La falta de obra pública ahoga el sector de la construcción

La contratación oficial en el primer trimestre del año se ha desplomado más del 91% en comparación con el mismo periodo de 2016

C. B. E.Segovia

La construcción está para pocas celebraciones, a pesar de que en la provincia cuenta con una nutrida red asociativa. Pero la actividad está «tocada», por no usar unos términos más gruesos. No levanta cabeza, por lo que los atisbos de recuperación parecen haber pasado de largo de esta industria con un peso menguante sobre la economía. El sector se reunía ayer en el salón de actos de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) para tomarse el pulso. Y a tenor de las palabras del presidente de la Asociación Provincial de Industriales de la Construcción (APIC), Javier Carretero, el negocio continúa en coma desde que la crisis hiciera saltar por los aires la burbuja inmobiliaria.

El responsable no quiere ser demasiado pesimista, pero los datos y sobre todo las perspectivas le impiden ver luz al final del túnel. «Quizás el año pasado fue un poco mejor que otros», intenta ver algo de agua en el vaso. Pero mira a otras provincias y comunidades y concluye que «igual que la crisis llegó un par de años más tarde a Segovia, también vamos a salir más tarde de ella». Javier Carretero pone el ejemplo de Madrid, donde la construcción sí ha levantado cabeza gracias al impulso de la obra pública. «Están trabajando a tope, tanto que no hay mano de obra y está empezando a subir del sur», destaca el presidente de la asociación provincial.

«En Segovia apenas hay grandes obras públicas», apunta. Para revisar los proyectos que estén en marcha cita la circunvalación (y cruza los dedos para que no se paralice), el campus público de la Universidad de Valladolid y poco más. Javier Carretero precisa que construcciones como la del Palacio de Congresos y Exposiciones que promovió la Diputación en La Faisanera o el edificio de justicia que se ha de levantar en los terrenos próximos al parque de bomberos están «parados».

El presidente de la Asociación Provincial de Industriales e la Construcción echa en falta inversiones, sobre todo de las administraciones públicas, que realmente «son las que sostienen el sector». Es revelador que la obra oficial en la provincia ha descendido en el último año un 91%, según los datos del primer trimestre publicados por la Cámara de Contratistas de Castilla y León. Es más del doble de lo que ha bajado en el cómputo autonómico. Entre enero y marzo, ambos incluidos, se contrataron trabajos públicos por 1,3 millones de euros.

Porque las pequeñas obras de urgencias que se contratan con ayuntamientos, a través de su vez de las líneas de ayudas que concede la Corporación segoviana, «solo dan para sobrevivir» y no para obtener rendimientos.

Carretero se queja de que «no se pueden aprobar unos presupuestos para este año en el mes de mayo o de junio». Para muestra, el botón del palacio de justicia proyectado para unificar las sedes judiciales dispersadas en Segovia. Un antiguo anhelo de la Audiencia y de los abogados, entre otros colectivos que han reivindicado que la ejecución no se demore. Según explica el presidente de la asociación de constructores, el dinero previsto para este año «ya está agotado». Así que, cree que, como mínimo hasta noviembre, no habrá movimiento en el solar habilitado para su edificación.

Esa supervivencia del sector que pasa por las pequeñas obras está expuesta, además, «al intrusismo», critica el presidente de los industriales de la construcción en Segovia. Esta práctica se produce sobre todo en los arreglos que contratan los particulares y no tanto en las instituciones públicas.

Para el gremio profesional, «es imposible defenderse de esta situación». El responsable de la asociación recuerda que cuando asumió el cargo al frente de la APIC, hace seis años, uno de los desafíos que encaró, ya en plena crisis, fue el de poner coto al intrusismo. En su primer año, el presidente desvela que se interpusieron ante la Inspección de Trabajo más de un centenar de denuncias , pero ninguna prosperó. La mayoría era contra personas extranjeras, que luego no tenía papeles y a los que era muy difícil perseguir. Ante esa nula respuesta a sus demandas, «hemos desistido», lamenta Javier Carretero.

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