La deuda de los vecinos que no pagan a su comunidad los gastos comunes, o la de aquellos que no abonan la correspondiente mensualidad a los propietarios de los locales y pisos que están arrendados en Valladolid, creció pese a la crisis por debajo de la media nacional durante el segundo trimestre del 2009, según datos de un estudio del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). De este modo, mientras que la crisis económica se está cebando con aquellas familias que se han quedado en desempleo, residen en las grandes ciudades o no pueden hacer frente al abono de sus compromisos comunitarios, en el caso de Valladolid los incumplimientos con los dueños han sido menores durante los seis primeros meses del pasado año 2009.
Según el estudio de FIM, los impagos de inquilinos morosos vallisoletanos crecieron entre el 2007 y el 2008 apenas el 0,23%, cuando la recesión no se había hecho notar. Sin embargo, durante el segundo trimestre del 2009 la morosidad vecinal y de propietarios aumentó el 2,33% con una deuda media que se estimó en 3.815 euros por vecino deudor.
Aunque para los propietarios de pisos y vecinos que pagan los gasto de su comunidad es una cantidad importante, esta cifra es la mitad de la media que se registra en España, donde según el informe del Fichero de Inquilinos Morosos la cantidad deudora se estimó en 7.659 euros por incidente de reclamación contabilizado entre abril y junio del 2009.
Madrid, Barcelona, Murcia y Álava se sitúan a la cabeza respecto al índice de morosidad, con cifras medias de 6.878 euros, 14.623, 11.986 y 9.653 euros, respectivamente. No se oculta que las ciudades donde hay más morosidad han estado vinculadas al fuerte desarrollo urbanístico de la última década, en el que se incluye también las zonas de segundas residencias en la costa.
Resto de la región
Pese ello, Valladolid está, según el estudio de FIM, a la cabeza del resto de provincias de Castilla y León donde las deudas de los morosos han crecido de media un 3,4% en el segundo trimestre del 2009.
A la cola se sitúa Soria, que registró 1.332 euros de medida pendiente de cobro, Zamora (1.400 euros), Ávila (1.892), y Segovia (1.986). Por debajo de Valladolid están Burgos (3.248 euros), León (3.126), Palencia (2.408) y Salamanca (2.270).
Las cifras de morosidad son también inferiores en cuanto a los impagos de alquileres de los locales, y mientras que en España la media ha crecido un 12%, en Castilla y León los impagos sólo lo hicieron un 3,34%. Según el estudio de FIM, los inquilinos y arrendatarios de Castilla y León «parecen ser más cumplidores» que los de otras regiones, tanto en la evolución de la morosidad como en lo que respecta a la cuantía de la deuda que tienen pendiente de pagar.
Inquilinos con garantías
Los expertos consideran que la reclamación de la deuda en los tribunales es el último recurso contra aquellos vecinos y arrendatarios que no pagan.
En el caso de los primeros, el hecho de no abonar los gastos del mantenimiento del garaje, la limpieza o la luz de la escalera es un elemento de conflicto que se vive diariamente y eso pesa.
«Muchos utilizan el impago de las cuotas mensuales para presionar al resto de propietarios para que le resuelvan una gotera o una deficiencia de su vivienda, cuando a quien corresponde resolver esta reclamación es a la constructora que edificó», comenta un administrador de fincas.
Si la Administración de justicia funcionase con más celeridad, cuando no queda más remedio de acudir a un tribunal de Primera Instancia, las diferencias entre propietarios se resolverían de otro modo. Como eso por ahora es imposible, durante los últimos años se han creado empresas que dan información a los propietarios sobre si el inquilino que solicita un alquiler tiene o no una historia conflictiva.
Estos sistemas han nacido ante el descontento de propietarios e inquilinos que buscan garantías y evitar problemas futuros por impagos. Un estudio de Arrenta, una sociedad privada que busca garantizar el alquiler, asegura que el 85% de los propietarios todavía siente miedo al alquilar sus inmuebles ya que desconfían de los 'malos inquilinos' .
Para ello se ha introducido el sistema de arbitraje en los contratos, lo que supone el compromiso de recurrir a un método resolutivo y más rápido, que trata de eludir la lenta marcha de un expediente de desahucio ante los tribunales de justicia.
