Constitución: continuidad o reforma

Juan Luis Gordo. Diputado del PSOE por Segovia

«Cualquier reforma requiere un amplio consenso para su legitimación democrática, y ese nivel de referencia marca un mínimo. Requiere ante todo voluntad de pacto y consenso»

Juan Luis Gordo, diputado del PSOE, ante el Congreso./A. Tanarro
Juan Luis Gordo, diputado del PSOE, ante el Congreso. / A. Tanarro
JUAN LUIS GORDOSegovia

La vigente Constitución es la más longeva del constitucionalismo español y la que más bienestar, estabilidad, prosperidad, derechos y libertades ha proporcionado a los españoles. Desde la Constitución de 1812, ‘la Pepa’, hasta el día de hoy España ha contado con 10 textos constitucionales. Todos terminaron como el rosario de la aurora. Ningún cambio se efectuó siguiendo los preceptos recogidos en la propia constitución, sino de forma convulsa. Los tiempos por suerte han cambiado. En la España del siglo XXI el Estado de Derecho y la soberanía nacional constituyen las piedras angulares del Estado español, como hemos podido comprobar ante el desafío independentista catalán.

El año 78 de la pasada centuria era muy diferente al momento actual. En el tiempo transcurrido han sucedido importantes acontecimientos: nos hemos integrado en la Unión Europea; internet está presente en nuestras vidas de forma cotidiana; el mundo está globalizado; han aflorado nuevos derechos como consecuencia de los avances tecnológicos y formas de vida. De ahí la necesidad de evolucionar y adaptar nuestro marco de convivencia y la organización de las instituciones a los nuevos tiempos. La Constitución del 78 está mayor, pero sigue estando plenamente vigente y la mayoría de sus preceptos forman y deben seguir formando parte de los valores y principios constitucionales que han de presidir nuestra Carta Magna. Nació en un momento de fuerte incertidumbre política en nuestro país. Pronto se manifestaron algún error de diseño y otros sobrevenidos, como consecuencia de la indefinición y ambigüedad con la que se afrontó la regulación de un futuro incierto.

El modelo territorial ha suscitado los mayores problemas. Las competencias de las comunidades autónomas quedaron abiertas e indeterminadas, al igual que su financiación, lo que ha generado y sigue creando tensiones, algunas muy graves, con el Estado, que se han traducido en una alta conflictividad ante el Tribunal Constitucional y en deslealtades manifiestas, como pone de manifiesto la casuística política de esta época. El Senado se ha manifestado como una cámara de segunda lectura redundante, pero poco o nada representativa de los territorios y que no aporta valor en las relaciones transversales entre comunidades y con el Estado. En este tiempo Europa ha configurado un ordenamiento jurídico propio que no tiene reflejo en la Constitución. Y existen derechos sociales que no están suficientemente blindados, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en la última crisis económica. El derecho de acceso a la Corona, discriminando a la mujer frente al hombre, es otro anacronismo no propio de los tiempos que vivimos, aunque hay quienes perciben este mismo problema en la propia institución.

La reforma de la Constitución no es fácil. La actual en su día fue refrendada por el 87,78 por ciento de los españoles. Cualquier reforma constitucional requiere un amplio consenso para su legitimación democrática, y ese nivel de referencia marca un mínimo. Requiere ante todo voluntad de pacto y consenso. Debe responder a un consenso político y social con amplias dosis de diálogo y tolerancia, en el que con carácter previo se haya delimitado el objeto, alcance y contenido. Además de los grandes partidos, en el pacto se necesita el concurso de los que grandes partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. De lo contrario el fracaso está garantizado y las tensiones también. La Constitución nacería fuertemente herida. Una situación que se complica si nos atemos a las fuertes divergencias de las posiciones de partida de los grupos políticos presentes en el parlamento en el momento actual: el PP quiere efectuar las adaptaciones imprescindibles; el PSOE apuesta por una reforma federal; Podemos defiende el derecho de autodeterminación; C’S apuesta por recentralizar el poder; PNV, ERC y PDeCAT abogan por posiciones soberanistas. Saquen ustedes las conclusiones oportunas ante estas posiciones de divergencia estructural.

La dificultad de la reforma constitucional se agrava por el procedimiento excesivamente rígido que contempla la CE del 78. La reforma del contenido de los derechos fundamentales y de la Corona requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara, la inmediata disolución de las Cortes, ratificación de la decisión y su posterior sometimiento a referéndum; la reforma del resto del articulado –como la reforma del Tratado de Maastricht (1992) o la reforma exprés del artº. 135(2011)– necesita una mayoría de tres quintos y un referéndum siempre que lo exijan al menos 35 diputados. Podemos ya lo ha anunciado. Difícil empresa tanto la reforma parcial como la reforma integral, al menos con las condiciones de entorno actual. Como alternativa la arquitectura legislativa puede dar respuesta a las necesidades más imperantes reformando leyes transversales, como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas o diferentes leyes de bases y orgánicas. La potencialidad de la actual Constitución es mayor de la que piensan muchos de sus detractores. Gracias a sus preceptos han podido crecer y ganar bienestar muchos españoles humildes, equiparando a nuestro país con otros muchos de la OCDE. Y no sólo ha garantizado e impulsado derechos y libertades, sino también la unidad de mercado, clave del progreso social en un mundo globalizado. Un principio al que no podemos renunciar en el futuro, salvo que queramos quebrar la solidaridad y la cohesión social y territorial del Estado español.

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