El cobro del impuesto de plusvalías deja 1.900 afectados en la provincia

Acceso a la sección de Tributros en la Casa Consistorial de Segovia.
Acceso a la sección de Tributros en la Casa Consistorial de Segovia. / Antonio de Torre
  • Son contribuyentes que han tributado a sus ayuntamientos por la venta de un inmueble que ha pedido valor desde su adquisición

  • La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, acata la decisión del Constitucional y pide la modificación de la ley

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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la no aplicación del impuesto municipal de plusvalía si no hay ganancia en la venta de un inmueble va a tener su repercusión en el Ayuntamiento de Segovia, deduce la alcaldesa, Clara Luquero, quien no acierta a concretar las reclamaciones que ya se han producido y que pueden llegar a formalizarse por parte de contribuyentes que se sientan damnificados.

La regidora admite la constancia de que ha habido recursos, pero añade que al Consistorio no le cabe más remedio que acatar la ley. La decisión judicial complica los ingresos de las administraciones locales de toda España, no solo de la segoviana, incide Luquero.

En este sentido, se hace eco de las reacciones que se han producido en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias al respecto y que derivan en la reclamación dirigida a la Administración del Estado para que «mueva ficha y modifique la ley» con el fin de hacerla acorde a la nueva situación que plantea el Constitucional.

Caer en la incoherencia

Ese escenario judicial ampara las tesis defendidas hasta ahora por los contribuyentes damnificados que tributaron por el impuesto municipal pero que, sin embargo, realizaron una transmisión inmobiliaria por menos dinero del que costó su adquisición, con la consiguiente pérdida de dinero.

Para Luquero, es la crisis la que ha hecho que se hayan depreciado los valores catastrales, «y ahí está la incoherencia» de tener que tributar cuando la operación resulta negativa para los intereses económicos del ciudadano.

Un estudio elaborado por Reclamador.es, compañía 'online' de reclamaciones, indica que «los usuarios pueden recuperar lo pagado de más a los ayuntamientos en los últimos cuatro años, unos 4.500 euros de media». En el caso de la provincia segoviana, el portal calcula que hay 1.900 afectados, si se tiene en cuenta el número de inmuebles que, según la sociedad de tasación Tinsa, ha tributado de más por este impuesto. Si se aplica el montante medio al que ascienden las reclamaciones, el estudio de la compañía señala que las potenciales demandas de devolución de los contribuyentes implicados sumarían en torno a 15,2 millones de euros en el cómputo provincial.

Los ingresos varían

Conviene recordar que la cuantía a la que asciende anualmente el cobro de los derechos gananciales derivados del impuesto de plusvalías municipales varía, ya que depende de, por ejemplo, las herencias que se registren durante el curso correspondiente.

Para muestra, el botón del ejercicio pasado, cuando las arcas del Consistorio de la capital segoviana recaudaron por este derecho casi 2,8 millones de euros; mientras que en 2015, ese montante ascendió a 3,5 millones; y en 2014, se quedó en 2,3 millones.

Cuando a finales del pasado febrero ya se conoció una primera sentencia del Constitucional que declaraba fuera de la Carta Magna varios artículos de la norma foral a través de la cual la Diputación de Guipúzcoa regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el equipo de gobierno municipal ya opinaba prudentemente que si hay una quita de la tributación, se deberá sustituir por otra figura impositiva.