La conexión gallega de Caja Segovia

Por la izquierda, Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes –todos exdirectivos de Novacaixagalicia– y el abogado Ricardo Pradas.
Por la izquierda, Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes –todos exdirectivos de Novacaixagalicia– y el abogado Ricardo Pradas. / F. Villar-Efe
  • IU llama la atención de que uno de los cinco encarcelados por el caso de Novacaixagalicia trabajaba en un despacho de abogados que asesoró sobre el plan de jubilaciones

Novacaixagalicia y Caja Segovia, o viceversa. Como en el pasatiempo que reta a descubrir las siete diferencias, toca agudizar la vista para distinguir causas y efectos, porque es cierto que los dos procesos judiciales no son lo mismo, aunque se parezcan (y mucho). Incluso hay nombres que se cruzan y que viajan desde Vigo a la meseta.

¿Casualidad? Izquierda Unida no lo cree así. La representación legal de la acusación popular intuye la conexión entre ambos expedientes. Si fuera así, la cárcel podría estar esperando ya a antiguos altos directivos de la entidad segoviana señalados por la Audiencia Provincial.

El partido político está personado como una de las dos acusaciones populares que quedan vivas en la causa instruida en el Juzgado número 2 de la capital por un posible delito de administración desleal por parte de exdirectivos de Caja Segovia que supuestamente se beneficiaron de una estrategia de retribuciones millonarias. Junto a IU, está también la Confederación Intersindical de Cajas, mientras que la Fundación Caja Segovia ejerce la acusación particular. Una vez conocido el auto de la Audiencia, desvelado en exclusiva por El Norte de Castilla, Izquierda Unida anuncia que seguirá adelante para que se abra juicio oral.

Sentencia del Supremo

Cabe recordar que el escrito, entre otras cuestiones, señala que «hay prueba bastante para sostener indiciariamente la existencia de una actividad delictiva constituida por el abuso por parte de los administradores de la entidad de sus funciones en beneficio propio». Se refiere al diseño de «un nuevo plan de prejubilación» que, también en función de los indicios, «se habría creado en beneficio de un limitado grupo de directivos de Caja Segovia en perjuicio de la entidad».

Cuando el pasado mes de enero, la Audiencia Nacional ordena el encarcelamiento de cinco antiguos altos cargos de Novacaixagalicia, tiene en cuenta la sentencia del Supremo a la que recurre la Sala Provincial en algunos de los fundamentos sobre los que asienta su decisión de no archivar el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia e instar a acelerar las investigaciones necesarias.

José Ángel Frías y Alberto López Villa, de IU, en su comparecencia de este jueves sobre el auto de la Audiencia Provincial.

José Ángel Frías y Alberto López Villa, de IU, en su comparecencia de este jueves sobre el auto de la Audiencia Provincial. / Antonio Tanarro

Por su parte, en el proceso penal de Novacaixagalicia también se habla de «abusos y excesos». La Sala de lo Penal del Supremo indica que cuatro de los cinco acusados realizaron «actos inequívocos de apropiación con fines de lucro personal». Al parecer, lo hicieron en el marco de sus competencias para asignarse pensiones por prejubilación por un valor de más de 13 millones de euros.

Las acusaciones en el frente abierto de Caja Segovia hablan de un monto total de unos 34 millones de euros, aunque en realidad hay 17 millones que se tienen que ir abonando porque alguno de aquellos cargos todavía no ha cumplido la edad de jubilación. Los encausados gallegos deberán reintegrar 10 millones, según dictaminó el Supremo.

De Vigo a Segovia hay 526 kilómetros aproximadamente. Y entre el juicio de Novacaixagalicia y el reciente auto de la Audiencia Provincial de Segovia hay, además de las referencias, un nombre común. Es el del despacho de abogados Pradas y Cebrián.

Testimonios no procedentes

De hecho, la Fundación Caja Segovia ha pedido su testimonio como testigos. Y es que, según explica la Sala Provincial, «habría asesorado en el diseño y planificación del plan de prejubilaciones y sus modificaciones». Sin embargo, el escrito de la Audiencia segoviana no cree que «a estas alturas sea procedente la apertura de una nueva línea de investigación cuando se han tenido cinco años para hacerlo».

El auto añade que la inclusión del citado despacho de abogados en la trama judicial de Caja Segovia podría ser contraproducente. Y es que es la representación legal de la acusación que ejerce la Fundación heredera de la Obra Social y Cultural la que en sus argumentos toma como referencia la sentencia condenatoria de Novacaixagalicia. «Esta circunstancia haría que su declaración como testigos se viese viciada ante el planteamiento de preguntas que pudiesen implicarles en alguna forma de delito».

La Sala Provincial precisa que la participación del despacho Pradas y Cebrián en el plan de prejubilaciones de Caja Segovia «dista mucho de la que tuvieron en aquel procedimiento (por el de la caja gallega), al menos el letrado que asesoró en aquel caso». El auto recuerda que la intervención de uno de los abogados fue «activa en el consejo de administración, defendiendo los nuevos contratos allí acordados». Esto significa que la sentencia del Supremo encontró en ese quinto hombre de los encarcelados de Novacaixagalicia por apropiación indebida «cooperación necesaria».

Ese nombre común a 526 kilómetros de distancia es el del letrado Ricardo Pradas, concluye la interpretación del coordinador de Izquierda Unida. Hoy, el abogado está en prisión.