Turquía obliga a los dueños de burdeles a pagar la jubilación de 500 prostitutas

  • Al verificar su historial laboral, varias mujeres en edad de retirarse observaron la deficiencia de las cuotas pagadas por sus empleadores y, tras no recibir una respuesta de éstos, los denunciaron

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Quinientas mujeres empleadas en la prostitución en la ciudad turca de Esmirna han conseguido el derecho a jubilarse tras denunciar a los dueños de los burdeles en los que trabajaban, informa hoy el diario Habertürk. Las mujeres forman parte del colectivo de trabajadoras del sexo registradas como tales en el Ministerio de Trabajo y empleadas en burdeles que operan con una licencia otorgada por el Estado, pero sus empleadores no habían pagado las cuotas correctas a la Seguridad Social.

Al verificar su historial laboral, varias mujeres en edad de retirarse observaron la deficiencia de las cuotas pagadas por sus empleadores y, tras no recibir una respuesta de éstos, llevaron el caso a la oficina del gobernador de Esmirna, con el respaldo del Colegio de Abogados de la misma provincia.

Un informe emitido por los peritos públicos confirmó que los dueños de 23 burdeles habían escatimado durante 7 años en las cuotas pagadas por 1.800 mujeres y les impuso una multa, además del pago del dinero adeudado, una orden que ha sido cumplida sin necesidad de juicio.

Así, 501 mujeres recibirán ahora un renta de jubilación, mientras que a otras 1.299, que continúan en activo, se les pagaran las cuotas correctas, resume Habertürk, en lo que se considera un ejemplo de organización de las trabajadoras del sector. Según datos oficiales, unas 3.500 mujeres están registradas como prostitutas en burdeles con licencia, establecimientos de larga tradición con inspecciones sanitarias regulares, a los que por lo general sólo se permite el acceso de clientes turcos.

Por supuesto, la cifra real de trabajadoras del sexo en condición irregular es muy superior y se estima que sobrepasa los 100.000, con una amplia oferta también para el turismo de los países vecinos. El código penal turco propone "tratamiento o terapia" para quien trabaje como prostituta, sin tipificarlo como delito, mientras que sí castiga con un mínimo de dos años de cárcel a los proxenetas o promotores, exceptuando los establecimientos legales. Tampoco se otorgan permisos de trabajo para extranjeras en el sector de la prostitución, y el tráfico de mujeres, sobre todo desde Rusia y Asia Central, para este negocio se mueve enteramente al margen de la ley.