Aragoneses, exedil socialista, se libra in extremis de una sanción urbanística

Vista de la casa sometida a expediente de disciplina urbanístico en el barrio de San Lorenzo. /El Norte
Vista de la casa sometida a expediente de disciplina urbanístico en el barrio de San Lorenzo. / El Norte

El PP cree que el equipo de gobierno «ha dejado morir» el expediente, notificado tres días después de que se cumpliera el plazo de prescripción

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

El expediente que le costó la dimisión como concejal de Urbanismo a Juan Cruz Aragoneses en el último mandato de Pedro Arahuetes ha caducado, según la sentencia que ordena el archivo del expediente sancionador por infracción urbanística grave. a alcaldesa, Clara Luquero, considera que el expediente no ha caducado y señala que «los técnicos municipales y los jurídicos consideran, avalados por la jurisprudencia, que el proceso de restitución de la legalidad no está caducado por lo que se recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

Pero el grupo municipal del Partido Popular cree que la caducidad del expediente ha sido buscada a propósito por el equipo de gobierno socialista. Raquel Fernández, portavoz del PP, declaró ayer que «pensamos que el asunto se ha dejado morir y no ha sido tratado con la diligencia debida, al ser una infracción grave». Así se lo parece al considerar que las infracciones urbanísticas graves o muy graves tienen un plazo de prescripción de cuatro años, y en este caso «hay un exceso de tres días después de ese plazo en la notificación».

El exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses se enfrentaba a una sanción de entre 3.000 y 5.000 euros por las irregularidades en la ejecución del proyecto de la vivienda que compartía con su pareja, Felisa Torrego, en la calle de San Vicente el Real. El área de Urbanismo del Ayuntamiento tramitaba el expediente sancionador, reanudado tras la suspensión obligada por el proceso penal iniciado a instancia del arquitecto implicado en el ‘caso de los miniapartamentos’, causa que fue finalmente archivada por la Audiencia Provincial.

Trato desigual

Sin embargo, el expediente ha caducado al haber sido notificado tres días después de que concluyera el plazo de prescripción, que es de cuatro años, y, en opinión de la portavoz del PP, revela que «el trato no es igual para todos los vecinos», pues en otros casos de disciplina urbanística se ve «un afán persecutorio y un marcaje directo».

Fernández comentó que, frente al trato discriminatorio favorable en el caso del exconcejal, hay otros «con nombre y apellidos» en los que el equipo de gobierno ha actuado «con voracidad», y citó la pantalla publicitaria en el chaflán del edificio de las calles Cervantes y Santa Engracia, en el que se ha actuado «con celeridad» aunque el Ayuntamiento haya perdido el pleito, y también el caso de los miniapartamentos (en el que estuvo implicado el exconcejal del PP Ángel Sancho), que consideró «similar» y en el que, recordó, el final fue «con foto de la alcaldesa subida en una excavadora y con un mensaje de lucha contra la corrupción».

Reclamó Raquel Fernández «responsabilidades políticas o técnicas» para este asunto que, en su opinión, debe investigar Clara Luquero porque «es uno de los pocos casos con infracción urbanística tipificada como muy grave que ha prescrito por tres días». Para los populares es obvio que «si el expediente de infracción se ha dejado morir es porque hay un responsable político o técnico, y es lo que hay que dilucidar».

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