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Vicente Belenguer, a la entrada del Juzgado de Paterna. Efe
El maestro antitaurino se niega a declarar ante el juez que investiga si injurió a Víctor Barrio

El maestro antitaurino se niega a declarar ante el juez que investiga si injurió a Víctor Barrio

«Dada su actitud, nada hace pensar en pedir una eventual rebaja de la pena», afirma el letrado de la viuda y los padres del diestro, que piden una indemnización de 30.000 euros

quique yuste

Miércoles, 29 de marzo 2017, 18:56

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Vicente Belenguer, el maestro valenciano que supuestamente vertió ofensas e insultos contra Víctor Barrio, su viuda y sus familiares a raíz de la muerte del diestro segoviano ejerció ayer su derecho a no declarar. Belenguer, que compareció en el Juzgado de Paterna en el procedimiento que investiga si sus comentarios en las redes sociales, en los que se burlaba de la fatal cornada que acabó con la vida del torero, son constitutivos de un delito de injurias, por el que se enfrenta a una condena de hasta 14 meses de multa, no contestó ni a las preguntas planteadas por el juez ni a las formuladas por la acusación y la defensa, y se remitió a la declaración realizada el pasado día 9, en la que negó la autoría de los mensajes publicados en su muro de Facebook con el argumento de que su cuenta en dicha red social fue hackeada.

El siguiente paso en el proceso judicial será la solicitud de una acreditación por parte de Facebook para comprobar que los insultos y mofas que se investigan salieron de la cuenta del maestro valenciano.«Tras recibir ese oficio valoraremos la posibilidad de solicitar alguna prueba adicional, pero daríamos por terminada la instrucción y solicitaríamos la apertura de juicio oral», declaró Antonio Valverde, letrado del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa los intereses de la viuda y los familiares de Víctor Barrio a través de la Fundación del Toro de Lidia.

La acusación solicita a Vicente Belenguer que reconozca la autoría de las injurias, que rectifique en la misma red social, que pida perdón a sus familiares y que les indemnice con 30.000 euros. «Por lo que estamos comprobando, y teniendo en cuenta la actitud del investigado, nada hace que se pueda pensar en una eventual rebaja de la pena. No está prestando colaboración y está tirando balones fuera», asegura Valverde. No es el único frente judicial que tiene abierto el maestro valenciano, que también se expone a una pena de hasta dos años de cárcel por un supuesto delito de incitación al odio.

Acciones civiles y penales

La Fundación del Toro de Lidia, a través de sus abogados de Cremades & Calvo Sotelo, ha promovido hasta la fecha diferentes actuaciones judiciales en defensa de la tauromaquia por ataques realizados en las redes sociales. Dentro del ámbito penal, la Fundación ha interpuesto varias querellas por injurias, por calumnias, incitación al odio y apología del terrorismo, dependiendo del contenido de los mensajes, además de aplicar la vía civil. Mediante las demandas civiles, la Fundación busca «el arrepentimiento ante un juez, rectificación e indemnización por parte del autor del mensaje que constituye un delito».

Una de las demandas civiles admitidas a trámite ha sido la interpuesta en defensa del derecho al honor del torero segoviano contra Datxu Peris, concejala de Guanyar Catarroja (considerada marca blanca de Podemos) en el Ayuntamiento de esa localidad valenciana, que afirmó en las redes sociales al morir el torero: «No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras ha vivido», que según la estadística de su página oficial han sido «258 vidas desde 2008», más los novillos durante su aprendizaje. Datxu Peris ha sido citada a declarar ante el juez el 15 de mayo. Fuentes de la Fundación recalcan que «la tauromaquia recibe un constante acoso por parte del animalismo radical que muestra su desprecio ante todos los aficionados o profesionales del toro, un espectáculo legal y proclamado por el Tribunal Constitucional como patrimonio cultural de España». El mundo del toro, añaden, «no rehúye el debate sobre los toros, pero exige que se produzca dentro de los límites del ordenamiento jurídico».

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