La cúpula de Caja Segovia se sentará en el banquillo por las prejubilaciones millonarias

Atilano Soto sale de los juzgados de Segovia tras prestar declaración en enero de 2014./Antonio Tanarro
Atilano Soto sale de los juzgados de Segovia tras prestar declaración en enero de 2014. / Antonio Tanarro

La Audiencia rechaza el recurso de apelación contra el procesamiento de seis exdirectivos de al entidad de ahorro

QUIQUE YUSTE

Ya no hay vuelta atrás. Habrá juicio oral contra la cúpula que decidió cuánto y cómo tenían que cobrar los altos directivos de la difunta Caja Segovia. La Audiencia Provincial de Segovia ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por Atilano Soto (presidente), Manuel Agudíez (vicepresidente), Elena García Gil (vicepresidenta segunda), Manuel Escribano (director general), Antonio Tapias (secretario general) y Enrique Quintanilla (director de recursos humanos) contra el auto del pasado 29 de agosto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital, en el que resolvía los recursos de reforma interpuestos por los seis exdirectivos de la entidad de ahorro contra el auto del 7 de marzo. En dicho escrito se les encausó por el caso de las prejubilaciones millonarias de la extinta entidad de ahorro al entender que existen indicios de un supuesto delito de aprobación indebida y de otro de administración desleal.

En un auto del pasado 4 de diciembre, la Audiencia Provincial desestima los argumentos de los encausados, quienes alegaron que «no existen indicios delictivos en los hechos investigados, interesando el sobreseimiento de las actuaciones, ya sea provisional o libre», razonamiento que la Sala rechaza al considerar que dicha decisión ya fue tomada en el auto del pasado 27 de enero (en el que se revocó el sobreseimiento del caso, archivado en junio de 2016 por el Juzgado número 2 de Segovia). Al auto del pasado enero también se refiere la Sala para rechazar los argumentos contra la determinación de la Fundación Caja Segovia como perjudicada en el caso.

En su auto, la Audiencia Provincial considera que «no se ha producido ninguna situación nueva ni practicado nueva diligencia que introduzca en la causa nuevos datos», por lo que la Sala entiende que «se pretende revisar una decisión ya adoptada y que es firme». En este sentido, el auto recuerda que en su resolución anterior ya se manifestó que las diligencias previas se habían dilatado «de forma excesiva» en el tiempo, en una causa que se inició en 2011, tiempo «más que sobrado» para que las partes hayan podido solicitar todas las diligencias que consideren oportunas. Por este motivo, la Sala considera «una táctica dilatoria» la pretensión de realizar nuevas diligencias con el objetivo de prolongar indefinidamente el procedimiento y dificultar la decisión sobre los hechos introduciendo una mayor cantidad de documentación, que no se tendrá en cuenta a menos que pueda resultar «absolutamente imprescindible».

Mediados de 2018

Aunque en su auto la Sala confirma que todavía no se ha dictado el auto de apertura del juicio oral, los cálculos de las partes estiman que habrá que esperar unos seis meses para ver a la cúpula de Caja Segovia en el banquillo de los acusados. El siguiente trámite es la formulación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y de las acusaciones particulares –Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas ejercen la acusación popular–, así como de los escritos de las defensas.

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