El Norte de Castilla

El juzgado no ve delito contra el patrimonio histórico en la Casa de los Buitrago

Vista parcial de las ruinas del Palacio de los Buitrago, en la plaza de Santa Eulalia.
Vista parcial de las ruinas del Palacio de los Buitrago, en la plaza de Santa Eulalia. / A. Tanarro
  • El auto sobresee la querella del Ayuntamiento porque la propiedad ejecutó las obras autorizadas pero deja abierta la vía civil

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El Juzgado número 6 de Segovia ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada por el Ayuntamiento contra la propiedad y los técnicos que realizaron las obras en el Palacio de los Buitrago, en la plaza de Santa Eulalia, al considerar que no está justificado el presunto delito de daños contra el patrimonio. Contra el auto del juzgado cabe el recurso de apelación o el de reforma, y además la resolución deja abierta la posibilidad de interponer acciones civiles, si bien considera que no existe el pretendido delito contra el patrimonio histórico porque los querellados, la propiedad y su arquitecto, «se han limitado a ejecutar las obras para las que habían sido autorizados».

El auto del Juzgado número 6 analiza los artículos del Código Penal que tipifican las conductas delictivas contra el patrimonio histórico, por derribar o alterar gravemente edificios singularmente protegidos, en relación con la normativa estatal y de Castilla y León y con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de mayo de 2004, que delimita la aplicación de un artículo determinado en función de la gravedad de los daños y de la exigencia que exista una protección singular.

Declara la juez titular en el auto que en la propia querella del Ayuntamiento se reconoce que sobre el Palacio de los Buitrago no existe la declaración de bien de interés cultural (BIC), «aunque goza de un determinado nivel de protección y por ello estaba singularmente considerado dentro del Conjunto Histórico de la Plaza de Santa Eulalia», si bien de modo parcial, al ser una casa palacio de finales del siglo XV o principios del siglo XVI.

Sin embargo, la juez tiene en cuenta los documentos de los expedientes administrativos y concluye que «las actuaciones realizadas en el inmueble han sido consecuencia de las órdenes de ejecución acordadas por el Ayuntamiento», como las requeridas por el decreto de la Alcaldía de 4 de junio de 2015, en el que se conminaba a la propiedad a «la demolición de entramados de madera y forjados agotados o deficientes y el entablado de la cubierta», así como a demoler la cubierta de teja, su entramado de madera y los forjados de madera en su integridad.

También considera la juzgadora la resolución del delegado territorial de la Junta del 25 de mayo de 2015 en la que se aprobaron las medidas para restablecer las medidas de seguridad del inmueble, entre ellas «la ejecución de nuevas cubiertas, forjados, entramados y cualquier otro elemento arruinado con las mismas características iniciales», además de que el arquitecto de la propiedad presentó dos propuestas de actuación que, tras ser estudiadas por la Comisión de Patrimonio Cultural, fueron informadas de forma favorable.

Mantenimiento

Recuerda el juez que la autorización fue para que se llevara a cabo «el mantenimiento de la fachada principal en planta baja y primera y fachada a la calle de San Antón, también en planta baja y primera hasta la segunda ventana de granito, asumiendo los riesgos que supone el deterioro progresivo del tapial y desplome de los muros inferiores, y la planta segunda se reconstruiría diferenciándola claramente de las plantas inferiores mediante la colocación de una imposta a la altura del techo de la planta segunda y una disposición de huecos que recuerde a la galería que se incorporó al edificio en el siglo XVII o XVIII».

Y concluye que «de todo ello se desprende que los querellados se han limitado a ejecutar las obras para las que habían sido autorizados», sin que puedan apreciarse tampoco los tipos delictivos de daños por imprudencia ni sea aplicable la comisión del presunto delito por omisión.

Cabe presumir que el Ayuntamiento recurrirá el auto de archivo.