Estudiantes ahogados por las deudas

Estudiar se ha convertido para muchos jóvenes españoles en una actividad trágicamente estéril. Más allá de un adiestramiento académico, la formación no les ha proporcionado ninguna oportunidad de desarrollo profesional ni vital. Para otros, ha resultado simplemente una decisión maldita que les ha conducido a un callejón oscuro. Son las víctimas de las Prestaciones Renta Universidad (PRU), la línea de financiación que en 2007, en vísperas de la peor crisis financiera de la historia reciente, el Gobierno central abrió al objeto de motivar a los licenciados a poner la guinda a sus currículum con un máster. Las ayudas, que comenzaron a distribuirse con unas condiciones muy favorables para los estudiantes, fueron endureciéndose gradualmente en las convocatorias sucesivas sin que se informara debidamente de esas modificaciones. Seis años después de que el grifo de esos créditos envenenados se cerrase, miles de aquellos beneficiarios, hoy flamantes postgraduados, viven una situación doblemente angustiosa al estar en paro o tener un empleo precario y no poder hacer frente a esa devolución.

Estudiar más no cuesta tanto, rezaba el cebo publicitario que el Ministerio de Educación del Gabinete liderado entonces por el socialista José Luis Rodriguez Zapatero lanzó para promocionar el novedoso paquete de prestaciones que ponía en marcha en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y varias entidades bancarias. En aquella primera edición, en los meses previos al curso 2007/08, los estudiantes podían solicitar hasta 22.800 euros para hacer frente al pago de un máster y tener una renta mensual. Los receptores no tendrían que devolver el importe hasta que lograran un puesto de trabajo que les reportara una remuneración superior a los 22.000 euros al año. El plazo de amortización de este crédito solo comenzaría a computar, por tanto, cuando el estudiante alcanzase ese umbral de renta. Y si esa situación no se producía en quince años, la deuda quedaría extinguida. Un caramelo que compraron 3.463 jóvenes, que percibieron 42,3 millones de euros bajo unas condiciones que jamás se volverían a repetir. Ningún beneficiario de esa tanda tuvo problemas.

El conflicto empezó a abonarse al año siguiente, con la segunda edición de créditos para el curso lectivo 2008/09, una vez que la crisis ya había hecho saltar por los aires algunos pilares de la economía mundial. Esta vez, el Gobierno de Zapatero había suprimido la posibilidad de condonar la deuda si no se alcanzaba el salario de 22.000 euros anuales y, en las convocatorias posteriores, acortó los periodos de carencia el tiempo durante el cual no hay que hacer frente a la devolución del crédito e incluyó comisiones e intereses cada vez más gravosos.

«Lejos de informar a los universitarios de estas modificaciones, las ayudas se siguieron comercializando como préstamos renta, cuando habían pasado a ser créditos mercantiles. Es decir, acarreando un claro riesgo de endeudamiento para el que los adquiere. En conclusión, se vulneró el derecho básico a la información que tienen los prestatarios y se practicó una publicidad engañosa», enfatiza a este periódico Miguel Ángel Andrés Llamas, abogado de la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta, que aglutina a cerca de un millar de personas.

4.742 estudiantes solicitaron las PRU en 2008, y 5.183 al año siguiente. El deterioro de las condiciones de las ayudas provocó que, ya en 2010, con la debacle financiera en pleno apogeo, únicamente 2.235 universitarios las pidieran. Entre los tres ejercicios, sumaban 12.160. A partir de ahí no hubo más convocatorias. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones de noviembre de 2011 y tomó el poder, decidió acabar con este programa.

«Queremos pagar»

En la actualidad, con un paro juvenil enquistado en torno al 50%, miles de aquellos licenciados con estudios de postgrado se encuentran con que, a su desesperanza por las dificultades para encontrar un trabajo remunerado de forma digna, tienen que añadir el acoso de los bancos ante una deuda que, en muchos casos, no pueden liquidar. «Dado que se trata de dinero público, sería Hacienda la que debería reclamarlo y no las entidades bancarias que, además de cargar las cuotas con intereses de demora, están amenazando a los afectados con incluirles en ficheros de morosidad», denuncia Llamas.

No existen datos oficiales sobre cuántos de esos 12.160 jóvenes no pueden afrontar la devolución de la ayuda, pero se sabe que su deuda global asciende a 178 millones de euros. Desde el Sindicato de Estudiantes, la secretaria general, Ana García, exige al Gobierno la condonación de la misma ante lo que considera «una estafa en toda regla». La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAESDT) no va tan lejos, pero llama al Ejecutivo de Mariano Rajoy a coger el toro por los cuernos y «buscar soluciones», en palabras de su máximo responsable, Alejandro Delgado. Asfixiados por el peso de esa pella en medio de un panorama laboral desolador, los damnificados han iniciado un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación, al que en un mes se le acabará el plazo para responder. «Los afectados quieren pagar. Pero exigimos que se haga en las condiciones que se fijaron inicialmente», recalca el letrado de la agrupación.

El departamento gubernamental que preside Íñigo Méndez de Vigo prefiere guardar silencio por ahora. Recuerda no obstante a este diario que «una de las primeras medidas» que tomaron los populares al desembarcar en el gobierno en 2011 fue «eliminar los préstamos renta» por considerar que no eran «una medida apropiada», ya que «las condiciones a los estudiantes habían cambiado notablemente con el paso de los años». Las mismas fuentes agregan que, además, «se introdujeron posteriormente modificaciones para mejorar la carencia y amortización del crédito a ls afectados».

Hace apenas un mes, el PP admitía en público que esas ayudas se desvirtuaron. Lo hacía pese a abstenerse en la votación de una Proposición No de Ley debatida en el hemiciclo para exigir al Ejecutivo que dé una solución a los miles de jóvenes que se encuentran atrapados en los PRU. La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos, contó con el respaldo del resto de partidos representados en el Congreso. El final de la pesadilla para estos estudiantes podría haber empezado.