Ciudadanos salva al concejal de Urbanismo de la reprobación

En el centro, el concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfonso Reguera, escucha las intervenciones en el pleno del Ayuntamiento de Segovia de este viernes. /Antonio de Torre
En el centro, el concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfonso Reguera, escucha las intervenciones en el pleno del Ayuntamiento de Segovia de este viernes. / Antonio de Torre
Segovia

La abstención de las dos concejalas del grupo naranja impide que prospere la moción de IU contra Alfonso Reguera, apoyada por las bancadas de PP y UPyD-Centrados en Segovia

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

Votos a favor, los del portavoz de Izquierda Unida (IU) y las manos levantadas de los ocho ediles del Partido Popular (PP) y de los dos de UPyD-Centrados en Segovia. En contra, los diez del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de la capital. Abstenciones, las dos de la formación de Ciudadanos (C´s).

Así ha quedado el resultado de la votación tras un tenso debate sobre la actuación del concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfonso Reguera, y de la alcaldesa, Clara Luquero, en el caso de la prescripción de la infracción urbanística cometida por el que fuera concejal y compañero en las filas municipales del PSOE, Juan Cruz Aragoneses.

El caso Aragoneses estará dentro de la auditoría a Urbanismo, anuncia Luquero

El debate de la moción sobre la reprobación del concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, tenía una segunda parte en la que IU, PP y UPyD-Centrados en Segovia exigían una rectificación a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, por haber quitado importancia a la infracción urbanística de su excompañero en las filas socialistas del Ayuntamiento, Juan Cruz Aragoneses. La regidora ha replicado que sus manifestaciones se sacaron de contexto. Asimismo, ha reiterado el volumen ingente de expedientes que tramita Urbanismo, que abre unos 3.000 nuevos al año, y muchos son de restauración de la legalidad. Luquero ha precisado que a veces se encuentran con «verdaderos atentados y con delitos muy graves». Por otra parte, ha anunciado que la auditoría externa a la que se someterá el departamento de Urbanismo, como se acordó hace unos meses a instancia de Ciudadanos, se va a realizar en breve, y el asunto de la infracción urbanística de Juan Cruz Aragoneses «va a ir dentro». Por lo tanto, se investigará si hubo o no negligencia que supusiera la prescripción de la notificación de inicio del expediente de restauración de la legalidad. De momento, Alfonso Reguera ya anticipado que «no hay responsabilidad política porque nadie ha dicho que se entrega tarde».

La moción presentada y defendida por el portavoz de IU, Ángel Galindo, instaba a pedir la reprobación de Reguera, a quien el edil de la coalición de izquierdas sigue sin creer tras las explicaciones ofrecidas en la sesión plenaria de este viernes. Tampoco se fían en la bancada popular, cuya portavoz quiso ser «más beligerante» en sus argumentos de apoyo a la iniciativa de Izquierda Unida. Raquel Fernández ha recordado a su homólogo en el equipo de gobierno de la corporación que Juan Cruz Aragoneses «dimitió precisamente por esto». Es decir, por las irregularidades juzgadas en los tribunales que se detectaron en el proyecto de construcción llevado a cabo en una vivienda sita en la calle de San Vicente el Real.

Entonces, Aragoneses era concejal de Urbanismo y la mano derecha del alcalde, Pedro Arahuetes. Reguera tampoco ha convencido a UPyD-Centrados de Segovia. Su portavoz, Cosme Aranguren, ha esgrimido, entre otros motivos, que un decreto firmado por la propia regidora el pasado junio «eximía» a Juan Cruz Aragoneses. Asimismo, ha puesto de relieve que el Ayuntamiento «rebajó de muy grave a grave» la catalogación del expediente sancionador, dividiéndola entre cuatro y aplicando el cuartil mínimo. En esta línea, Fernández ha puesto sobre la mesa la discriminación en la cuantía de la multa a los arquitectos del caso de los miniapartamentos del Eresma, que fue de 122.000 euros, y la impuesta a los de este expediente, que se ha quedado en 8.000 euros.

Por su parte, el autor y defensor de la moción de reprobación, Ángel Galindo, ha incidido en «el supuesto trato de favor hacia un excompañero» con el que ha actuado el actual equipo de gobierno socialista. «¡No puede ser que cuatro listos campen a sus anchas y se vayan de rositas!», ha exclamado el concejal de IU.

La propiedad personalizada en la expareja

Le tocaba a Alfonso Reguera explicar la actuación del Consistorio. El responsable del área de Urbanismo y portavoz del PSOE ha pormenorizado el proceso seguido. Antes, ha reclamado a Galindo que retirara de la moción que si Aragoneses se ha librado del expediente sancionador por una infracción grave ha ido gracias a la «más que posible intencionalidad» por no haber tomado las medidas oportunas para la restauración de la legalidad. Y así lo ha hecho, aunque el fondo de la moción permanecía intacto: Cuáles han sido las causas por las que la notificación al exconcejal socialista del inicio del procedimiento de restauración de la legalidad se produjo tres días después de expirar el plazo estipulado.

Reguera ha diferenciado entre expedientes. En cuanto al sancionador, ha recordado que la demanda contra la obra de la vivienda de Juan Cruz Aragoneses se produjo «por una 'vendetta'» de los promotores de la parcela de los miniapartamentos ilegales del Eresma. Dicho trámite sancionador «se inicia e tiempo y forma», ha apostillado el portavoz del equipo de gobierno municipal, quien ha explicado que la propiedad era compartida por Aragoneses y la que entonces era su pareja, Felisa Torrego. Y es en ella sobre la que se personaliza la titularidad del inmueble de la discordia.

En cuanto a si la cuantía de la multa fue recortada o si era injustamente barata, como han insinuado en la oposición, Alfonso Reguera ha aseverado que se el importe «se adecúa al daño producido». En este caso, el coste de la demolición ascendía a casi 31.000 euros y se impone una sanción total de 27.500 euros. En esta línea, ha replicado a las críticas sobre la gravedad de la infracción amparándose en el exceso de edificabilidad objeto de la sanción. En total, esa diferencia era de 10,09 metros cuadrados sobre un total de algo más de 173.

Puede haber habido «obstaculización»

Dicho expediente va a nombre de la propiedad, es decir, de la pareja del antiguo concejal, porque, entre otras razones, «en todas las licencias figura su nombre». El portavoz socialista agrega en su exposición que Aragoneses «era propietario del suelo, pero sobre éste no consta ninguna actuación». Para apuntalar su explicación, Alfonso Reguera ha añadido que «en al menos cinco ocasiones, Felisa Torrego asume el 100% de la responsabilidad». Con este argumento, el concejal de Urbanismo y Hacienda ha concluido que con «tener la sanción en una de las dos personas de la propiedad es más que suficiente».

Sobre la prescripción por tres días, Reguera ha alegado que la por entonces pareja de su excompañero en el Ayuntamiento de la ciudad «se ha negado recoger cualquier notificación en nombre de Juan Cruz Aragoneses». Lo que sí intuye el representante municipal es que ha podido haber una cierta «obstaculización» para hacer llegar al exedil el inicio del expediente de restauración de la legalidad, que por cierto la alcaldesa ya ha anunciado que va ir para adelante, a pesar de haberse pasado de la fecha. Así, Luquero ha confirmado lo que dijo ante los periodistas este jueves, que el Consistorio recurrirá al Tribunal Superior de Justicia aunque haya reconocido que se pasó del plazo.

C's solicita una investigación

A la hora de votación de la reprobación, las dos abstenciones de las concejalas de Ciudadanos han escenificado las dudas que le generaba la moción de IU. La portavoz del grupo, María José García Orejana primero ha pedido pruebas de una ilegalidad urbanística grave y de cómo ha procedido el Ayuntamiento, y más concretamente el departamento de disciplina urbanística, para poder exigir responsabilidades y depurarlas si, en efecto, ha habido una negligencia.

En esta línea, también ha solicitado una «investigación independiente y veraz» para no caer el prejuicios. Estos argumentos le han valido las críticas de IU y PP, que han recriminado al grupo de Ciudadanos su tibieza ante un hecho que consideran «muy grave». Galindo se ha dirigido a García Orejana para reprocharle el hecho de «volverse cómplices cuando supuestamente habían venido a regenerar la política», y le ha recordado que fue la Audiencia Provincial la que decretó la gravedad de la infracción urbanística en la que incurrió el exconcejal.

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