Los grandes centros de investigación reclaman más fondos y menos burocracia

Un científico mira por un microscopio./Fotolia
Un científico mira por un microscopio. / Fotolia

Piden a todos los partidos cambios «urgentes» en fiscalidad, contratación y materia laboral para evitar «el riesgo de parón» de la ciencia española

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La Alianza de Centros Severo Ochoa y de Unidades María de Maeztu (Somma), la estructura recién formada que reúne a los 41 centros de investigación españoles con mayor prestigio internacional, reclamó hoy al Gobierno y a los partidos más recursos económicos y el final de la trabas burocráticas para «salvaguardar la competitividad de la ciencia» en España.

Esta alianza considera que es indispensable un pacto de Estado que garantice «una apuesta decidida» por la inversión en I+D+i en España, que se ha desplomado en los años de la crisis económica de forma «preocupante», hasta colocarse en la cola del continente. Un acuerdo político duradero que la devuelva, cuando menos, a la media de UE, que supera el 2% del PIB, casi el doble del gasto español.

Sin embargo, conscientes de que este necesario aumento de recursos es un logro a medio plazo, el informe que dirieron a conocer hoy pone el acento sobre la «urgencia» de que los políticos lleguen a un acuerdo para cambiar todo una serie de trabas administrativas que «constriñen» a la ciencia española, «comprometen seriamente» el sistema de I+D+i y mantienen «un riesgo de parón» y de «pérdida de competividad internacional». Se trata de dotar al sistema de ciencia de una regulaciones específicas en materias para la gestión de los centros que, dicen, «requieren exclusivamente de voluntad política».

Piden tres tipos de modificaciones legales que buscan que sus recursos tanto humanos como materiales se dediquen íntegramente al avance científico y no se vean mermados o bloqueados por la burocracia. En primer lugar, reclaman que la ciencia se considere una actividad económica más y, por lo tanto, los centros puedan decirse el IVA soportado en adquisición de bienes y servicios. De igual manera, piden que las subvenciones que reciben para sus estudios no estén sujetas al pago de IVA.

En segundo lugar, demandan una menor rigidez en los procesos de contratación de bienes y servicios, que les permitan desarrollar el trabajo científico sin verse sepultados por la convocatoria de concursos y licitaciones para casi cualquier procedimiento, que consume los recursos del centro en gastos administrativos y aparta a los investigadores de su tarea principal.

Y la tercera adaptación legal que piden es de tipo laboral. Creen que la tasa de reposición (la sustitución de bajas y jubilaciones en la plantilla) debería ser más flexible, para permitir asimilar con el personal estructural incrementos en la actividad investigadora, y que deberían autorizarse los contratos indefinidos no fijos -con indemnización de 20 día por año- vinculados a líneas de investigación concretas, que se mantendrían mientras se logre captar fondos para esos trabajos. De esta forma, creen que se reduciría la alta temporalidad actual y la perdida de investigadores por los límites a la encadenación de contratos.

Los 41 organismos han fundado SOMMa para dar una mayor visibilidad internacional a sus trabajos y al sistema de ciencia español, para generar sinergias y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los actores del I+D+i español, y para mejorar las posibilidades de captación de talento, pero también para «tener una voz en la política científica de España y Europa».

Estos centros y unidades, que abarcan todas las ramas de conocimiento, reúnen a 7.000 empleados, 5.422 de ellos investigadores, el 44% de sus trabajos se publican en el 'top 10' de las revistas científicas internacionales, forman cada año a más de 500 doctores, y las ayudas para proyectos europeos que reciben suponen un retorno aproximado de 530 millones de euros para un período de cinco años.

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