Madrid invertirá siete veces más que Castilla y León en la gestión de Guadarrama

El Norte

El plan rector necesita una inversión de 78 millones en diez años

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

La exposición pública del documento elaborado por Madrid y Castilla y León sobre cómo será y qué se podrá hacer y qué no en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama revela que la protección y conservación del espacio tiene un precio. El Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) incluye en su abundante documentación el coste que las comunidades autónomas tendrán que asumir en diez años, que es el periodo inicial de vigencia en el desarrollo de dicho planeamiento. En total, las calculadoras de los técnicos suman 78,1 millones de euros. Es el precio a pagar por pasar de la teoría a la práctica, de las intenciones a los hechos... es decir, el precio de aplicar de las medidas y programas que integran el proyecto del plan rector.

Al desgranar los capítulos, el esbozo traza dos tipos de inversiones: Las anuales y las extraordinarias. Dentro de las primeras entran prácticamente una veintena de partidas a las que irán destinadas que se reparten entre las diferentes líneas de actuación establecidas en el documento que ya puede consultarse, tanto a través de las Comunidad de Madrid como por medio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León.

A la espera de la aprobación definitiva y de que el PRUG final pueda experimentar alguna modificación, cada año ambos gobiernos consignarán cantidades para, por ejemplo, tratamientos selvícolas; seguimiento y control de la población de flora y fauna, o para la conservación de aire, agua o suelos. Eso solo en lo que respecta al apartado del mantenimiento de los recursos naturales y el paisaje, cuyo programa requiere en los diez años del desarrollo del plan más de 19,3 millones de euros.

Utilización social y pública

Los mismos cálculos deducen que otro de los programas, el referido específicamente al uso público y social va a contar con una financiación anual más perentoria que la que puedan tener otros capítulos del PRUG. Este eje se divide, a su vez, en la atención al visitante, equipamientos y señalización, además de la comunicación e información sobre el Parque Nacional y un asunto muy importante por la polémica que despierta, que es el de la movilidad. En total, la inversión prevista en el anexo correspondiente para estas tareas asciende a casi 25,2 millones a lo largo de los diez años estipulados.

De ellos, más de 24 millones se dedicarán a centros de visitantes, personal de vigilancia e información, mantenimiento de infraestructuras menores, que con una partida en el decenio de aplicación de 8,7 millones de euros se convierte en una de las más cuantiosas.

En ese desglose, el importe más relevante figura en el capítulo de 'otras actuaciones' y tiene que ver con la prevención. Se trata del operativo de defensa contra incendios forestales, que en el conjunto de sumas de inversiones acapara 11,6 millones de euros.

Al desgajar un poco más el plan contable del PRUG también se observa la preocupación de las administraciones por las relaciones con el entorno, que se llevarían algo más de 9 millones de euros, asumidos prácticamente en su totalidad por las subvenciones anuales que las administraciones asignarán al denominado Área de Influencia Socioeconómica. Junto a personal y el citado operativo antiincendios, la Junta de Castilla y León sitúa en este apartado de las relaciones con el entorno uno de sus principales focos de inversión a diez años. Así pues, la previsión es que la cuantía destinada a esas subvenciones para el desarrollo socioeconómico sea de 850.000 euros, que se distribuirán además anualmente.

Quejas ecologistas

Tal y como se dibujó el perímetro de la declaración del Parque Nacional de Guadarrama, el 64% de las 33.960 hectáreas por las que se extiende el espacio de protección pertenecen a la Comunidad de Madrid. El resto está localizado en la provincia de Segovia. Esta desproporción en la superficie es una de las razones sobre las que se asienta que el gobierno de Cristina Cifuentes planifique una inversión a diez años vista para la aplicación del PRUG de 49 millones de euros, mientras que la previsión de Castilla y León para el mismo periodo se queda en torno a 6,4 millones.

El resto –que suma 22,6 millones de euros– provendrá de otras vías de financiación, según pone de relieve de forma somera el anexo del plan rector sometido ahora a exposición pública.

Habrá alegaciones, seguro. Ya en los meses precedentes, conforme se han ido conociendo algunas de las intenciones que barajaban las administraciones implicadas, se han alzado voces críticas. Después de echar un primer vistazo al contenido del plan de usos, representantes del colectivo Ecologistas en Acción ya han avanzado que echan de menos más medios y recursos para afianzar y cumplir el objetivo último de la declaración de Parque Nacional, que no es otro que el de la protección y conservación del medio, frente a apuestas que acaparan partidas más cuantiosas, como pueden ser las de promoción.

La queja se produce a pesar de que la regulación propuesta en el documento constriñe y aprieta las clavijas normativas a algunas prácticas habituales en el paraje objeto de protección, como por ejemplo el ciclismo de montaña o las carrera que cada vez congregan a más participantes atraídos por el encanto y la belleza del entorno, su dureza y la exigencia deportiva.

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