El PP fía la creación de empleo a la Ley que reduce la burocracia administrativa

Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García. /El Norte
Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García. / El Norte

La Junta de Castilla y León prevé un ahorro de 6,5 millones de euros con la reducción de costes de tramitación

Los procuradores del Partido Popular por Segovia Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García explicaron ayer las líneas generales de la Ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas para la Dinamización Empresarial, aprobada por las Cortes regionales la pasada semana sin ningún voto en contra. «La reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial es una prioridad en las políticas públicas de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo último es favorecer la creación de empleo», expuso Sanz Vitorio. El procurador popular afirmó que con esta ley se culmina un proceso que ha durado varios años y en el que se incluyen diversas modificaciones legislativas, tanto de ámbito nacional como regional, que persiguen como fin «la simplificación administrativa y, como consecuencia, favorecer al actividad empresarial, de tal manera que la no elección del procedimiento más simple es lo que habrá que justificar y no al revés».

En este sentido, y tras analizar cinco sectores especialmente significativos y relevantes para la comunidad (servicios de restauración, industrias agroalimentarias, explotaciones ganaderas, centros de servicios y establecimientos sanitarios sin internamiento e industrias vinculadas al sector forestal), se llegó a la conclusión de que no todos los áreas requerían la adopción de medidas legislativas. Tan solo los servicios de restauración y los vinculados al sector forestal necesitaban modificaciones legislativas para seguir avanzando.

En relación con los servicios de restauración, se ha modificado la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como la Ley Reguladora del Juego ylas Apuestas de Castilla y León. En la primera de las leyes se sustituye la licencia ambiental por una comunicación, pasando la tramitación de dos meses a un solo día. También se sustituye la exigencia de autorización administrativa por una declaración responsable o una comunicación o comunicación en procedimientos relativos a horarios, pasando la tramitación de un mes de duración a un día. «Es algo que afecta a los pequeños municipios y, sobre todo, en las fiestas de los pueblos a la hora de tramitar una petición de ampliación de horario», declaró Sanz Vitorio.

En cuanto a la Ley del Juego, se sustituye la autorización administrativa de instalación de máquinas en establecimientos de restauración por una declaración responsable. «Pasamos de un plazo de tres meses a tener la autorización en un día», comentó. Además, se sustituye la autorización administrativa de funcionamiento en establecimientos específicos, como casinos o bingos, por una declaración responsable que fija las distancias entre dos establecimientos de este tipo (300 metros) y con respecto a centros escolares (100 metros). «Estas medidas van a suponer un ahorro de 3,5 millones de euros. Esto afecta a un subsector que representa el 20,3% del volumen de facturación de este sector y que afecta a 22.000 establecimientos y a más de 65.000 personas ocupadas», señaló Sanz Vitorio, quien declaró que ese ahorro podrá ser reinvertido en la actividad permitiendo la creación de empleo.

Ley de Montes

En relación con los servicios relacionados con el sector forestal se ha modificado la Ley de Montes. «Aunque no afecta directamente a la creación de nuevas empresas, sí que afecta al desarrollo de la actividad de las mismas. En una provincia como la nuestra tiene una gran importancia», adelantó el procurador popular. Con dicha modificación se espera un ahorro de unos tres millones de euros tras la reducción de plazos en la emisión de la licencia de aprovechamiento en montes de utilidad pública (pasa de un mes a quince días), que será de oficio cuando la tramitación de la enajenación se haya realizado por la propia Consejería.

En los montes no gestionados por la administración ,también se simplifica la regulación de aprovechamientos maderables y leñosos, de modo que cuando existan instrumentos de ordenación en vigor, se sustituye el régimen de comunicación condicionada por una declaración responsable (de un mes a un día). Cuando no existan instrumentos de ordenación, se deberá solicitar autorización, pero el plazo se reduce de tres meses a un mes.

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