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El abogado penalista, Luis Rodríguez Ramos, accede a los juzgados de Segovia en una sesión de declaraciones por el caso de la Caja.
«Que unas prejubilaciones jugosas generen envidia no significa que sean ilegales»

«Que unas prejubilaciones jugosas generen envidia no significa que sean ilegales»

Los exdirectivos de Caja Segovia «son víctimas de un linchamiento», esgrime Luis Rodríguez Ramos, abogado de la defensa del que fue presidente de Caja Segovia, Atilano Soto

César Blanco Elipe

Miércoles, 15 de marzo 2017, 06:16

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Hablar con Luis Rodríguez Marcos, prestigioso penalista inmerso en algunas de las causas más llamativas y notorias que se dirimen en los juzgados españoles, es como hablar con Atilano Soto o con Manuel Escribano. El primero fue presidente del consejo de administración de Caja Segovia; el segundo, su mano derecha y director general de la difunta entidad de ahorros.

El catedrático y vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid y su compañero de despacho, Joaquín Rodríguez Miguel, son su prolongación en las cuitas judiciales, los traductores de sus emociones, los altavoces de sus reflexiones fuera y dentro de los tribunales... en definitiva, sus representantes legales y sus letrados defensores. Y no solo en las vistas ante el magistrado, sino también ante la opinión pública.

También guardan y velan por los intereses de otros dos nombres propios de la instrucción que investiga si hubo o no apropiación indebida o administración desleal cuando se acordaron las prejubilaciones de la cúpula. Antonio Tapias, quien fue secretario general de la Caja, y el exvicepresidente, Manuel Agudíez, han encomendado sus defensas respectivas a estos renombrados letrados de Madrid.

Los cuatro ­Soto, Escribano, Agudíez y Tapias han visto cómo el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia ha desandado el camino iniciado hacia el sobreseimiento para ahora dar por concluida la instrucción con sus encausamientos en el proceso sobre las prejubilaciones y los planes de pensiones millonarios aprobados por el consejo de administración unas horas antes de que se hiciera efectiva la integración de la entidad de ahorros en el SIP liderado por Caja Madrid.

«Errores garrafales»

Junto a ellos, Elena García Gil y Enrique Quintanilla. Son los seis antiguos altos cargos de la Caja que están más cerca de sentarse en el banquillo, como se deducía del último auto del juez cuando insta a las acusaciones a presentar sus escritos para la posterior apertura de juicio oral.

Rodríguez Ramos disecciona para El Norte de Castilla las últimas resoluciones que han puesto en solfa los relatos de sus defendidos. Primero fue la Audiencia Provincial al negar el carpetazo a la causa. Luego, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 al asumir las interpretaciones de la Sala Provincial en las que se dice que hay indicios de sendos delitos de apropiación indebida y de administración desleal. Supuestamente, los seis encausados pudieron «haber abusado de las funciones propias de sus respectivos cargos sociales y diseñaron en su propio beneficio y en perjuicio de Caja Segovia un sistema de prejubilaciones exclusivo» para ellos y «diferente y separado respecto del sistema general de prejubilaciones de los demás empleados de la entidad», reza la notificación judicial.

«El auto de la Audiencia Provincial incurre en errores garrafales», rebate el penalista. Para Luis Rodríguez Ramos, los fundamentos sobre los que la Sala Provincial requiere al juez que no archive la investigación demuestran que «no conoce con detalle la realidad de las prejubilaciones bancarias».

El catedrático de Derecho Penal, quien se muestra partidario de que sean los fiscales los que instruyan los procesos judiciales, cree que «hubiera sido más perjudicial para Bankia, e incluso para la Caja, el que se hubiera incluido a estos prejubilados en el expediente de regulación de empleo posterior».

De hecho, la «generosidad» con la que actuaron sus clientes ha sido un argumento repetido en las declaraciones ante el juez y en los escritos presentados por la defensa. Para justificar y dar fe de la legalidad de la gestión llevada a cabo, el abogado hace hincapié en el control al que estuvieron sometidos todos los trámites seguidos por los distintos órganos de dirección. Pone como ejemplo de esa férrea supervisión las cinco auditorías realizadas en 2010 ante la integración en lo que a posteriori sería Bankia.

Control sin objeciones

«La comisión de control tenía que haber dicho si había sido perjudicial o precipitado», alega Rodríguez Ramos, quien añade que incluso el Banco de España no se pronunció en contra y también ejercía un control. Asimismo, pone de relieve que «en ningún momento y en absoluto el consejo de administración fue engañado» por Soto o Escribano, como han esgrimido las acusaciones en el proceso. Los consejeros sabían lo que aprobaban aquel último día del año 2010, insiste el abogado del expresidente de la Caja.

La interpretación que hace del último auto emitido por el juez del caso de las prejubilaciones es que, «ante el varapalo previo de la Sala Provincial, ha entendido que la Audiencia quiere que vayan a juicio oral. «No hace ninguna referencia al escrito de alegaciones donde se solicitaba el sobreseimiento», apostilla con incredulidad. Rodríguez Ramos declara que su representación recurrirá el auto en reforma. Posiblemente ya esté registrado desde principios de esta semana.

«Ahora todo se criminaliza»

El acreditado letrado se queja de que «ahora todo criminaliza». Es algo que ha venido advirtiendo cuando ha valorado ante los medios las declaraciones judiciales de sus representados. Esta reflexión en voz alta del vicedecano de los abogados de Madrid va más allá. Se lamenta de que «la presunción de inocencia está muy lejos de ser un derecho fundamental y efectivo en España».

Luis Rodríguez Ramos lo dice porque sus defendidos están «dolidos», además de «resignados». Subraya que esa aflicción es aún mayor porque, «siendo expertos en la materia, les duele que se cometan errores cuando significa la criminalización de personas».

Al preguntarle por cómo se encuentran Atilano Soto o Manuel Escribano, el abogado incide en que «se sienten víctimas de un linchamiento, convencidos de que son víctimas de un error y del populismo». El penalista también critica que sus defendidos «ya están condenados por la opinión pública, que no es experta en derecho penal ni en bancario y tampoco tienen experiencia en derecho mercantil». En esta línea, recuerda que lo que dirimen los tribunales «no es la moralidad, sino la legalidad».

Aunque las «jugosas jubilaciones» por valor de 34 millones de euros puedan «no sonar bien», son «absolutamente legales». «Que genere envidia no significa que sea ilegal», apostilla Rodríguez Ramos.

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