La defensa de los exdirectivos de Caja Segovia pedirá pruebas del quebranto económico

Joaquín Rodríguez (izq.) acompaña a Atilano Soto a la entrada del juzgado número 5. /Antonio Tanarro
Joaquín Rodríguez (izq.) acompaña a Atilano Soto a la entrada del juzgado número 5. / Antonio Tanarro

El abogado de cuatro de los encausados por prejubilacines ultima tacha de «provinciano» el proceso judicial

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

Aunque el escrito de defensa de los encausados en el proceso abierto por las prejubilaciones de Caja Segovia «tiene poca importancia porque tampoco va a evitar el juicio oral», sí es más relevante el informe pericial que van a pedir los abogados. Al menos, es una de las actuaciones que baraja Joaquín Ramos, letrado que defiende los intereses de Atilano Soto (expresidente de la entidad de ahorros), Manuel Escribano (que fue director general), Manuel Agudíez (exvicepresidente) y Antonio Tapias (exsecretario general).

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El abogado afirma que el escrito está prácticamente ultimado, aunque el plazo para su presentación concluye el día 28. En él, la defensa va a incidir en los argumentos y alegatos que ya ha venido esgrimiendo a lo largo de todo procedimiento, desde que se iniciaran las diligencias contra antiguos directivos y consejeros por haber aprobado una prejubilaciones millonarias justo antes de la fusión de la difunta caja de ahorros en el grupo financiero que lideró Caja Madrid.

Así, Rodríguez confirma de cara al juicio oral que todavía se pueden aportar informes, documentos o incorporar testimonios de testigos que en las vistas no estuvieron. En este sentido, el letrado hace hincapié en que «la Fundación Caja Segovia no ha tenido un perjuicio económico, sino que más bien ha sido beneficiada» por el modelo de prejubilaciones que aprobó el consejo de administración de la entidad poco antes de materializarse la fusión.

Participación a cero

«Si no se hubiera destinado el dinero a las prejubilaciones, habría pasado a las reservas de Caja Segovia», arguye Joaquín Rodríguez al poner de relieve que poco después del Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación del BFA, banco matriz de lo que luego fue Bankia, «por arte de birlibirloque la participación de la caja segoviana quedó reducida a cero». Por lo tanto, deduce el abogado de la defensa, ni la Fundación Caja Segovia ni la entidad de ahorros iban a recibir dinero tras la operación de la fusión.

El letrado considera la petición del correspondiente informe pericial que pueda acreditar si hubo un quebranto económico, como apunta la acusación. Rodríguez tiene claro que la Fundación Caja Segovia «ha tenido un beneficio ya que los despidos les hubieran salido más caros que las prejubilaciones».

Asimismo, asegura que este tipo de planes como el que diseñó la antigua entidad de ahorros «son usuales» en el ámbito financiero; y subraya que hasta 2010, la Caja Segovia tuvo beneficios y jamás recibió ayuda pública, al contrario que Bankia, que requirió de una inyección oficial de más de 20.000 millones de euros.

No es comparable con Novacaixagalicia

En cuanto a las cantidades percibidas por la excúpula encausada, que ascienden a más de 17 millones de euros con cargo al ejercicio de 2010, tal y como figuraba en el auto del Juzgado número 2 de marzo de 2017, Rodríguez expone que «no son tan bestiales como las indemnizaciones de Novacaixagalicia, por ejemplo»

Por todo ello, el abogado insiste en que el enjuiciamiento de los exdirectivos es «absurdo». «Estamos haciendo el ridículo más espantoso», añade al referirse al procedimiento judicial, que califica de «provinciano», en la línea crítica en la que ya se había manifestado su colega de despacho y también representante de algunos encausados, el penalista Luis Rodríguez Ramos, quien esgrime que el hecho de que «unas prejubilaciones jugosas generen envidia no significa que sean ilegales».

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