El Gobierno subvenciona el gaseoducto de Doñana mientras insiste en que el parque preserva su valor natural

Vista del Parque Nacional de Doñana.
Vista del Parque Nacional de Doñana. / R.C.
  • El 'proyecto Marisma' de Gas Natural recibirá 6,3 millones en concepto de retribución de actividad regulada

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«Barrabasada», «robo a la ciudadanía». Ecologistas y grupos políticos no escatiman calificativos tras conocer que el Gobierno central ha concedido a la empresa Gas Natural 6,3 millones de euros en concepto de retribución por los costes de operación y mantenimiento del almacén subterráneo de Doñana. Una ayuda pública que no hace sino confirmar la intención del Ejecutivo del PP de continuar adelante con el proyecto, al entender que no afecta a los valores naturales del espacio natural, según reflejó en el informe remitido hace un mes a la Unesco para explicar las medidas de preservación del parque frente a las diferentes amenazas que se ciernen sobre él.

La ayuda salió publicada en el BOE del pasado 29 de diciembre que recoge la orden ministerial por la que se revisan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y las retribuciones de las actividades reguladas por el Estado para 2017. Entre ellos se menciona expresamente el 'proyecto Marisma' de almacenamiento subterráneo, que pertenece al sistema gasístico nacional. Dicho proyecto, cuyas obras comenzaron a finales del pasado año entre protestas de Greenpeace, obtendrá una retribución por la inversión realizada de 5,15 millones de euros, a los que se suman otros 821.000 euros en concepto de operación y mantenimiento.

El proyecto, que cuenta con el visto bueno del Gobierno al no hallar impacto ambiental, se encuentra subdividido en cuatro fases. Solo la primera de ellas, Marisma Occidental, cuenta con la Autorización Ambiental Unificada de la Junta de Andalucía, que tuvo que otorgarla al cumplir con los requisitos legales y bajo riesgo de incurrir en delito de prevaricación. Este permiso se le ha negado a las fases Marisma Oriental y a Aznalcázar, lo que le ha valido al Ejecutivo autonómico una reclamación patrimonial de 358 millones de euros, y está aún pendiente en la última fase, Saladillo, que está en las mismas condiciones que Marismas Oriental.

Desde el PSOE-A, la ayuda se ve como una «barrabasada» con «nocturnidad y alevosía», lamentando que se haya publicado durante las Navidades para que «nadie se entere». Huelva criticó que se trata de una «recompensa por ponernos veneno a los que vivimos en el entorno de Doñana", y aseguró que tanto la Junta de Andalucía como el PSOE actuarán para que este proyecto no se lleve a cabo.

Por su parte, WWF lamenta que sea la población española quien termine pagando de su bolsillo un proyecto que «debería estar descartado por su impacto», en la misma línea que Podemos, que califica la ayuda de «robo a la ciudadanía» y considera «vergonzoso» subvencionar con dinero público un proyecto que consiste en «destrozar una reserva de la biosfera».