Andalucía obligará a los supermercados a donar los excedentes alimentarios

Una mujer camina entre los estantes de un supermercado.
Una mujer camina entre los estantes de un supermercado. / Archivo
  • La medida no establece la fórmula en la que se obligará a las empresas a cumplir con esta medida o el posible régimen sancionador, que se desarrollará con la tramitación de la ley

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La Junta de Andalucía se pone firme para poner coto al derroche de comida y tramita una ley que obligará a la industria alimentaria, las grandes superficies y establecimientos a donar con fines sociales el excedente de alimentos. Una norma ya aprobada en Francia y que algunos municipios han puesto en marcha, aunque esta será la primera vez que se contemple en la normativa.

La propuesta se incluye en el anteproyecto de la nueva Ley de Agricultura, según explicó este martes la consejera andaluza del ramo Carmen Ortiz, en el que se establece el compromiso de la administración regional a “promover un sistema alimentario y productivo que, con respeto a la sostenibilidad ambiental, social y económica, garantice una correcta y equitativa producción, distribución y consumo de los alimentos”.

Para ello, el proyecto establece que “se desarrollará la obligación de determinadas superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros ámbitos “a hacer entrega del excedente alimentario a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo al compostaje o a cualquier otro uso que suponga una reutilización o que se integre en un proceso de economía circular”. Sí se establece que la prioridad de esos excedentes alimentarios será la utilización humana.

De momento, la medida no establece la fórmula en la que se obligará a las empresas a cumplir con esta medida o el posible régimen sancionador, que se desarrollará con la tramitación de la ley. La norma apuesta además por el uso de productos de cercanía y de temporada en los servicios de restauración y comedores colectivos, a fin de “acortar la cadena de producción y consumo” y recudir la generación de residuos.

Asimismo se establecen medidas para el control de la industria y, especialmente, para evitar las prácticas abusivas del sector como la compra de productos perecederos por debajo de coste, la denominada “venta a pérdida”, que será sancionable con multas de hasta 800.000 euros en función del beneficio obtenido o, en su caso, el daño causado. Una medida que la consejera explicó que irá acompañada del reforzamiento del papel de los inspectores para que sean considerados agentes de la autoridad.