El Ayuntamiento de Segovia recibe 400 recursos contra el impuesto de plusvalías

Una mujer coloca el cartel de 'se vende' en un piso de la capital segoviana. /El Norte
Una mujer coloca el cartel de 'se vende' en un piso de la capital segoviana. / El Norte

La mayoría de las reclamaciones que tramita el Consistorio tienen que ver con liquidaciones que luego se quieren anular

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

El Tribunal Constitucional abrió la puerta, hace prácticamente un año, a un aluvión de reclamaciones de ciudadanos que habían tributado por estar sujetos el impuesto municipal de plusvalías. A grandes brochazos, el fallo judicial venía a decir que, si no había habido ganancia económica en la operación de venta del inmueble, el contribuyente podía solicitar la devolución de la cantidad abonada. A los ayuntamientos de España, incluido el de Segovia, les entraron sudores fríos sin llegar a entrar en un estado de pánico. Las ajustadísimas cuentas que cuadran cada ciudad iban a sufrir un descosido. Solo faltaba saber la dimensión del roto.

Los consistorios asumieron rápidamente el trastorno que la aplicación de la resolución judicial iba a suponer para las arcas de cada municipio. Y sobre todo, aceptaron el tijeretazo a los ingresos y su mella en la planificación de las inversiones en el proyecto de presupuestos para este curso.

Un año después de aquella sentencia del Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento de Segovia calcula que los recursos tramitados en sus oficinas debido al impuesto municipal de plusvalías rondan los 400. El concejal de Hacienda y Urbanismo, Alfonso Reguera, matiza que en ese volumen de reclamaciones es acumulado. Es decir, no se circunscribe solo a las recibidas a raíz del fallo judicial de 2017. Así pues, los técnicos estudian reclamaciones de ejercicios anteriores. La calculadora municipal para descifrar la cuantía total a la que ascienden las demandas no se atreve a determinar un montante concreto.

Liquidar y anular

Reguera prefiere ser prudente, ya que «la casuística con la que nos hemos encontrado es muy amplia y diferente». Y por lo tanto, las cantidades reclamadas también varían. La mayoría de los recursos presentados por contribuyentes segovianos ante el Ayuntamiento corresponden a una primera alegación para pedir la liquidación del impuesto, que a posteriori tratan de anular. En torno a 230 tramitaciones van por estos derroteros. Asimismo, hay un notable volumen de reclamaciones (alrededor de 80, según indica el concejal) amparadas en que el contribuyente no estaba sujeto a esta tributación. En el resto de casos, las motivaciones son diversas, apostilla el también portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento.

Alfonso Reguera advierte de la complejidad que encierra definir la repercusión de la aplicación de la sentencia del Constitucional, ya que además hay demandas que han cogido el camino de los juzgados y liquidaciones que no se han emitido. En cualquier caso, la cocina de los presupuestos municipales aprobados para este año ya tenía prevista la quita aparejada a la anulación del impuesto de plusvalías.

En el Congreso

El equipo de gobierno del Consistorio segoviano confeccionó la contabilidad del ejercicio en curso en función de una reducción de los ingresos valorada en cerca de 1,4 millones de euros debido precisamente a la suspensión de dicha tributación por la venta de viviendas con pérdidas. De todos modos, el concejal de Hacienda y Urbanismo hace hincapié en que esta situación puede cambiar. Reguera se queja de la «indefinición e inseguridad» legal que está transmitiendo el Ejecutivo de la nación a los ayuntamientos al no haber regulado todavía por medio de una ley o un decreto el nuevo marco de las plusvalías establecido por el fallo de hace un año.

«Sabemos que hay un procedimiento ordinario abierto, pero de momento no hay nada y tampoco se espera nada», critica el edil segoviano. Lo cierto es que doce meses después, el Congreso continúa inmerso en la reforma de este impuesto que presentó el Partido Popular (PP).

La medida contempla que el gravamen no se aplique cuando no se hayan producido ganancias en la venta del inmueble. Para ello bastará con mostrar el precio de la compra fijado en las escrituras con el de la venta para comprobar la diferencia. Los documentos deberán ser verificados por la Agencia Tributaria.

Al retraso que acumula el Gobierno central se suma el riesgo que corren los consistorios (o mejor dicho, sus arcas) ante la posibilidad de tener que reintegrar parte de los importes cobrados de forma indebida durante los años no prescritos. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llegó a advertir al Ministerio de Hacienda de que le pasarían la factura en esa hipótesis.

«Como hasta ahora»

Así pues, la incertidumbre que expresa el concejal segoviano es compartida por muchos ayuntamientos de España, que suspendieron la tributación del impuesto pero que no esperaban que la reforma legal se demorara tanto en el tiempo y que el limbo actual se alargara sobremanera. Los ayuntamientos no saben a qué atenerse. En este sentido, el Consistorio de Segovia tiene claro que los contribuyentes deben continuar «como hasta ahora», insta el concejal de Hacienda. Es decir, que en caso de que les corresponda, presenten la autoliquidación.

Conviene recordar que la cuantía a la que asciende anualmente el cobro de los derechos gananciales derivados del impuesto de plusvalías municipales varía. Esa cifra depende de, por ejemplo, las herencias que se registren ese curso. Para muestra, el botón del ejercicio 2016, cuando las arcas del Consistorio de la capital recaudaron por este derecho casi 2,8 millones de euros; mientras que en 2015, ese montante fue de 3,5 millones; y en 2014, la tributación alcanzó los 2,3 millones.

Cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional, se apuntó la opción de que los contribuyentes afectados pudieran recuperar lo pagado de más a los ayuntamientos en los últimos cuatro años, unos 4.500 euros de media. En el caso de la provincia segoviana habría unos 1.900 perjudicados, si se tiene en cuenta el número de inmuebles que, según la sociedad de tasación Tinsa, ha tributado de más por este impuesto.

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