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Soria

La Junta modifica la autorización ambiental de Distiller en Ólvega para cumplir con la sentencia

Ecologistas en Acción considera que el nuevo documento sigue estando fuera de la ley y acudirá de nuevo a los tribunales

Isabel G. Villarroel

Miércoles, 9 de julio 2014, 20:10

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La Junta de Castilla y León ha aprobado la modificación de la autorización ambiental de la planta de residuos Distiller en Ólvega, con el voto en contra de Ecologistas en Acción y el blanco de los sindicatos. Para los verdes, significa intentar legalizar por la puerta de atrás la actividad de la empresa, de una forma que no es real. Javier Gutiérrez, de los ecologistas, explica que «no se puede modificar una autorización que ya no existe, que es lo que ha hecho esta mañana la junta, y no existe porque la han anulado los tribunales». Ecologistas en Acción recurrirá de nuevo a los tribunales hasta que se paralice la actividad de Distiller que lleva dos años funcionando.

De esta forma, la consejería da cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de junio que ratificaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que a su vez anulaba el permiso ambiental a la empresa concedido por la consejería en el año 2009. La nueva autorización ambiental consiste en sendas nuevas líneas de tratamiento de aceites y de limpieza de envases en la planta, y en un aumento del tratamiento de aguas y físico-químicos de otras 10.000 toneladas al año, además de las 10.000 toneladas autorizadas en la actualidad. La línea de tratamiento podrá alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas al año, frente a las 35.000 toneladas anuales actuales.

Los residuos resultantes de los tratamientos aplicados en la línea físico-químico se entregarán a otro gestor externo autorizado y, en ningún caso, se producirá la eliminación del residuo en la propia instalación, pues no dispone de vertedero asociado o instalaciones de incineración.

Para el otorgamiento de esta nueva autorización ambiental, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la anterior autorización.

El Consejo está integrado por representantes de la Junta de Castilla y León, la Administración del Estado, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones agrarias, las asociaciones y organizaciones no gubernamentales de defensa del medio ambiente y los colegios profesionales.

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