Soria

La Junta cede más de 164 hectáreas de tierras sobrantes a 15 ayuntamientos sorianos para que las trabajen jóvenes y mujeres

La Junta cede más de 164 hectáreas de tierras sobrantes a 15 ayuntamientos sorianos para que las trabajen jóvenes y mujeres

Los municipios podrán arrendar durante cinco años los terrenos de cultivo y los beneficios que obtengan deberán destinarlos a la conservación de las infraestructuras agrarias

Isabel G. Villarroel
ISABEL G. VILLARROEL

La consejería de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos ha rubricado un documento con 15 ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Soria por el que el gobierno regional cede más de 164 hectáreas de tierras sobrantes de los procesos de concentración parcelaria. La Junta de Castilla y León ya ha formalizado ya un total de 74 convenios de este tipo en las provincias de Ávila, Burgos, León, Soria y Valladolid.

De esta forma, la consejería de Agricultura y Ganadería cede el uso de estas masas comunes a las entidades municipales que lo han solicitado por un periodo de cinco años para que las arrienden, de manera preferente, a jóvenes, mujeres o entidades asociativas de la localidad o colindante. Las rentas obtenidas deberán destinarse a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, especialmente a la conservación de sus infraestructuras agrarias procedentes de la concentración parcelaria como caminos y desagües.

Una vez finalizado el plazo de arrendamiento, las fincas podrían pasar al Fondo de Tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicarse directamente a estas entidades municipales o, en su caso, a otras corporaciones, como las comunidades de regantes. «Esto permitirá a los ayuntamientos beneficiarse de las masas comunes, lo que redundará en todos los habitantes del municipio, posibilitando, además, disponer de una reserva de fincas para favorecer nuevas incorporaciones al campo, uno de los compromisos de legislatura, y cumpliendo, a la vez, los preceptos de la Ley Agraria», según Marcos.

Actualmente en la provincia de Soria existe una superficie concentrada de 450.697 hectáreas, de las cuales 8.508 son reconcentradas, y se están iniciando los procesos y trabajando en 14 zonas de concentración parcelaria que suman una superficie a concentrar de otras 25.900 hectáreas.

Agricultura tiene contabilizadas en Castilla y León y pendientes de tramitar 114 solicitudes de cesión de fincas que constituyen las masas comunes de procesos de concentración parcelaria finalizados por parte de los ayuntamientos, juntas vecinales, entidades locales menores y, excepcionalmente, por algunas comunidades de regantes. Estas solicitudes afectan en toda la Comunidad a más de 2.770 hectáreas.

En las zonas concentradas se gasta entre un 25% y un 30% menos de combustible, lo que supone un ahorro de costes y, por lo tanto, mejora la competitividad de las explotaciones y beneficia al medio ambiente (se reducen las emisiones de CO2 entre un 25 % y 30 %).En cuanto al beneficio socioeconómico, se ha demostrado que en las zonas concentradas se incorporan un 40 % más de jóvenes y la inversión privada para modernizar es un 36 % superior a zonas no concentradas.

Milagros Marcos aprovechó en Soria para referirse al polémico proyecto de la macrovaquería de Noviercas sobre el cual aseguró que «todavía no conozco el proyecto de la empresa» pero sí puntualizó que «el nuevo decreto que determina las condiciones mínimas ambientales para las explotaciones ganaderas de la comunidad no va a eliminar la obligatoriedad de solicitar licencia ambiental a la que cooperativa Valle de Odieta, que proyecta la instalación de 20.000 cabezas de ganado en esta localidad soriana de Noviercas». El decreto 4/2018 de 22 de febrero que entró en vigor el pasado lunes «simplifica los trámites a las explotaciones de pequeño tamaño, que también deberán pasar sus perceptivas declaraciones ambientales, por lo que no afecta a las explotaciones como la de vaquería de Noviercas que deberá cumplir la normativa vigente». Añade la consejera que «el nuevo decreto no reduce los requisitos ni las exigencias que tienen que cumplir las explotaciones desde el punto de vista social, ambiental y de seguridad ambiental las explotaciones de Castilla y León».

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