De izquierda a derecha, José Luis Santos; Juan Ángel Ruiz, y Cosme Aranguren, este lunes, en su análisis al auto sobre Caja Segovia.
De izquierda a derecha, José Luis Santos; Juan Ángel Ruiz, y Cosme Aranguren, este lunes, en su análisis al auto sobre Caja Segovia. / Amtonio Tanarro

UPyD-Centrados en Segovia quiere retomar la acusación si hay juicio por las prejubilaciones

  • La formación denunció por primera vez, en 2011, las supuestas irregularidades en las retribuciones a antiguos directivos de Caja Segovia

  • Los representantes de la ahora asociación cultural confían en que la reapertura del caso lleve consigo la devolución de 17 millones de euros

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Al relato procesal de las prejubilaciones millonarias que supuestamente cobraron de manera irregular los antiguos directivos de Caja Segovia aún le falta el desenlace final. Si bien, UPyD-Centrados en Segovia ha acogido con orgullo y alegría el cambio que ha experimentado la historia. El auto de la Audiencia Provincial «desdice» el sobreseimiento que propuso el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y «desmonta los argumentos de algunas defensas».

El presidente de la organización, Juan Ángel Ruiz, saca pecho así pecho porque asegura que los 29 folios del auto dan la razón a las tesis que ha sostenido durante los últimos de seis años UPyD-Centrados en Segovia cuando, a raíz de unos anónimos recibidos por parte de trabajadores y antiguos empleados, denunció la posibilidad de que estuviera cometiendo un delito de administración desleal en la entidad de ahorros.

Es decir, el texto notificado por la Audiencia Provincial a las partes estima «todo el escrito del recurso» que interpuso la Fundación Caja Segovia contra el archivo de la causa. Para el portavoz del grupo municipal, Cosme Aranguren, la aportación a dicho recurso del informe pericial encargado por UPyD-Centrados en Segovia también ha sido «trascendental» para no dar carpetazo al caso de las prejubilaciones millonarias.

El presidente de la asociación ha anunciado la voluntad de presentarse como acusación popular al juicio oral que pueda abrirse tras el giro en los acontecimientos. En este sentido, Ruiz no descarta que la formación vuelva a convocar una iniciativa de 'crowdfunding' (recogida de donaciones) para poder sufragar los gastos de la fianza. La organización ya tuvo que retirarse del proceso precisamente por falta de fondos para poder sobrellevar el largo procedimiento judicial, en paralelo con el que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 sobre la hipoteca del Torreón.

No conviene olvidar que la Sala provincial también estima parcialmente el recurso que interpuso la representación legal de Izquierda Unida, que también está personada como acusación, así como el recurso de la Confederación Intersindical de Cajas.

En su análisis al auto, que desveló en exclusiva El Norte de Castilla, Aranguren hace hincapié en que la decisión de rechazar el archivo del caso sienta parte de sus cimientos en la jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Supremo con respecto a los exdirectivos de NovacaixaGalicia (hoy Abanca). La cúpula de la entidad fue condenada en octubre de 2015 a dos años de prisión por administración desleal al apropiarse de 22 millones de euros entre planes de pensiones e indemnizaciones por despido.

Además del paralelismo entre ambos casos que encuentra la Audiencia segoviana, Cosme Aranguren precisa que el auto también es «demoledor» al pasar de hablar de indicios a pruebas a la hora de fundamentar su resolución. En este sentido, deduce «bastante probado» que hubo «abuso de sus funciones por parte de los administradores de la entidad en beneficio propio, consiguiendo la aprobación del plan», en referencia a la estrategia para el cobro de prejubilaciones y pensiones, reza el auto de la Sala.

En esta conducta «deberían estar encuadrados los miembros de la comisión de retribuciones que aprobaron dichos planes». El auto concreta que serían los asistentes a las reuniones del 20 de noviembre de 2008 y del 22 de diciembre de 2010, junto con quien era el director general de Caja Segovia, Manuel Escribano y Enrique Quintanilla, responsable de Recursos Humanos. Según el escrito de la Audiencia, «está admitido que fueron quienes prepararon el plan presentado a dicha comisión».

«Colaboración imprescindible» de Atilano Soto

Asimismo, los representantes de UPyD-Centrados en Segovia llaman la atención sobre cómo la argumentación de la Sala considera «imprescindible» la colaboración, siempre bajo los indicios recabados, del presidente de la comisión y del consejo de administración, Atilano Soto, ya que fue él quien llevó y defendió ante el consejo de administración la conveniencia del plan aprobado por el comité de retribuciones, señala el auto.

La Sala Provincial no considera necesaria la declaración del resto del comité de dirección de Caja Segovia por aquel entonces, ya que «una cosa es que puedan haber sido beneficiados de una actuación ilícita y otra distinta es que tomaran parte en el plan defraudador». De todos modos, Aranguren advierte de que el propio auto recoge que esos miembros del comité de dirección aún pueden responder de las posibles consecuencias que traería consigo la declaración de nulidad del plan de prejubilaciones, por lo que asumirían una responsabilidad civil.

Los fundamentos de la Audiencia Provincial van más allá y concluye que todas las modificaciones que se introdujeron en las condiciones de los planes de jubilación «no son una simple adaptación, sino de un sistema nuevo de prejubilación», por lo que desmonta la versión aportada por algunos de los investigados en la causa. Y añade que ese modelo se diseña «en beneficio de un limitado número de directivos en perjuicio del beneficio de la entidad», recoge el portavoz municipal de UPyD-Centrados en Segovia.

Sin más dilaciones

Los responsables de la asociación cultural tienen claro que la resolución abre las puertas de par en par a que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 retome el caso, acelere las investigaciones y diligencias y abra juicio oral lo antes posible. Asimismo, exigen a ese resto del comité de dirección la devolución de 17 millones de euros del segundo fondo de provisiones al plan de pensiones. O, como segunda opción, reclama que de paralice el abono de las pólizas contratadas con Caser. UPyD-Centrados en Segovia quiere que ese montante vaya a parar a la Fundación Caja Segovia, heredera de la Obra Social y Cultural y cuya liquidez se asoma al abismo.

Cabe recordar que otros 17,1 millones ya fueron 'cobrados' a través de las pólizas aprobadas por los que la acusación calificó como 'los ocho magníficos'. Se trata de los ya citados Manuel Escribano y Enrique Quintanilla, además de Miguel Ángel Sánchez; Juan Magaña; Juan Antonio Folgado; Malaquías del Pozo; Antonio Tapias, y Óscar Varas.