La ayuda humanitaria española ha perdido el 82% de sus ingresos en seis años

España no tiene capacidad inmediata para responder a una catástrofe humanitaria. La crisis ha hecho que las partidas presupuestarias en los últimos seis años hayan menguado de forma ostensible. De los cien millones en 2009 se ha pasado a los cerca de 20 millones actuales. "No podemos responder de forma inmediata a ninguna crisis", ha asegurado José María Vera, director de Intermón Oxfam.

Hablar del famoso 0,7% para la cooperación internacional es una utopía. La aportación española más cercana estuvo en el 0,42%. Ahora es del 0,14% del PIB español. Pero esta cifra reivindicativa vuelve con más fuerza, ya que se mantiene en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que va a debatir la asamblea de Naciones Unidas desde mañana y que, por primera vez, compromete a todos los países del mundo a cumplir unas metas durante los próximos quince años. Por este motivo, Oxfam Intermón, con el apoyo de Unicef Comité Español, ha presentado el informe 'España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible', cuyo objetivo es proponer a los partidos políticos una serie de medidas para hacer efectiva la puesta en marcha de la Agenda 2030.

La universalidad de la agenda obliga a España a cumplir con estos objetivos y con sus metas y su punto de partida no es muy alentador. En 2014 el 29,2% de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social; de ellos, un 35,8% eran menores de 18 años, según datos oficiales. Las medidas de austeridad realizadas en salud y educación han tenido un impacto negativo, en particular en los grupos más vulnerables. La brecha salarial de género es de las mayores de la Unión Europea y la implementación del protocolo de Kioto en la emisión de gases invernadero ha sido desalentador.

Según el informe, España debería reducir a la mitad los niveles de pobreza para 2030 respecto a los del año 2000, y alcanzar la meta de menos de 5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social para poder cumplir con la agenda de los ODS. Ambas organizaciones proponen para ello medidas como el establecimiento de un sistema de garantía de unos ingresos mínimos para que los hogares y personas que lo necesiten puedan cubrir sus necesidades básicas.

Medidas fiscales progresivas

La Agenda 2030 plantea por primera vez un objetivo de reducción de la desigualdad que todos los países deben alcanzar y que supone que para el año 2030 un país como España debe conseguir que el 40% de la población más pobre tenga más riqueza que el 10% de la población más rica. Para lograrlo, las organizaciones proponen medidas fiscales progresivas donde paguen más los ricos y las grandes empresas, y medidas salariales orientadas a reducir la brecha salarial entre los salarios más altos, los medios y los bajos.

España también tiene el deber de asegurar que los países en desarrollo cuentan con los recursos y las políticas que faciliten el cumplimiento de esta Agenda, por lo que tiene que poner en marcha medidas para luchar contra la pobreza, la desigualdad y por la sostenibilidad fuera de nuestras fronteras. Por tanto, debe revertir el proceso de debilitamiento de la política de cooperación para el desarrollo, tan esencial para la consecución de los ODS en los países en desarrollo.

El ODS 17 establece la necesidad de incrementar la ayuda al desarrollo hasta el 0,7% del PNB. "Es un momento histórico para que España y el nuevo Gobierno que salga de la urnas plantee un plan de acción de implementación de esta agenda que marque indicadores concretos para reducir la pobreza y la desigualdad a nivel doméstico, pero también que priorice la contribución de nuestro país a que los países en desarrollo puedan llegar a estos objetivos, ha asegurado Vera. Para eso en necesario un mayor compromiso de fondos y garantizar una gobernabilidad internacional más justa, ha incidido.

Asímismo, el estudio recomienda que se debe reducir a menos de 1,1 millones el número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Para ello se propone la adopción de un Pacto de Estado por la Infancia que incluya un aumento del gasto social, ayudas universales por hijo o la mejora de ayudas y servicios públicos para la infancia, especialmente la más vulnerable.

Invertir en la infancia es imprescindible, afirma Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF Comité Español, no solo para garantizar el bienestar y los derechos de los niños hoy, sino también para asegurar el futuro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas, del 25 al 27 de septiembre, establece un programa de acción que, por primera vez, compromete a todos los países del mundo a cumplir unas metas durante los próximos quince años.