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Calle de la urbanización espinariega. A. de Torre
Los vecinos de Los Ángeles demandan a la alcaldesa por falsedad documental
El Espinar

Los vecinos de Los Ángeles demandan a la alcaldesa por falsedad documental

Alicia Palomo: «Tienen el derecho de denunciar, pero yo tengo la conciencia muy tranquila»

el norte

Segovia

Jueves, 28 de septiembre 2017, 12:54

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El problema del suministro de agua en Los Ángeles de San Rafael sigue por la vía judicial tras una nueva demanda registrada la semana pasada por parte de la Asociación de copropietarios contra la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, por un presunto delito de falsedad documental ante los tribunales y otro de prevaricación.

Los delitos han sido cometidos según la presidenta de la asociación, Lucía Cobo, cuando la alcaldesa certificó ante el juez que existía una autorización por parte de los vecinos que garantizaba un acuerdo transaccional. Este acuerdo liberaba al Ayuntamiento de El Espinar de asumir la gestión del agua en el complejo durante un periodo de cinco años. Sin embargo, según Cobo, fue firmado por el presidente de la comunidad, Óscar Gil, y el entonces alcalde, Francisco Jorge, pero sin que los vecinos lo ratificaran por unanimidad en junta por lo que «no tiene validez». En este sentido, alegan falsedad y prevaricación basándose en que Palomo conoce el asunto y aun así ha respondido de forma injusta y arbitraria al ser preguntada por el juez.

La alcaldesa, por su parte niega haber incurrido en estos delitos y garantiza que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de los juzgados. «En cuanto al acuerdo transaccional solo tengo constancia de que el último recurso interpuesto por la asociación de copropietarios fue desestimado por el juez, que les condenó a costas y les puso una multa», recuerda. Eso sí, ha negado rotundamente haber proporcionado documentación falsa y asegura que solo ha desempeñado su cargo dentro del marco jurídico y bajo los principios de responsabilidad y lealtad. «Están en su derecho de interponer una demanda, pero de ser así, la denuncia todavía tiene que prosperar y los hechos ser juzgados», mientras tanto declara tener la conciencia muy tranquila.

Una sentencia firme de diciembre de 2012 obligaba al Ayuntamiento a recepcionar la urbanización y asumir la gestión del agua a bajo su coste. Sin embargo, los vecinos consideran que el Consistorio se ha escudado en ese acuerdo transaccional para alargar el procedimiento. Los servicios básicos ya han sido asumidos progresivamente, pero «el máximo problema siempre ha sido el agua», asegura Cobo.

Tras la sentencia los propietarios con contador, que son los que asumen los gastos de las inversiones que ha realizado la empresa gestora, Aquona, decidieron pagar únicamente la tasa pública de agua que había estipulado el Ayuntamiento de El Espinar para el resto de núcleos. Esto suponía abonar un 300 por ciento menos del precio que les imponía Aquona y que consideraban injusto tras la sentencia de 2012.

Desde entonces, Aquona ha llevado a juicio a varios propietarios por no pagar el importe que se les factura. En uno de estos juicios el abogado de la asociación pidió al juez que preguntara al Ayuntamiento por la validez de este acuerdo transaccional y la ratificación de los vecinos. Palomo ha respondido con una autorización procedente de una junta de vecinos previa a los acontecimientos, ya que se celebró en 2010, y que «nada tenía que ver con el asunto de la recepción del suministro de agua, sino con la retirada de demandas que estaban vigentes en esos momentos», explica.

Para Cobo, «es de sentido común» que la autorización no era para este asunto porque era previa a la sentencia que obligaba a la recepción de la urbanización y a la prestación municipal de servicios. Además, no entiende cómo es posible que un cargo público como es la alcaldesa pueda aportar documentación falsa ante un tribunal, por lo que confirma que llevarán este asunto «hasta donde sea necesario».

El más beneficiado con esta falsificación es el Ayuntamiento, según la asociación, ya que, si los tribunales dan la razón a los vecinos, tendría que recepcionar la gestión y depuración de aguas. Además, debería de abonar a Aquona tres millones de euros por las obras que esta empresa realizó para poder afrontar el suministro cuando se construyó la urbanización, y que ahora pagan fraccionada los vecinos. El gran perjuicio lo sufre la asociación que tiene pendientes en torno a 15 litigios que podrían perderse por una documentación que consideran falsa.

Eso sí, Cobo dará a la alcaldesa la oportunidad de que se explique.

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