«Queremos sentar jurisprudencia»

La muerte de su marido, el torero segoviano Víctor Barrio, «ejerciendo su oficio», provocó que salieran a la superficie de Twitter y de Facebook «cosas horrorosas». «Supuso un punto de inflexión en las redes sociales que se llenan de mensajes de odio», apostilla la sepulvedana.

Ella y la familia del malogrado diestro emprendieron entonces una batalla que continúa ahora en los tribunales, como ha destacado Sanz. Las jornadas que organiza el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) sobre las libertades de expresión e información y el discurso del odio le han permitido a la periodista exponer ante los estudiantes su particular lucha contra la impunidad en la red de redes. Sanz enumeró algunos de los comentarios vertidos apenas unas horas después de que su marido falleciera de una cornada en la plaza de toros de Teruel, el 9 de julio de 2016. Humillaciones, vejaciones, insultos, enaltecimiento del terrorismo, incitaciones a odio, amenazas...

Esos mensajes le valieron para citar el artículo 20 de la Constitución, en el que además de amparar la libertad de expresión y de información se marcan unos límites. La línea roja de la Carta Magna es el respeto a los derechos recogidos en ella, al honor, a la intimidad o a la propia imagen, por ejemplo.

Ese desgraciado y luctuoso punto y aparte que representó la muerte de Víctor Barrio destapó «lo peor de gente escondida» detrás del anonimato, pero también impulsó que «los poderes públicos se dieran cuenta de que el problema se les iba de las manos». Raquel Sanz también instó a las compañías como Twitter o Facebook a que mejoren la prevención para detectar las cuentas susceptibles de delinquir.

La maquinaria para frenar la impunidad en las redes sociales se puso en marcha, pero todavía le queda por engranar piezas. Es la idea que se desprende de las reflexiones de la periodista. «Son las empresas y los poderes públicos los que tienen que actuar». Con respecto a Twitter, reconoce que «este último año han afilado sus cuchillos y se han puesto más duros» a la hora de rastrear cuentas, denuncias y mensajes. Raquel Sanz insiste en que esa debe ser una de las líneas de trabajo: «Antes de que se cometa el delito hay que poner barreras». En cuanto a las autoridades competentes, la ponente les urge a intervenir.

«Hay que legislar porque no todo vale en las redes sociales», reitera. En este sentido, la especialista en comunicación 'on-line' opinar que «no se puede esperar a que sea una misma la que revise una por una las barbaridades que escriben sobre mi marido». Sin embargo, es «la propia jurisprudencia la que dice que hay que estudiar caso por caso». Y hay infinidad, advierte. Las supuestas intromisiones al honor de Víctor Barrio son por «su profesión», precisa a la hora de criticar si unos delitos merecen más atención que otros.

En cualquier caso, Sanz anima e insta a acudir a la Policía cuando se reciba un comentario que pueda ser constitutivo de delito. «Es la única forma de que los poderes públicos tomen conciencia de que hay que poner coto a la impunidad». Las recientes investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condenas como la impuesta al rapero Pablo Hásel por enaltecimiento del terrorisimo, han demostrado que «la impunidad en las redes sociales es mentira».

La intervención policial arropa la vía judicial, que en el caso del fallecimiento de Barrio tiene varios frentes abiertos. En concreto, cuatro querellas, todas admitidas a trámite, subraya Raquel Sanz, cuyo objetivo, además de castigar las injurias y ofensas a su marido, es que siente jurisprudencia.

La experiencia en los tribunales también está siendo reveladora en el sentido de que «la Constitución no reconoce el derecho al insulto». Los procesos penales y civiles en los se está viendo inmersa la familia ponen de manifiesto que «delinquir en las redes sociales no sale gratis». Por lo tanto, concluyó Sanz, «no todo vale».