Las diputaciones piden al Gobierno que abra la mano para poder invertir más

Participantes en la primera mesa redonda. / El Norte

La Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, que se celebra en Segovia, pide flexibilidad en la legislación

La primera mesa redonda de la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales ha abordado la aportación del sector público local al cumplimiento de los parámetros fiscales de la normativa de estabilidad presupuestaria. Un ámbito en el que las diputaciones han solicitado «más flexibilidad» en la legislación.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha moderado la sesión desarrollada en la sala de la Artillería del Alcázar. El representante gallego ha insistido en una idea que después ha sido utilizada por el resto de ponentes y es que las diputaciones no gastan, sino que invierten. Asimismo, ha asegurado que «siendo cumplidoras», pagan los «desmanes que otros han realizado» durante la crisis.

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En esta línea han basado también sus intervenciones el responsable de Hacienda de la Diputación de Valencia, Antoni Gaspar; la presidenta de la Diputación de Palencia, María de los Ángeles Armisén; y la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero.

Para Antoni Gaspar el tema de las competencias impropias que asumen las Diputaciones es el «caballo de batalla que se sufre día a día», ya que el ciudadano no entiende de competencias ni presupuestos si no de «tener cubiertas» sus necesidades, informa Europa Press.

Gaspar ha insistido en los excedentes que «quedan ahí», sin poder invertirse por tener las «manos atadas» por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma que «tuvo su sentido en 2012» pero que tiene que evolucionar, como ha solicitado.

Sentido común

Para el diputado de Hacienda de Valencia, esa norma «se hizo pensando en toda la Administración» pero llegado el momento de la aplicación en los gobiernos intermedios «renquea». Antoni Gaspar ha apuntado que «nadie» hace caso en este tema a los gobiernos intermedios. Desde la base de que las normas «están para cumplirlas», ha agregado que el sentido común debe estar «por encima».

Por eso ha pedido a «quienes hacen las leyes» que entiendan la necesidad que tiene la administración local de «normas diferenciadas», para contar con instrumentos con los que "servir mejor a la gente".

Para la presidenta de la Diputación de Palencia, María de los Ángeles Armisén, la perspectiva es un poco mejor y no duda en afirmar que se puede hacer «mucha política dentro de la ley». Igualmente, ha opinado que la ley está para «adaptarse a los tiempos», por lo que ha invitado a pensar en una perspectiva de cambio dentro del contexto económico nacional.

Armisén ha hecho un repaso por la evolución de la Ley de Estabilidad Presupuestaria desde su nacimiento en 2001 y sus modificaciones en 2006 y 2012 por los contextos económicos. Para ella, la última modificación se basó en los «límites» que aplican a diario los técnicos y ha supuesto un antes y un después en la «sensibilidad» de las administraciones y los políticos para afrontar una gestión responsable sin abandonar las necesidades de los ciudadanos.

La presidenta palentina ha manifestado que el volumen total de deuda ha descendido en más de nueve mil millones de euros en 5 años, lo que supone un esfuerzo muy «importante» que tiene que permitir la liberalización en las inversiones. Armisén se ha mostrado convencida de que el Gobierno abrirá paulatinamente la capacidad para que las administraciones locales usen su superávit. Por eso, ha demandado al Ministerio de Hacienda que deje a ese nivel de la administración decidir sobre el destino de sus recursos.

Másters en estabilidad presupuestaria

Mientras, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha señalado que no se trata de una cuestión de ideología, sino de resolver un problema «que afecta a los ciudadanos», al no poder invertir en remanentes y no solucionar la situación.

Cordero ha afirmado de modo tajante que la cacereña es una diputación «eminentemente rural», con «másters» de estabilidad presupuestaria, de techo de gastoy modificaciones del servicio de asesoramiento a municipios con economistas para que los ayuntamientos sepan cómo tienen que cumplir la legislación.

La representante extremeña ha sido también muy clara al afirmar que quienes no cumplen deben tener una norma «rígida» pero quienes cumplen deben tener «flexibilidad». Además ha insistido en que actualmente el horizonte es diferente, ya que los proyectos solicitados ahora por los alcaldes son «más sensatos», con un pensamiento mayor hacia el desarrollo de una actividad económica y que genere empleo.

Por eso ha concluido que «no acaba de creerse» el cambio y que, aunque han cambiado «muchas cosas», se necesita esa «flexibilización» de la legislación para poder «llegar a más». Así, ha afirmado que en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP" hay un consenso político «absoluto» y eso «debe verlo» el Ministerio, al considerar que las diputaciones son la administración «menos oída».

Por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha intervenido el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Gabriel Hurtado, que ha puesto el contrapunto a la mayoría de las manifestaciones de los presidentes provinciales.

En términos técnicos

De esta manera, Hurtado ha recalcado que el suyo es un discurso «en términos técnicos, no políticos». Además, ha asegurado que a la Ley de Estabilidad hay que reconocerte el «mérito» de permitir que la situación «cambie». En especial, la «mentalidad» de los dirigentes.

También ha hablado de la evolución de la ley desde 2001 y ha asegurado que en la modificación de 2012 se recogen medidas para corregir los incumplimientos de las reglas fiscales que fija la propia ley. En este sentido ha reconocido que el grado de responsabilidad de las corporaciones locales ha sido «muy elevado», aunque ha invitado a «contextualizarlo dentro de la propia norma», sin quitarle «el mérito que tiene».

Gabriel Hurtado ha resaltado que desde 2012 se han llevado a cabo 18 medidas para tratar de solventar los problemas financieros de los ayuntamientos y que «ninguna» diputación incumple el objetivo de estabilidad presupuestario y tan solo ocho incumplen la regla de gasto.

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