«¡Queremos votar!»

Manifestación ante el Constitucional para reclamar el derecho de sufragio de los discapacitados intelectuales.
Manifestación ante el Constitucional para reclamar el derecho de sufragio de los discapacitados intelectuales. / Javier Tormo (Efe)
  • Cientos de discapacitados intelectuales se manifiestan ante el Constitucional para exigir al Gobierno y a los jueces que acaben ya con su "discriminación" electoral

"¡Queremos votar!". Centenares de discapacitados intelectuales llegados desde todos los rincones del país, apoyados por sus familias y los líderes de las asociaciones que defienden sus derechos, desafiaron hoy durante más de una hora la fría mañana de Madrid y gritaron una y otra vez su reivindicación ante la sede del Tribunal Constitucional.

Las principales organizaciones que los agrupan, Cermi, Down España y Plena Inclusión, bajo el lema '#MiVotoCuenta', aseguran que han agotado su paciencia y que no cejarán en su campaña de movilizaciones y acciones judiciales hasta terminar con la "discriminación" que consideran que sufren los discapacitados intelectuales en España. En un número muy próximo a 100.000 no pueden votar por decisión de los jueces, debido a una ley electoral que no les reconoce los mismos derechos civiles que al resto de ciudadanos. La ley española permite prohibir el voto a este colectivo social cuando una sentencia firme declare de manera expresa que entre las incapacidades que afectan a la persona está la de ejercer el derecho al sufragio.

Los destinatarios centrales del manifiesto que leyeron fueron, así, el Gobierno y los partidos y los tribunales. A los responsables políticos les exigieron que cumplan de inmediato con la Constitución y con los tratados internacionales que han firmado y que reformen la ley electoral para que permita votar a todos los españoles, con discapacidad intelectual o sin ella, "sin excepción". A los jueces les reclamaron que, en tanto se produce esa reforma, se olviden de los exámenes de conocimientos a que someten durante los procesos a los discapacitados y que interpreten la norma electoral a la luz de lo dispuesto en la Convención de la ONU sobre Discapacidad, firmada por España en 2008, y por lo tanto de obligada aplicación por los tribunales. El tratado, en resumen, indica que estos ciudadanos tienen el derecho a votar y a ser votados "en igualdad de condiciones con los demás" y que los estados firmantes se comprometen a garantizar su "participación plena y efectiva en la vida política y pública".

El Gobierno y partidos como el PP o UPN, con el respaldo a priori de los demás, se han comprometido a llevar este cambio a la subcomisión que pretende aprobar una reforma de la ley electoral en esta legislatura. Los populares propondrán que la nueva ley no permita que nadie sea privado de su derecho al voto "salvo en aquellos casos realmente excepcionales de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento". Los portavoces de Cermi y Down España les advirtieron hoy de que ese cambio es "insuficiente". Tanto Cayo Pérez como José Fabián Cámara coindicieron que la ley se tiene que limitar a decir que el voto es "un derecho de todos los españoles, sin ningún tipo de restricción". Cualquier excepción, insistieron, solo volverá a reproducir el problema y a permitir que sean los jueces los que decidan sobre quién está o no capacitado para ejercer el derecho. Su postura coincide con la de la ONU, que ya dio a un tirón de orejas a España en 2013 por incumplir la convención.

A Estrasburgo

Las organizaciones eligieron el Constitucional como diana de su protesta porque el tribunal indignó y defraudó a los discapacitados intelectuales el 28 de diciembre. Ese día, con argumentos de forma, decidió dar por buena la decisión del Supremo de validar la sentencia que retiraba el derecho al voto a Mara, una discapacitada de 20 años Compostela, en contra de su voluntad y de la de su familia, porque consideraba que no tenía un conocimiento suficiente del sistema electoral español. El Constitucional se negó a estudiar el recurso en el que la Fiscalía daba la razón a la afectada y, por lo tanto, desdeñó, como denunció la propia vicepresidenta de la corte en su voto discrepante, la oportunidad de fijar una doctrina para todos los tribunales sobre si las restricciones del voto a este colectivo viola sus derechos.

Mara se ha convertido en el símbolo de miles de discapacitados que han vivido igual "injusticia" y, por eso, su madre, Mar Caamaño, fue una de las dos personas que leyó el manifiesto de la protesta. Caamaño, que confirmó que llevará su pelea hasta el tribunal de Estrasburgo, explicó que Mara "no entiende por qué ahora no la dejan votar" cuando, hasta la firmeza de la sentencia, pudo hacerlo en las europeas, locales y dos generales últimas. Mar defiende que su hija, en contra de lo que dice el juez, es una persona con "autonomía y criterio propio" -prueba de ello, dijo, es que votó distinto a su familia- y está convencida de que si obligasen a superar el mismo examen pericial a todos los ciudadanos "habría muchos que no podrían votar".