Un PSOE acorralado retira la propuesta de la libre designación del interventor

La alcaldesa, Clara Luquero (centro), junto a concejales del equipo de gobierno, en el pleno de este viernes.
La alcaldesa, Clara Luquero (centro), junto a concejales del equipo de gobierno, en el pleno de este viernes. / Antonio de Torre
Segovia

La alcaldesa interrumpe el pleno y se reúne con los portavoces para aplazar el debate a otra sesión

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

¿Qué proceso es mejor: el concurso-oposición o la libre designación? He aquí el dilema que, al final, se ha quedado sin resolver en el pleno de este viernes. Manuel Emilio García Rubio se jubila después de veintiún años de servicio al Ayuntamiento de la capital segoviana. Como los toreros, salió por la puerta de la sala de plenos del Consistorio entre una atronadora ovación y las alabanzas y agradecimientos de la alcaldesa, Clara Luquero; pero tras de sí dejará el puesto de interventor vacío.

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Y lo que es peor, un problema que, según la concejala encargada de Personal y Gobierno Interior, Marisa Delgado, requiere una respuesta rápida. Los argumentos de la edil no convencieron al resto de fuerzas políticas con representación en el hemiciclo municipal.

Ni los compañeros de presupuestos de Ciudadanos dejaron entrever un posible asentimiento a la propuesta que hacía el equipo de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El debate y los sucesivos turnos de intervención no salieron del bucle en el que se sumergió la propuesta. Mientras Delgado se afanaba en transmitir la necesidad y las bondades de la provisión del cargo de interventor del Ayuntamiento mediante la libre designación, el resto de grupos no lo veían claro.

«No está justificada»

Dueños de algunos escaños de la oposición incluso alertaron de que el nombramiento de dicho funcionario mediante una convocatoria de libre designación podría llevar al equipo de gobierno que preside Clara Luquero a incurrir en una ilegalidad. Así lo dejaron caer el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo; la concejala de UPyD-Centrados en Segovia, Esther Bermejo, o la representante del grupo del Partido Popular, Raquel Fernández. También coincidieron en que la excepcionalidad por la que se convoca un puesto mediante el sistema de libre designación «no está justificada».

«La libre designación puede cuestionar la imparcialidad de la persona nombrada» raquel fernández, portavoz del Pp municipal

Los populares recordaron que el Tribunal Supremo ya se ha manifestado al respecto y no precisamente a favor de los intereses que pretende el gobierno socialista en el Consistorio en este asunto. Asimismo, exhibieron sus dudas sobre la idoneidad del sistema de la designación libre porque «puede cuestionarse la imparcialidad» de la persona nombrada. Raquel

Fernández subrayó que que tanto la selección como el cese del interventor serían potestad del equipo de gobierno, por lo que su función estaría en solfa al depender su futuro de quien manda en la corporación Consistorio.

Por los mismos derroteros, más o menos, fueron los argumentos de UPyD-Centrados en Segovia. Bermejo rebatió la iniciativa socialista también con la amenaza judicial. En este caso, esgrimió que el Tribunal Constitucional valora que quede clara la excepcionalidad que ampare y justifique el empleo de este sistema, algo que a juicio de la concejala no ocurre en el caso de la provisión de la plaza de interventor, tal y como la había diseñado el equipo de gobierno de la alcaldesa.

«Con la libre designación se pervierten los sistemas de control y se pierde credibilidad» esther bermejo, concejala de upyd-centrados en segovia

Para Bermejo, « con la libre designación se pervienten los sistemas de control y se pierde credibilidad, además de ir contra la transparencia, y lo que no es transparente es opaco, y la opacidad y la corrupción siempre van unidas». Además, advirtió de que hay colegios profesionales de secretarios y de interventores que han acudido a los tribunales para denunciar el modelo de la polémica «y los están ganando».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la corporación defendió la fórmula del concurso-oposición por ser, precisamente, más transparente que el modelo de la libre designación. García Orejana echó en falta mayor precisión en la iniciativa defendida por la concejala de Personal, amén de cuestionar la longevidad en la plaza de la persona designada, una garantía que por el contrario sí la asegura el proceso del concurso, esbozó la portavoz de C’s.

Marisa Delgado levantó un frontón ante ella. Ninguno de los argumentos lanzados desde los cuatro grupos de la opsoición atravesó su defensa. Insistió en ampararse en el visto bueno del Ministerio de Hacienda a la modificación presentada por el Ayuntamiento para la provisión del puesto de trabajo de interventor.

«Tiene que ser por concuso-oposición porque es una garantía de seguridad a largo plazo» maría josé garcía orejana, portavoz de ciudadanos

En su opinión, además, la libre designación «nos asegura que la persona que venga tenga verdadero interés en venir», además de los mñertiso contraídos y refleados en su currículum.

Dos años

La concejala de Personal también esgrimió el respaldo obtenido pen la mesa de negociación y al aprobación de los sindicatos, salvo la abstención de Unión General de Trabajadores. También contrarretsó las críticas de la oposición sobre la falta de previsión al saberse desde hace tiempo la jubilación del actual interventor. «Hasta que la vacante no se produzca, no se puede convocar la plaza por mucho que se sepa cuando se va a jubilar», explicó Delgado.

Nada. Los turnos de exposición, réplicas y contrarréplicas no sacaron de sus trece a ninguna de las partes. El dictamen de la Comisión de Hacienda estaba abocado al fracaso. El equipo de gobierno municipal iba a perder la votación. Trece votos en contra frente a los doce de los socialistas, que se veían solos y acorralados.

«El proceso hace que surjan dudas y no está justificada la necesidad de la libre designación» ángel galindo, portavoz de izquierda unida

La alcaldesa atajó la derrota antes de que se materializara. Clara Luquero interrumpió el pleno, pidió un receso de cinco minutos (que se alargó bastante más tiempo) y llamó a los portavoces de los grupos municipales a reunirse a puerta cerrada en la sala de la Chimenea.

El resto de ediles comentaban lo extraño de la situación y intuían cuáles podían ser las intenciones de la regidora. Al final, la propia alcaldesa disipó las incógnitas: «Se retira del orden del día y se aplaza a otro pleno». El gobierno del PSOE iba a perder a la votación y antes prefiere atar todos los cabos sueltos. Luquero temía un bloqueo y alertó a los grupos que otros canales para la provisión de la plaza podrían eternizarse dos años.

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