Las familias de la escuela pública convocan una huelga educativa contra las reválidas

Alumnos se manifiestan por la Lomce.
Alumnos se manifiestan por la Lomce. / Archivo
  • La Ceapa anuncia que ha interpuesto un recurso contra las pruebas finales que establece la Lomce y llama a una movilización el próximo 26 de octubre

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La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) ha convocado una huelga educativa el próximo 26 de octubre para protestar por las pruebas finales de Secundaria y Bachillerato, que entran en vigor este curso por primera vez. Además, ha anunciado que ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el real decreto que pone en marcha estos exámenes.

"Ceapa ha repetido hasta la aciedad que no acepta ni aceptará nunca el modelo Lomce, que tiene en las reválidas uno de sus puntos máximos de ataque a los derechos del alumnado y sus familias, así como del profesorado", han indicado desde la organización, la mayoritaria entre las familias de la escuela pública. Estas pruebas, que a partir de 2018 tendrán efectos académicos y será obligatorio aprobarlas para poder obtener los títulos de ESO y Bachillerato -por eso su denominación no oficial de ‘reválidas’-, han sido una de las principales fuentes de conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa.

Desde la organización han recurrido un real decreto, que el Ejecutivo aprobó a finales de julio para poner en marcha las pruebas finales -como contempla la Lomce-, porque consideran que se ha aprobado vulnerando la legislación vigente. Con este movimiento abren un frente legal al que ya se habían sumado el PSOE, Ciudadanos y la Federación de Educación del sindicato CC OO.

La huelga educativa, convocada para el 26 de octubre, pretende "vaciar las aulas" y sumar presión para evitar que se pongan en marcha estas pruebas. Técnicamente, aún falta por resolver un escollo legal para que las reválidas estén legalmente listas para implantarse. Para que ocurra, el Consejo Escolar del Estado tiene que dar el visto bueno a una orden ministerial que les ponga letra pequeña antes del 30 de noviembre. Como este órgano ha perdido durante el verano a todos los cargos que pueden convocar un pleno para discutir el asunto, dicha orden está paralizada.