La campaña ‘Nadie’ pide a gobiernos que sigan luchando contra el sida

Salud por Derecho lanza una campaña para denunciar la falta de financiación para la lucha contra la pandemia y alerta sobre la salida de la ayuda internacional en países de renta media

EL NORTE

Pese al compromiso firmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de poner fin a la pandemia de VIH para 2030 y no dejar a nadie atrás, gobiernos de todo el mundo están olvidando a millones de personas con sus legislaciones discriminatorias, sus políticas domésticas de salud o con sus programas de cooperación, según la organización Salud por Derecho.

En la semana del Día Internacional del sida, la campaña NADIE, promovida por este ente y apoyada por organizaciones de todo el mundo -especialmente de América Latina y el Caribe-, denuncia a través de un nuevo informe que la financiación para la lucha contra el sida está en su nivel más bajo desde 2010. Una de las consecuencias es la disminución o la retirada de la ayuda internacional de los países que pasan a ser de renta media, donde vive entre el 60 y el 70% de las personas con VIH.

A nivel global, las poblaciones más afectadas por el VIH son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las trabajadoras del sexo, los usuarios/as de drogas inyectables, la población reclusa o la población indígena, que tienen un riesgo entre 10 y 50 veces mayor de adquirir el VIH que el resto de los adultos. En 2015, fuera del África subsahariana, estas poblaciones clave y sus parejas sexuales representaron más del 80% de las nuevas infecciones por el VIH.

Estas grupos sufren en muchos países una grave violación de sus derechos humanos. El estigma, la discriminación y la falta o el no cumplimiento de legislación que proteja sus derechos, provocan una vulnerabilidad añadida que dificulta su acceso a los programas de prevención y tratamiento. En América Latina, aunque estas poblaciones cuentan con la mayor carga de la enfermedad, tan solo acaparan el 2% de la inversión en prevención.

«El estigma y la discriminación social y política que enfrentan estas personas hace que la mayoría de los programas de prevención y apoyo dependan de la ayuda internacional», asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho. «Además, el fin de estos recursos pone en peligro las actividades de muchas organizaciones sociales que cubren servicios esenciales de prevención, y sobre las que recae el trabajo legislativo para defender los derechos humanos de estas poblaciones. Tendrán que limitar o cerrar sus programas si el gobierno local no asegura su continuidad».

Los países donantes y organismos de cooperación y financiación internacional están centrando sus prioridades en los países de rentas más bajas, bajo la premisa de que los países de rentas medias pueden asumir la lucha contra el sida con sus propios recursos. «Pero esto no siempre es así, y puede echar por tierra los grandes avances conseguidos en las últimas décadas», aclara López. «Las decisiones de financiación basadas en la renta no tienen en cuenta otros factores determinantes como la capacidad técnica, la voluntad política de los gobiernos a la hora de aplicar recursos y políticas adecuadas para abordar el sida, o la situación política y legislativa de las poblaciones más vulnerables».

Esta problemática afecta sobre todo a regiones con mayoría de países de renta media como Europa del Este y Asia Central, donde las nuevas infecciones aumentaron un 60% entre 2010 y 2015, coincidiendo con la retirada de fondos internacionales. Y amenaza ahora a América Latina y el Caribe, donde algunos países comienzan a sufrir la retirada de la ayuda. En Belice, por ejemplo, tan solo el 36% de los recursos para responder al VIH viene de fondos domésticos, y el programa de lucha contra el sida de EEUU, PEPFAR, comenzó un proceso de salida de la región en 2014 que, con la excepción de Jamaica, terminará en 2019.

España es otro de los países que ha recortado de forma drástica su financiación para el sida. Pese haber sido uno de los mayores donantes del Fondo Mundial durante la década pasada, y a pesar de que hay un acuerdo parlamentario para que aporte 100 millones de euros, el Gobierno tan solo ha firmado un convenio de conversión de deuda de 15 millones con tres países africanos y el Fondo Mundial. Desde 2011, España no desembolsa recursos a este organismo.

La campaña NADIE pide a los países donantes y organismos internacionales, como el Fondo Mundial, que establezcan una ayuda coherente basada en nuevas realidades y en la justicia social, que apoyen a la sociedad civil como eje fundamental de la respuesta y que los procesos de salida de los países vayan acompañados de transiciones responsables, asegurando que los gobiernos asumirán su responsabilidad y cumplirán con los derechos humanos de toda su población, especialmente a las poblaciones más vulnerables que viven con VIH.

Por otro lado, pide a los gobiernos de América Latina y Caribe un incremento en los presupuestos de salud y lucha contra el sida; un apoyo mayor a las organizaciones sociales para que puedan seguir desarrollando su trabajo de prevención y atención a las poblaciones más vulnerables; y una legislación que proteja los derechos humanos de su ciudadanía, eliminando el estigma y la criminalización, y garantizando a todas las personas el acceso a la salud y a los medicamentos.

«Queremos conseguir que todos cumplan su papel en la lucha contra el sida. Si los Gobiernos desaparecen, si los donantes desaparecen, si la sociedad civil desaparece, no podremos acabar con el sida. Es una responsabilidad compartida por todos: nadie puede desaparecer», concluye López.

Temas

Sida

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos