IU valora trasladar a la Fiscalía otra infracción urbanística prescrita en Segovia

Construcciones en el barrio de San Marcos denunciadas por IU./El Norte
Construcciones en el barrio de San Marcos denunciadas por IU. / El Norte

Ángel Galindo pide la dimisión o el cese de Alfonso Reguera por dejar que caduquen los expedientes de una construcción ilegal en el barrio de San Marcos

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

De «actitudes caciquiles» califica el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, el hecho de que el equipo socialista del Ayuntamiento hubiera dejado prescribir una infracción urbanística, por «inacción» o «ineficacia» del concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera. Galindo explicó este martes en rueda de prensa este nuevo caso, la transformación de un leñero y un almacén en el barrio de San Marcos, en la calle José María Heredero, en lo que parecen apartamentos, construidos en 2011 sin licencia y sin que se haya restituido la legalidad a pesar del expediente abierto en su día por Urbanismo. IU considera que «podría haber un delito de prevaricación», pero todavía está pensando si presenta un escrito en la Fiscalía.

Es por ahora poco probable que el asunto acabe en los tribunales. De momento, el portavoz de IU destaca que «ya es criticable que haya prescrito una infracción urbanística grave», aunque matiza que no sabe si en la tramitación de los expedientes se ha cometido alguna ilegalidad y subraya que «el debate es de gestión», de la forma de llevar estos asuntos por Reguera, que «empieza a ser el concejal de indisciplina urbanística».

«Con esto nos ponen muy difícil apoyar los presupuestos»

El portavoz de IU recuerda que el equipo socialista rechazó en el pleno su propuesta para reprobar a AlfonsoReguera a raíz del caso urbanístico de Juan Cruz Aragoneses, y alude también a otros asuntos urbanísticos como el del hotel Don Felipe y el edificio de la plaza del Corpus (la tienda de Massimo Dutti), este sancionado con 3.000 euros por la Junta de Castilla y León aunque el Ayuntamiento «no abrió expediente». «Estas cosas me frustran mucho a nivel personal», declara Galindo, quien dice que se ve «obligado» a denunciar estas actitudes del equipo de gobierno del Ayuntamiento también porque es lo que le piden «la gente que nos vota». Y son además cuestiones que a Izquierda Unida, añade, «nos ponen muy difícil apoyar los presupuestos» que presente el equipo socialista. Tampoco son presupuestos participativos, como pide IU, que considera que el Ayuntamiento debe «hacer partícipes a los ciudadanos de las decisiones municipales», aparte de que los socialistas no tienen «intención de municipalizar servicios», como propone su partido. Según dice, hay «críticas y fricciones con el PSOE» que no facilitan el apoyo al presupuesto, como la posición en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia o que no quieran hacer público el acuerdo de la Fundación Caja Segovia con Bankia. Aún así, Galindo explica que su voto en el pleno no está decidido. El sentido se decidirá esta semana en una reunión interna para valorar las inversiones propuestas «y lo que está sucediendo en la ciudad, que es muy grave», apostilla.

En el relato de este expediente concreto de la calle José María Heredero, Galindo comienza con la información que facilitó en 2012 Luis Peñalosa, entonces concejal de IU, a la Junta de GobiernoLocal, en la que aludía a que estas construcciones carecían de licencia «en suelo no urbanizable y especialmente protegido»; aquel mismo año Urbanismo puso en marcha el expediente de restauración de la legalidad y el sancionador y se lo comunicó al propietario. Este alegó que la infracción debería ser calificada como leve, porque tenía «la voluntad» de restaurar la legalidad, y el instructor del expediente sancionador propuso una sanción de 10.000 euros.

Unos meses después, en abril de 2013, el propietario presentó un proyecto que fue aprobado por el Ayuntamiento y derivó en la orden de demoler las construcciones en mayo, con una licencia, según Galindo, que establecía un plazo de tres meses para comenzar las obras y otro de seis para terminarlas. Fue también en mayo, comentó el portavoz de IU, cuando el propietario alegó en el expediente sancionador que el expediente habría caducado.

«En el expediente de restitución de la legalidad vemos que el siguiente informe es de mayo de 2014, y la arquitecta técnica municipal señala que las obras de demolición no se han ejecutado», explicó Galindo. Entonces se inició un procedimiento de ejecución forzosa, para que la propiedad comenzara la demolición en un mes y con multas coercitivas de 1.000 euros en caso de incumplimiento. Pero, según el edil de IU, «no se emitió el informe hasta un año después de que se diera el plazo para la demolición».

Las circunstancias que más extrañan a los responsables de IU son que en julio de 2014 el propietario presentó unas alegaciones y después, en 23 de septiembre, «se dictó un decreto de la Alcaldía que archivó el procedimiento de restauración de la legalidad y el sancionador», y también que un año y cuatro meses más tarde, en enero de 2016, la arquitecta técnica realiza un informe similar al de 2014 en el que dice que las construcciones siguen siendo ilegales, tras lo que un nuevo decreto de la Alcaldía inició otro expediente sancionador a la propiedad, cuyas alegaciones posteriores fueron desestimadas, y a la que se comunicó una propuesta de sanción de 70.000 euros y se requirió la demolición. Pero nada de estos se llevó a término.

Para Galindo «no tiene sentido que se archivaran los procedimientos en 2014 y dos años después se dijera que la obra es ilegal y se volvieran a iniciar tanto la sanción como la restitución de la legalidad». A su juicio, parece que todo fue «un paripé porque ya sabían que la infracción había caducado» y porque entonces PSOE e IU estaban hablando de los presupuestos del Ayuntamiento y de disciplina urbanística, «y denunciamos nuestra preocupación por este caso». Es una de las ideas que baraja el concejal sobre lo que pudo haber sucedido que, precisó, en realidad desconoce.

El recurso del propietario finalizó hace un año, el 24 de enero de 2017, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia que estimó que «tanto el procedimiento de restauración de la legalidad como el sancionador le fueron notificados el 3 y y el 4 de febrero de 2016, habiéndose cumplido ya el plazo de prescripción» de cuatro años, pues las construcciones habían finalizado en las navidades de 2011.

Urbanismo «a la carta»

Lo que denuncia IU es «este urbanismo a la carta» para tratar de evitar actitudes «que dañan a la sociedad» y «a la credibilidad del Ayuntamiento», y lo que combate es que se permita «por la pasividad de la administración» que «los cuatro listos de siempre se vayan de rositas».

Galindo recalcó que existe el «pésimo precedente» del expediente del exconcejal Juan Cruz Aragoneses, que también habría dejado que prescribiera el equipo socialista. «Llueve sobre mojado, y no entendemos que no haya dimitido el concejal de Urbanismo o que no le haya cesado la alcaldesa», declaró, pues en este asunto además percibe «una dejadez de funciones o una posible intencionalidad», y «el Ayuntamiento está para que se cumpla la legalidad urbanística».

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