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miguel ángel lópez
Segovia
Jueves, 21 de septiembre 2017, 14:31
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El grupo municipal del partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia está analizando la propuesta de ordenanzas fiscales para 2018. Su postura definitiva en el pleno de fin de mes será, «en principio», de no oponerse al proyecto que ha presentado el equipo de gobierno socialista, y la más probable será una abstención. Pero de este modo facilitará que sea aprobada la propuesta (el año pasado lo fue con el voto de calidad de la alcaldesa, al votar en contra los populares) porque, explicó ayer la portavoz, Raquel Fernández, «corrige situaciones excesivas», como la de la tasa del agua, que bajará con un reconocimiento «implícito» de que «los ingresos por este concepto superan en más de 180.000 euros el coste del servicio».
La portavoz popular insistió en que la subida de la tasa del agua hace dos años (el «tasazo» que movilizó sobre todo a los vecinos de los barrios incorporados) fue «improvisada y abusiva», sobre todo porque «no es admisible» que el equipo de gobierno la planteara «solo para conseguir el apoyo de Izquierda Unida».
La creación de un tercer tramo de tarifa «sin una simulación de recibos ni analizar las consecuencias», declaró Fernández, tuvo una «repercusión negativa en el bolsillo de los ciudadanos». Ahora los populares aceptan que se reduzcan los recibos de la tasa del agua, pero no han decidido su postura definitiva porque tienen que estudiar «si es una bajada suficiente» y «ver con datos las propuestas».
Fernández explicó, por otra parte, que su grupo plantea una modificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ya anunció el grupo popular en la comisión informativa del lunes que propondría una mayor bonificación para los inmuebles del recinto amurallado. Ahora la bonificación está fijada según el grado de protección de los edificios, en el 80% para las obras en los de protección integral, el 60% para los que tienen protección estructura y el 40% para los de protección ambiental, como quedó pactado en el mandato anterior para todos los del municipio. «Consideramos que en esos momentos no es suficiente en el recinto amurallado a la vista del estado de deterioro progresivo y preocupante que presentan muchos de los edificios», señaló Fernández.
Opinó la portavoz del PP que incentivar fiscalmente a los propietarios es una forma de fomentar la rehabilitación, y por eso propone que la bonificación del ICIO sea del 95% en el recinto amurallado, y «quizá en un futuro» hacer extensiva la medida a otros barrios históricos de la ciudad como San Lorenzo, San Millán, el Salvador y Santa Eulalia.
La tasa es del 4% del presupuesto de obras, pero los populares no plantean tocarla a pesar de que el porcentaje es el máximo permitido, pero estiman, comentó Fernández, que «hay que centrar los esfuerzos en fomentar la rehabilitación y la revitalización del casco histórico» y en este sentido «la discriminación positiva por el grado de protección de los edificios hay que desatenderla en el recinto amurallado»
Los concejales del PP defenderán en el peno de este mes una moción en la que proponen que el Ayuntamiento destine en el presupuesto de 2018 una partida de 500.000 euros para que los vecinos decidan su destino. Será una forma de elaborar el presupuesto participativo, «una herramienta democrática que permite a la ciudadanía participar de manera directa en el documento que vertebra la actividad municipal, otorgándoles la capacidad de realizar propuestas sobre las inversiones que afectan a la vida diaria», explicó Raquel Fernández.
La portavoz del PP destacó que su planteamiento es hacer realidad esta posibilidad en el próximo ejercicio porque debe tener «los plazos necesarios para que los vecinos, incluso a título individual y no solo a través de asociaciones, hagan sus propuestas de inversión, y porque «no se puede hacer de forma improvisada» si lo que se pretende es «tener unos presupuestos participativos reales».
Además de la cantidad concreta de medio millón de euros, Fernández destacó que es necesario «habilitar un procedimiento, informar a los ciudadanos y después recoger sus aportaciones para estudiarlas y, si son viables, incluirlas en los presupuestos de inversiones.
Fernández comentó que es ahora, cuando se está elaborando el proyecto presupuestario, el momento de reservar esta partida para que sean los ciudadanos los que decidan el destino de una parte del presupuesto municipal, como están haciendo en la comunidad los ayuntamientos de Salamanca, que destina un 10% de la cantidad reservada para inversiones al presupuesto participativo, o Valladolid, donde la cantidad prevista es de 4 millones de euros.
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