Atilano Soto: «No entiendo la fianza, vivo en un piso de alquiler y el coche no es mío»

Atilano Soto (segundo por la izquierda), en una Imagen de archivo de marzo de 2007, con Elena García Gil, Manuel Agudíez y Manuel Escribano, tras una reunión de Caja Segovia. /Antonio de Torre
Atilano Soto (segundo por la izquierda), en una Imagen de archivo de marzo de 2007, con Elena García Gil, Manuel Agudíez y Manuel Escribano, tras una reunión de Caja Segovia. / Antonio de Torre

El expresidente de Caja Segovia afirma que la apertura del juicio oral «no me ha cogido desprevenido»

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

El expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, declina hacer declaraciones sobre el auto judicial que decreta la apertura del juicio. «No me ha cogido desprevenido, pero son cuestiones muy técnicas y prefiero no opinar, y no creo que haga declaraciones más adelante», manifestó ayer. No obstante, dijo algo respecto a la fianza que le requiere el juez, solidaria con los otros cinco acusados y de más de 24 millones: «No lo entiendo ni sé que pasará, vivo en un piso de alquiler y el coche no es mío».

En este prolongado y proceloso proceso judicial Soto ha hecho otras declaraciones, en persona o a través de su abogado, el prestigioso penalista Luis Rodríguez Ramos. Fue más locuaz cuando el Juzgado acordó el archivo provisional el pasado verano: «Supone una gota de serenidad en un paisaje enturbiado por intereses espurios», declaró, y añadió para explicar su abstención de hablar casi total desde 2013 que «quiero paz, y el precio de esa paz ha sido mi silencio».

Lamentaba entonces Soto, en julio del año pasado, el «comportamiento tribal» de una parte de la sociedad segoviana, de quienes le increparon en la calle, sobre todo porque él fue un presidente «honorífico, no ejecutivo, que no tenía sueldo ni tarjetas ‘black’».

Víctimas

Tras una comparecencia ante el Juzgado en 2014, afirmó que estaba «tranquilo porque he intentado aclararlo todo». Pero fue mucho más explícito su letrado, que ha sido su voz estos años. Rodríguez Ramos aseguró que «cuando la Caja aprobó las prejubilaciones estaba saneada y con grandes beneficios», y remarcó que Atilano Soto y Manuel Escribano eran «víctimas de un linchamiento» y están convencidos de que, con este proceso, son «víctimas de un error y del populismo».

Otra frase del abogado, de hace menos de un año, resume el sentir de muchos de los procesados: «Que unas prejubilaciones jugosas generen envidia no significa que sean ilegales».

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