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La exalcaldesa, con el cartel alusivo a los procesos judiciales. M. Rico
Crece la tensión política en el Ayuntamiento de San Martín y Mudrián

Crece la tensión política en el Ayuntamiento de San Martín y Mudrián

Josefa Calero, apeada de la Alcaldía con una moción de censura, llevó al pleno, pegados a su ropa, carteles con alusiones a los procesos judiciales

mónica rico

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Sábado, 7 de abril 2018, 22:39

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Tras la moción de censura que el pasado 30 de enero apeó de la Alcaldía a Josefa Calero (PP), que tuvo que ceder el bastón de mando al concejal Francisco Javier Arranz, de su mismo partido, la tensión política continúa en San Martín y Mudrián. Así se evidenció en la última sesión de pleno, en la que no faltaron acusaciones cruzadas, llamadas al orden e incluso la impugnación de un punto.

El pleno fue tenso desde el inicio. En los bancos del público se sentó un empresario con facturas pendientes de pago desde mayo del año pasado, que portaba un cartel en el que criticaba que se están pagando facturas posteriores y no las suyas. Por su parte, la exalcaldesa, que atribuye la moción de censura presentada por dos concejales de su partido y otros dos del Partido Castellano a los procedimientos judiciales que existen tras una denuncia que presentó, acudió a la sesión con otro cartel en el que se leía: «En el juzgado les preguntarán por los delitos de prevaricación, malversación, delito contra los trabajadores y falsedad en documento público». Además, de su espalda colgaba otro cartel con el mensaje «qué miedo dan las preguntas y las mociones en los plenos ordinarios». Con este gesto pretendía denunciar públicamente, tal y como apuntó en el primer punto del orden del día, en el que se votaba la urgencia de la sesión, convocada como extraordinaria y urgente, cuando a su juicio correspondía celebrar pleno ordinario, que «están intentado evitar contestar a mis preguntas y la moción que he presentado».

La moción, según dijo Calero, tenía como finalidad que el Consistorio se persone «en los procesos judiciales abiertos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos cometidos por el concejal de Obras en el anterior mandato y extesorero del PP, actual alcalde».

La exregidora insistió en que la convocatoria de pleno extraordinaria y urgente obedece al intento de «no contestar a preguntas ni dar explicaciones sobre numerosos temas, como el expediente gubernativo abierto contra un concejal por presunto delito de falsedad en documento público». Tampoco se quiere responder, señaló, a la pregunta de «por qué se están pagando facturas posteriores a las más antiguas» o por qué «no se ha convocado una oferta pública para proveer la plaza de monitor de escuelas deportivas, adjudicándola a dedo a la mujer de un concejal».

También se quejó la concejala de que se le impide preguntar «por la supresión de la máquina de fichar para garantizar que el personal del Ayuntamiento cumpla con su horario laboral, por el dinero para la contratación de las fiestas patronales o por qué se está realizando dejación de funciones de mantenimiento de los dos municipios (San Martín y Mudrián), entre otras muchas cuestiones, como conocer el recurso interpuesto contra la ordenanza de cementerio».La contestación a esta batería de interrogantes fue que muchas de las respuestas las tenía la propia Calero, «alcaldesa hasta hace poco más de dos meses». En cuanto al empresario que protestó por el retraso en el pago de facturas, el actual equipo de Gobierno le dijo a la alcaldesa que «el dinero se lo debía usted». También le reprocharon «su nefasta gestión».

En el pleno se debatió la composición de las comisiones permanentes y el nombramiento de los representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados, cuestiones que fueron aprobadas pese al rechazo de Calero, quien manifestó que «es una vergüenza que nos representen concejales que están incursos en causas por presuntos delitos».

Programa Crecemos

Además, la alcaldesa anunció la impugnación del punto referente a la solicitud a la Diputación para participar en la convocatoria para la confección de un listado de reserva de municipios para implantar el programa Crecemos. La edil pidió que se presentara la acreditación de cómo se había producido la renuncia al programa o el comunicado de Diputación sobre la salida del municipio del mismo, teniendo en cuenta que el último convenio se firmó en diciembre de 2017, «y cuando cesé como alcaldesa, hasta esa fecha no recibimos ningún comunicado de Diputación sobre que nos quitaran al programa, ni comunicamos desde el Ayuntamiento que renunciábamos»

Durante este debate se pidió el pronunciamiento de la secretaria, quien afirmó que no se puede impugnar «algo que no está en el orden del día». El concejal Alejandro Plaza aseguró que toda la documentación se podrá estudiar en el pleno ordinario y que se realizará un informe de Secretaría sobre la petición de impugnación.

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