El Consultivo dictamina la modificación de la Ley de Policías Locales

Mario Amilivia (tercero por la derecha), junto a Jesús García (a su lado) y el resto de los miembros del Consejo. / Mónica Rico

En su visita a la villa, para respaldar la exposición ‘Reconciliare’, el órgano ha alcanzado los 14.000 dictámenes

MÓNICA RICOSegovia

El Consejo Consultivo de Castilla y León dictaminó ayer en Cuéllar el anteproyecto por el que se modifica la Ley de Policías Locales en Castilla y León y que integra a los vigilantes municipales que cumplan los requisitos en la Policía local. Este anteproyecto, presentado por la Consejería de Presidencia de la Junta, modifica la normativa de 2003, que establecía que en los municipios donde no exista Policía Local, podrán crearse plazas de vigilante municipal, que ejercerá las funciones encomendadas a la Policía Local y que ostentará el carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de las mismas. De esta forma, aquellos ayuntamientos que no contaban con población o recursos suficientes para dotarse de un cuerpo, podían cubrir la necesidad de una figura con carácter de agente de la autoridad y demás funciones de policía administrativa. Se consideraba que los vigilantes tenían una menor carga de trabajo, menos conflictividad y menor exposición al riesgo, por lo que se les clasificó en un grupo funcionarial inferior y se prohibió la dotación de arma de fuego.

En la jornada de trabajo, celebrado fuera de su sede en Zamora para mostrar el respaldo institucional a ‘Reconciliare’, la exposición de Las Edades del Hombre que alberga Cuéllar, el Consultivo aprobó, además, otros once asuntos, fundamentalmente relativos a cuestiones de responsabilidad patrimonial.

Estrategia de cercanía

La visita se enmarca también en la estrategia de cercanía del Consejo Consultivo en los últimos años, para acercarse a las administraciones locales y provinciales. En este sentido, según recordó el presidente del Consejo y del Tribunal, Mario Amilivia, esta es la segunda vez que visitan la provincia en breve espacio de tiempo, pues hace unos meses se celebró una jornada de formación en la Diputación de Segovia, que culminó con la celebración de jornadas en las nueve diputaciones, realizando así «un esfuerzo de cercanía, de proximidad, que es meritorio y que es nuestra obligación. Las instituciones no pueden estar en sus sedes encerradas, sino que tienen que tener voluntad de cercanía», apuntó.

La visita comenzó con un encuentro con el alcalde, Jesús García, quien agradeció la presencia de los miembros del Consejo Consultivo, órgano que visita por primera vez la villa. Por su parte, Mario Amilivia apuntó que en los últimos años se ha comprobado que muchos Ayuntamientos se van sumando en su solicitud de dictámenes, tanto de carácter preceptivo como facultativo, en el ámbito del Consultivo. El presidente del órgano de control expuso al García la importancia de recabar dictámenes, fundamentalmente preceptivos, tal y como establece la ley, y también facultativos, cuando se genere algún asunto de especial trascendencia o repercusión, y así sea demandado por el correspondiente pleno municipal. Se trata de informes que garantizan el acierto de las decisiones que se adoptasen, en su caso, evitándose actos que incurran en vicio de nulidad.

Tras el encuentro con el alcalde, se celebró la habitual sesión de pleno, en el que se dictaminó el anteproyecto que modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, para, seguidamente mantener dos reuniones de secciones, que analizaron catorce dictámenes, y, finalmente, una reunión del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración de Castilla y León, una función añadida que tiene el Consejo Consultivo y en el que se abordaron cuatro resoluciones.

Doctrina jurídica

Coincidiendo con la jornada celebrada en Cuéllar, se alcanzaron los 14.000 dictámenes aprobados, cuando se cumplen quince años de función efectivo del Consejo, plazo en el que se ha acuñado una importante doctrina jurídica que está recopilada en la página web de la institución, y que será puesta en valor el próximo año, coincidiendo con los quince años de la emisión de los primeros dictámenes por el órgano de control.

Según Amilivia, esto supone 14.000 procedimientos administrativos, todos ellos distintos, que «evidentemente tienen ciudadanos de carne y hueso detrás de cada uno de ellos, a los que se ha prestado una asistencia jurídica y una asistencia de legalidad». De ellos, 746 corresponden a la provincia de Segovia. En 2016 fueron 46 los dictámenes procedentes de Segovia aprobados por el órgano, mientras que este 2017 son veinte obre consultas iniciadas en la provincia, que suponen el 7% del total. Fundamentalmente, estos dictámenes tratan asuntos de responsabilidad patrimonial, a los que se añaden cuatro de consultas sobre revisión de oficio y uno más sobre la aprobación de una modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Fresno de Cantespino.

Amilivia afirmó que el Consejo Consultivo se siente respaldado por las administraciones, teniendo en cuenta que los 14.000 dictámenes aprobados siempre han sido aprobados por unanimidad y su aceptación por las administraciones tiene un grado de aceptación que supera el 97%. «Si combinamos aprobación unánime de los dictámenes y aceptación casi unánime de las recomendaciones tenemos que concluir, de manera objetiva, en la independencia de la institución» destacó.

Tribunal

Tras el Pleno y las secciones tuvo lugar la reunión del Tribunal Administrativo de Recursos, faceta añadida al Consejo Consultivo hace cinco años, y que ha conocido ya más de 463 resoluciones para una cuantía de contratos por importe cercano a los 3.500 millones de euros, tal y como destacó Amilivia. El órgano viene depurando los procesos de contratación pública en Castilla y León «con rapidez y eficacia desde el año 2012, preservando el principio de seguridad jurídica, garantizando la libre concurrencia, la igualdad de trato y ejerciendo un control preventivo, útil, rápido e independiente», señaló.

A lo largo de este 2017, el Tribunal está registrando una actividad creciente. que se refleja en los más de 60 asuntos resueltos hasta la fecha, en procedimientos de contratación que alcanzan los 81 millones de euros y que representan ya un 70% de los despachados el año pasado, cuando se resolvieron 92 asuntos, ocho de ellos referidos a contratos recurridos en la provincia de Segovia. Los contratos más recurridos (el 82%), fueron los relativos a servicios y suministros.

Para Amilivia, en estos cinco años «el Tribunal se ha demostrado como una fórmula de éxito», y señaló que en la tramitación de la nueva Ley de Contratos del Estado que se está tramitando, parece que «lejos de impulsar tribunales como el nuestro –adscrito a las Cortes y que no tiene ninguna tutela efectiva de ninguna administración– pueda reducir los actos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, y que incluso, un deseo que teníamos, que era que se bajara el umbral económico para poder prestar esa tutela a todo tipo de Ayuntamientos, se pueda no ver modificado», destacó.

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