El Ayuntamiento ofrece 3,2 millones por el ‘parking’ de José Zorrilla y la empresa pide 15

Entrada principal para vehículos del ‘parking’ de José Zorrilla, con un cartel que anuncia su cierre al público desde octubre de 2015.
Entrada principal para vehículos del ‘parking’ de José Zorrilla, con un cartel que anuncia su cierre al público desde octubre de 2015. / Antonio Tanarro

El Consistorio solicitará la recuperación de la infraestructura para ponerla en funcionamiento

QUIQUE YUSTESegovia

El Ayuntamiento de Segovia ya tiene en su poder el informe realizado por la auditora GRM Audit relativo a la liquidación del contrato de concesión (y los correspondientes daños y perjuicios) del parking de José Zorrilla. Se trata de una auditoría independiente solicitada por el Consistorio de la capital, diferente a la realizada por los técnicos municipales, con la que el equipo de gobierno socialista pretende estar avalado de cara a un futuro y previsible enfrentamiento judicial la UTE concesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla.

El informe elaborado por la auditora madrileña concluye que la cantidad que el Ayuntamiento debe abonar a la UTE Collosa-Pigsur es de 3.230.784 euros, cifra a la que habría que descontar después lo que decida la inspección de servicios sobre el mantenimiento. «La cantidad viene condicionada en buena medida por los términos del contrato que en su momento firmó el entonces alcalde, José Antonio López Arranz, en los que se estimaba un estudio elaborado por la propia concesionaria en el que le otorgaba una capacidad de beneficio de un 11,19% sobre la inversión realizada», indicó el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, quien recordó que la inversión que se realizó en su momento fue de 3.392.000 euros y que la cantidad solicitada por la concesionaria del parking para liquidar el contrato asciende hasta los 15,4 millones. La diferencia, según Reguera, «está en el tipo de descuento» aplicable a la liquidación completa del contrato que concluía en 2052. «No es lo mismo un tipo de interés del 7% que planteamos nosotros que del 2 o del 1,5% que plantean ellos», explicó.

La concesionaria del aparcamiento reclama una indemnización de 15 millones de euros

Con semejante diferencia entre las cifras calculadas por ambas partes, será el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Segovia el que decidirá finalmente (salvo acuerdo improbable entre las partes) la cantidad que el Ayuntamiento tendrá que desembolsar en cumplimiento con la sentencia de ese mismo juzgado, ratificada a posteriori por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se daba la razón a la UTE Collosa-Pigsur en su reclamación de resolución del contrato de explotación por causa imputable a la Administración. «Es bastante probable que la empresa no acepte esta cifra y acabamos en los tribunales de justicia. Por eso tomamos la decisión de contratar una empresa consultora especializada en estos temas para estar avalados», declaró la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero. A principios de mes se inició el procedimiento administrativo de liquidación que, en opinión de Alfonso Reguera, acabará en los tribunales. «El Ayuntamiento no va descalzo. Vamos muy bien cubiertos técnicamente y esperamos que el asunto quede en lo que hemos dicho. Nos consta que la otra parte lo reconoce, pero quiere ir al juzgado por si cae la propina», remató el concejal, quien confesó que la concesionaria «propuso que nos olvidáramos de la sentencia, liquidásemos los cuatro millones y continuar con la contrata garantizándoles un 11%».

Partidas de 2017

Para hacer frente a los 3,2 millones calculados por la auditoría –y siempre y cuando el juzgado de la razón a las cuentas presentadas por el Consistorio–, el equipo de gobierno ya ha decidido de donde sacará los fondos necesarios para liquidar definitivamente el contrato. Una parte, 1.134.000 euros, ya figuran en los presupuestos municipales del presente ejercicio; otra, la correspondiente al valor actual del aparcamiento (calculado por la auditoria en 1.298.000 euros), procederá de los remanentes de tesorería de 2016 al tratarse de una inversión financieramente sostenible; mientras que la última, de unos 800.000 euros, saldrá de una ampliación de crédito «que podríamos asumir sin romper el techo de gasto», según Reguera, que también apuntó que si la decisión del juzgado no se produjese este año «el dinero quedará consignado y se pagaría en su momento».

Con la judicialización del proceso el equipo de gobierno también solicitará la recuperación de la infraestructura para que pueda estar en servicio «lo antes posible». En un primer momento, su gestión será municipal, mientras que a largo plazo el Ayuntamiento estudiará si inicia un nuevo proceso de licitación.

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