impulsa Caja Navarra, en el que participa Caja Canarias, y al que se unirá Caja Burgos.
Los consejos de administración de las entidades de Segovia y Ávila se reunieron ayer en sus respectivas sedes para ser informados por sus presidentes de las conversaciones mantenidas la pasada semana con el Banco de España y con los responsables del proyecto Banca Cívica.
En Segovia, el presidente de la entidad segoviana, Atilano Soto, fue el encargado de relatar el contenido de los contactos, y su director general, Manuel Escribano, de pormenorizar los aspectos más técnicos de la operación y del SIP.
La información fue facilitada en una sesión del consejo a la que también fueron invitados a asistir, como oyentes, los miembros de la comisión de control, que la abandonaron antes de que se produjeran las intervenciones de los consejeros.
Tras el debate, el consejo de administración consideró conveniente analizar el proyecto de Banca Cívica y suscribir un acuerdo de confidencialidad y exclusividad con las cajas que participan en él para iniciar así negociaciones formales de cara a su integración en el mismo.
Similar acuerdo fue adoptado casi al mismo tiempo en la sede de Caja de Ávila, cuyo consejo facultó a su presidente, Agustín González, y a su director general, José Manuel Espinosa, a suscribir el oportuno protocolo de intenciones.
Informarse y negociar
Ambas entidades subrayaron que lo acordado ayer no condiciona la decisión final que se adopte ya que únicamente significa que están dispuestas a recabar la información necesaria sobre el proyecto Banca Cívica y las cajas que pretenden formar parte del mismo.
Caja Segovia señaló en un breve comunicado que el acuerdo de su consejo «no determina posición previa alguna» y la entidad abulense advirtió en una escueta nota que las negociaciones deberán abordarse «bajo criterios de igualdad» de cara a «la adopción de futuras decisiones».
El Sistema Integral de Protección y Solvencia, denominado también 'fusión fría' supone que las cajas acogidas al mismo integran en una nueva entidad, con sede en Madrid, todos los negocios situados fuera de su ámbito de intervención natural, así como sus plataformas informáticas y sistemas de compra y de protección y solvencia.
Los acuerdos de confidencialidad que cada caja suscribirá con las restantes obliga a cada una a mantener en secreto las informaciones que se trasvasen unas a otras sobre el estado de sus cuentas y negocios.
La cláusula de exclusividad significa que todas ellas se comprometen a no emprender negociaciones con ninguna otra entidad ajena al proyecto Banca Cívica en un plazo de seis meses, prorrogables, o bien antes si es que las partes deciden finalizar las negociaciones con anterioridad.
