La doctrina Botín libra del banquillo a los consejeros que hipotecaron el torreón

Atilano Soto, expresidente de la extintaCaja Segovia, acude a declarar al Juzgado numero 5 por el caso 'Navicoas' / . Tanarro

La acusación popular no es suficiente si no acusa el ministerio público o la víctima del presunto delito

ANA NUINSegovia

El acuerdo in extremis alcanzado con Bankia, que se ha concretado en la liberación de la carga hipotecaria millonaria que pesaba sobre el Torreón de Lozoya, buque insignia del patrimonio inmobiliario que acumuló la extinta caja de ahorros, hizo que la Fundación Caja Segovia se apartara del procedimiento judicial como acusación particular. Y aunque Javier Reguera, presidente de la Fundación, hiciera hincapié en que el principio de acuerdo era independiente de la causa instruida por el Juzgado número 5, a nadie se le escapaba que iba a repercutir en el litigio emprendido contra los doce miembros del consejo que aprobó en 2012 la operación por la que se hipotecó el torreón.

Esta decisión de desistir del ejercicio de la acción penal–«aunque vamos a continuar reclamando la parte de las posibles indemnizaciones que no se vean colmadas en el acuerdo», aseguró Reguera–, junto a la petición de archivo de la Fiscalía de Segovia, ha sido determinante para que el juzgado haya dado cerrojazo judicial al proceso en puertas de la apertura del juicio oral. expresidente de la Caja; Manuel Agudíez, exvicepresidente; además de Elena García Gil, que dimitió del patronato de la fundación; Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; María Concepción Monte (exalcaldesa de Sepúlveda); Alfredo Velasco (actual regidor de Boceguillas); el que fue hasta noviembre del año pasado director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, y los diputados provinciales en la actualidad Miguel Ángel de Vicente, vicepresidente de la institución; José Luis Sanz Merino (PP) y Jesús Yubero (PSOE). Todos ellos son exculpados de un presunto delito de administración desleal, a pesar de que la Audiencia Provincial había ratificado la petición de juicio oral.

En su resolución de archivo, «sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, correspondan al perjudicado», el magistrado señala que la única parte acusadora que ha formulado acusación es la representación de Izquierda Unida en el ejercicio de la acción popular. La coalición había pedido ocho años de cárcel para cada uno de los doce consejeros que aprobaron la hipoteca del Torreón.

La doctrina Botín, que permitió al banquero que le dio nombre, Emilio Botín, librarse de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander, ha sido la que ha librado a los consejeros de la extinta Caja Segovia del banquillo. En resumen, consiste en que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a una persona si no acusa el ministerio público o la víctima del presunto delito.

En esto se basa la sentencia del Juzgado número 5, que establece que «el ejercicio de este derecho a la acusación popular no es ilimitado y, así, dispone el artículo 782-1 de la LECR [Ley de Enjuiciamiento Criminal] que si el ministerio fiscal y la acusación particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 641 y 637, lo acordará el juez». El artículo 782-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue interpretado y aplicado por el Tribunal Supremo en la sentencia conocida como caso Botín, que centró su tema de decisión «en la la legitimidad constitucional de una interpretación, con arreglo a la cual, el sometimiento de cualquier ciudadano a juicio, en el marco de un proceso penal, solo se justifica en defensa de un interés público, expresado por el ministerio fiscal o un interés privado, hecho valer por el perjudicado», explica la sentencia. Fuera de estos casos, «la explícita ausencia de esa voluntad de persecución, convierte el juicio penal en un escenario ajeno a los principios que justifican y legitiman la pretensión punitiva».

Así, la sentencia aludida establece que «en este sentido es perfectamente plausible que cuando el órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como el propio perjudicado por los hechos, consideran que la causa debe ser sobreseída porque los hechos no constituyen delito, el legislador no haya querido conferir a la acción popular un derecho superior al de las otras partes conjuntamente consideradas». Parece claro, añade, que «en tales casos las perspectivas de que la acción tenga éxito estarán claramente mermadas».

'Caso Atutxa'

También alude a la sentencia del Supremo en el conocido como ‘caso Atutxa’, que introdujo el matiz de que tratándose de la protección de intereses colectivos y de la ausencia de personación del acusador privado, la sola petición de sobreseimiento efectuada por la Fiscalía no impide la apertura del juicio, si una fundada acusación popular así lo solicita. Pero considera el magistrado que esta doctrina no es aplicable al presente caso por cuanto existe un perjudicado que ha pedido el sobreseimiento (la Fundación Caja Segovia), junto con el ministerio público, y no están en juego intereses colectivos y difusos que proteger, al tratarse de un delito de administración desleal con posible perjudicado patrimonial concreto».

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