La Ley de Turismo de Castilla y León es menor de edad, tiene poco más de doce años, pero ha llegado la hora de su renovación, entre otras razones, porque Castilla y León quiere seguir liderando el turismo de interior en España y ha sido adaptada a los cambios que se vaticinan. Entre las novedades que establece el borrador de la nueva normativa, que tendrá que ser aprobado en el primer trimestre de este ejercicio para cumplir el mandato del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, destaca la clasificación de los alojamientos de turismo rural en cinco categorías según los criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad.
Herrera es más que consciente de la necesidad de modernizar un sector que ya representa el 10,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León y que da empleo a 70.000 personas. Tal como subrayó en el marco de la última edición de Fitur, «el turismo es una base estratégica para el presente y, sobre todo, para el futuro de Castilla y León». Y dentro del sector, el turismo rural es una de las grandes bazas con las que cuenta Castilla y León puesto que en este terreno la comunidad autónoma se mantiene a la cabeza del resto de regiones españolas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla y León representa el 23% del conjunto del turismo rural de España. En los últimos 9 años se ha multiplicado por tres el número de viajeros que eligen este tipo de establecimientos de la región para pernoctar.
La nueva ley prevé tres tipos de alojamientos de turismo rural para poner orden en un sector en el que existen más de tres mil establecimientos diseminados por las nueve provincias de Castilla y León, muchos de ellos en zonas deprimidas. En concreto, los hoteles rurales, las posadas y las casas rurales. Los hoteles rurales están ubicados en inmuebles de valor arquitectónico o que respondan a la construcción de la zona. La posada conserva la fisonomía de un edificio que destaca por su valor arquitectónico tradicional, histórico, cultural o etnográfico.
Una de las novedades radica en que, en función de las instalaciones y servicios, tanto las posadas como las casas rurales (no así los hoteles) serán clasificadas en cinco categorías con criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. La directora general de Turismo de la Junta, Rosa Urbón, destaca que esta clasificación «responde a la tendencia europea y además coincide con la ordenación clásica de los establecimientos hoteleros». Los alojamientos deben ubicarse en los municipios de menos de 3.000 habitantes, aunque se amplía también a poblaciones de hasta 20.000, siempre que los establecimientos se localicen en suelo rústico.
A la hora de elaborar el borrador de la nueva ley, la Junta ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que señalan una serie de cambios en los viajeros del 2020. Se espera una mayor diversificación de la demanda y, en consecuencia, una mayor especialización de los productos turísticos, siempre dentro de los parámetros de sostenibilidad y responsabilidad. Además, la calidad no será negociable para los turistas del futuro. Al mismo tiempo, se espera que los segmentos con mayor demanda sean el turismo cultural y el turismo de naturaleza y aventura, «precisamente en los que Castilla y León tiene mayor potencial».
Además de apostar por la cooperación entre las administraciones turísticas, entre ellas los entes locales, la ley potencia la participación del sector privado a través de órganos renovados como el Consejo de Turismo y otros de nueva creación, como el Comité Permanente de Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos. Este último se encargará, por ejemplo, de asesorara y definir los productos. El futuro Centro de Análisis Turísticos tendrá como objetivo estudiar la evolución de la oferta y la demanda, y conocer las necesidades del sector.
La lengua castellana y el patrimonio cultural y natural (bienes declarados por la Unesco Patrimonio de la la Humanidad y Reservas de la Biosfera) son considerados estratégicos por ser la seña de identidad de Castilla y León, pero al mismo tiempo la Junta quiere revitalizar las costumbres, fiestas y tradiciones como recursos turísticos.
La ley adopta un compromiso con los discapacitados para hacer más accesibles los recursos. No es nuevo porque la Junta ya editó una guía de turismo con más de doscientos alojamientos adaptados a las personas con discapacidad. Pero ahora se da un paso más allá. Bajo la denominación de 'Castilla y León accesible' se establecen algunas medidas, como que algunos guías turísticas reciban formación para poder enseñar el patrimonio a las personas invidentes. La profesionalización, la formación y la lucha contra el intrusismo son otras de las prioridades de esta ley.
En la nueva Ley de Turismo que será aprobada este trimestre, los hoteles mantienen su clasificación clásica en cinco categorías. Pero la Junta de Castilla y León abre la puerta a que acrediten cierta especialización en función de los servicios que ofertan y de las instalaciones complementarias, así como del entorno en el que se ubiquen.
De esta manera, se habla de hoteles familiares que deberán ofrecer unas instalaciones y servicios dirigidos a las familias con niños. Además, aquel establecimiento hotelero que ofrezcan tratamientos con aguas mineromedicinales y/o termales, declaradas como tales por los órganos competentes, ya sea en el propio edificio o en otro próximo de la misma localidad con quien los tengan concertados, podrá ser considerado un hotel balneario.
Quizás la principal novedad sean los nuevos hoteles gastronómicos, para dar respuesta a una realidad que ya existe. Se trata de aquel establecimiento cuya característica principal es la prestación del servicio de restauración a los usuarios del servicio de alojamiento y al público en general, con gran variedad de platos de la cocina de Castilla y León y una carta de vinos con marcas representativas de la comunidad autónoma.
