Los apartamentos turísticos se topan con el futuro urbanismo de Segovia

Vista de parte del casco histórico de la ciudad de Segovia.
Vista de parte del casco histórico de la ciudad de Segovia. / Antonio de Torre
  • El Plan Especial de Áreas Históricas no contempla la actividad de alojamientos para las viviendas del casco antiguo, minetras que la nueva norma regional relaja las condiciones de estos negocios

  • Una de las opciones que baraja el Ayuntamiento es autorizar la existencia de pisos turísticos agrupados en un bloque común, aunque «nada es inamovible», precisa el concejal Alfonso Reguera

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Que complicado es encontrar la escala justa de grises entre el negro y el blanco. Esos tonos que aunque no agraden a todos, tampoco han de provocar el rechazo unánime. Hay que combinar, probar, ensayar, fallar y volver a mezclar hasta que se da con la fórmula adecuada, la que no chirría. Ese juego cromático, trasladado al tablero de las competencias administrativas, es al que van a volver a jugar las instituciones local y autonómica.

Esta vez tendrán que encontrar el consenso entre el planeamiento que ordenará el urbanismo del casco histórico y la nueva regulación regional en materia turística que clasifica las unidades de alojamiento. Ya no se hablará solo de hoteles, hostales, pensiones, campings o casas rurales. Surge la inscripción de la vivienda vacacional como apartamento turístico.

Los titulares de esta modalidad de negocio aguardan ya el nuevo marco regulador del Ejecutivo regional que les dé cobijo en el circuito; porque, de momento, están funcionando de manera transitoria al amparo de la norma autonómica que les brindó una moratoria para su adaptación, como recuerdan en el Servicio Territorial de Cultura de la Delegación de la Junta.

La expectativa está justificada, como se deduce de lo que dice el presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, Domingo Asenjo. Recuerda que hace unos meses hubo un fuerte movimiento de oposición a la restrictiva regulación que pretendía imponer y aplicar la Administración autonómica, ya que podía «dejar en situación irregular a casi un centenar de viviendas» dedicadas al alojamiento de turistas. en la provincia.

A falta de tres meses

Aquel rechazo causó su efecto y la Junta optó por abrir el paréntesis de una moratoria para que los propietarios adaptaran sus negocios. El tiempo corre y faltan poco menos de tres meses para que expire el plazo. El 17 de agosto acaba el periodo extra abierto por la Dirección General de Turismo para que estas viviendas de una única unidad de alojamiento, inscritas hasta ahora como apartamentos, deban pasar a la nueva clasificación si quieren continuar con su actividad turística, advierte el Servicio Territorial de Cultura.

Se jefa, Ruth Llorente, se muestra satisfecha con la campaña de información llevada a cabo para asesorar a los implicados en los trámites de adaptación a la nueva regulación. No en vano, los propietarios de estos pisos «tendrán que cumplir unos requisitos técnicos mínimos y básicos» para convertir esas residencias en viviendas vacacionales de uso turístico. Llorente especifica que no se establecen categorías.

La responsable del Servicio Territorial de Cultura añade un matiz que no es menor. De hecho, es el quid del posible conflicto de competencias. El mero cumplimiento de la norma regional «no quiere decir que se pueda acceder a la actividad», asegura. Hay más habilitaciones que van a necesitar estos negocios; pero la Administración regional ya anticipa que se escapan a su radio de acción competencial.

Un cúmulo de autorizaciones

Por ejemplo, esos apartamentos necesitarán el visto bueno urbanístico, además de toda amoldarse a toda una serie de normas para operar dentro de la legalidad. En esa extensa relación, por citar solo algunas de las materias a las que han de someterse, figuran las regulaciones en el ámbito sanitario y de consumo, de seguridad, de accesibilidad y supresión de barreras físicas, de prevención de incendios, de protección del medio ambiente, de edificación y construcción, etcétera. Por lo tanto, Llorente advierte de que hay más instituciones y organismos implicados, y no solo la Junta.

Y entre los competentes a los que interesa, y mucho, cómo se va a regular la oferta de viviendas de uso turístico, está el Ayuntamiento de la capital segoviana. No en vano es el responsable de la política y gestión urbanística a la que han de plegarse los titulares de esta nueva clasificación de alojamientos. El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, asume que habrá que sentarse para hallar un espacio de encuentro con lo que estipula la Junta en la norma.

A pesar de que el servicio territorial pone la pelota en el tejado del Consistorio, el edil está convencido de que hay que consensuar. Y es que, de partida, el texto original del deseado y demorado Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) no contemplaba el uso turístico de viviendas dentro de su radio de influencia.

Es decir, que este tipo de unidades de alojamiento quedarían fuera de las reglas de juego ideadas en un principio para fijar las bases jurídicas y urbanísticas que han de ordenar más de 2.000 hectáreas de suelo rústico, urbanizable y urbano del casco histórico.

«La mezcla de usos provoca abandono»

Sin embargo, la aparente flexibilidad de la normativa de la Junta entra en colisión con la voluntad del planeamiento municipal. Reguera subraya que la apuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento a la hora de diseñar el PEAHIS es la de revitalizar el casco antiguo de la ciudad a partir del aumento y la promoción de la dotación residencial. Es decir, hacerlo más habitable.

El concejal es partidario de «separar el alojamiento residencial del turístico». A su juicio, «no se deben mezclar ambos usos porque contribuiría al abandono» de inmuebles. Aboga por actuar con «sensatez», por encontrar el tono gris que no sea el negro de la prohibición ni el blanco que disemine la oferta de viviendas dedicadas a alojar a visitantes en el casco histórico. «No es lo mismo que pernocte una familia a un grupo que está de despedida de soltero», argumenta el representante municipal.

Una de las propuestas que están en la cartera de opciones provisionales es la de «autorizar la existencia de apartamentos en un bloque común para que no se interrumpa la vida cotidiana», esboza Reguera. «Nada es inamovible», subraya, al tiempo que augura la complejidad de la convivencia de ambos usos.