Las acusaciones del caso Caja Segovia piden al juez la misma severidad que en Novacaixa

De izquierda a derecha, Elena García Gil, Atilano Soto, Manuel Agudíez y Manuel Escribano, tras una reunión celebrada en 2007.
De izquierda a derecha, Elena García Gil, Atilano Soto, Manuel Agudíez y Manuel Escribano, tras una reunión celebrada en 2007. / A. de Torre
  • Las partes personadas acogen con satisfacción la orden de la Audiencia Provincial de reabrir la investigación judicial por el pago de prejubilaciones millonarias a directivos de la entidad

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Cuando ya se daba por extinguida la investigación judicial, la Audiencia Provincial ha revocado la decisión del Juzgado número 2, que el pasado junio archivó la investigación contra los miembros del comité de Retribuciones de la que fue Caja de Ahorros de Segovia por un posible delito societario al haber concedido prejubilaciones para los miembros del comité de dirección por importe de 34 millones de euros. Como esta decisión de la Audiencia guarda relación con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha impuesto dos años de prisión a exdirectivos de Novacaixagalicia por el cobro de indemnizaciones millonarias, las acusaciones piden un trato similar para el caso segoviano, según manifestaron este viernes representantes de Izquierda Unida y de la asociación Centrados en Segovia, heredera de UPyD en la provincia.

Para el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Ángel Frías, la resolución de la Audiencia constituye una «buenísima noticia para todos los segovianos» que ratifica la línea que las partes personadas, entre ellas la coalición de izquierdas, han seguido en el caso. «La resolución apunta dos cosas muy importantes: que pueden haber fallado los sistemas de control –aunque evidentemente parece que se ha cometido un delito– y la existencia de una directiva europea cuyo espíritu determina que no hace falta incumplir una norma para cometer un delito, sino únicamente demostrar que se ha cometido un perjuicio a la sociedad». Frías recordó que las cuentas de Caja Segovia cuando el comité de Retribuciones aprobó la cuantía de las indemnizaciones no permitían semejante dispendio.

La noticia de la reapertura del caso, adelantada ayer por El Norte de Castilla, también fue recibida con alborozo en la sede de Centrados en Segovia. La reclamación judicial de esta formación, que ya no está personada en el caso (sí siguen la Fiscalía, Izquierda Unida, la Confederación Intersindical de Cajas y la Fundación Caja Segovia), obligó a prestar declaración como investigados al presidente del consejo de administración y del comité de Retribuciones entre 2006 y 2010, Atilano Soto, al vicepresidente primero del consejo y vocal de ese comité, Manuel Agudíez, a la vicepresidenta segunda del consejo y secretaria del mismo comité, Elena García Gil, al director general, Manuel Escribano, al secretario general, Antonio Tapias, y al director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla.

Esperanzas

«Estamos muy ilusionados porque la resolución da un palito importante al Juzgado número 2 y abre esperanzas a que pueda repetirse el caso de Novacaixagalicia», afirmó el presidente de Centrados en Segovia, Juan Ángel Ruiz, para quien el juez deberá tener en consideración, no solo la decisión de la Audiencia, sino también la sentencia dictada por el Supremo en el proceso por hechos similares contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia (surgida de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia), condenados a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias. Ruiz tuvo palabras de agradecimiento para los empleados de Caja Segovia que en su día enviaron un mensaje «anónimo» a UPyD para que emprendiera la lucha.

El auto llegó a los personados a lo largo de la mañana de ayer. El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, lo recibió con alivio y esperanza: «Es una resolución bien razonada en la que se puntualizan con claridad los indicios sobre los que hay que profundizar, que están relacionados con aclarar si hubo algún tipo de abuso en las funciones de los directivos de la entidad», dijo. La satisfacción de Reguera es plena, porque la Audiencia ha tenido en cuenta los planteamientos de la Fundación. «Además, la Sala apremia a que se termine la instrucción cuanto antes, y esto es importante, porque son ya muchos años», añadió.

Dentro de la esfera estrictamente política, se pronunció el secretario provincial del PSOE, Juan Luis Gordo, que expresó todo su «respeto» por el proceso judicial, aunque se mostró sorprendido ante las contradicciones que se aprecian entre la Fiscalía (que había declarado su conformidad con el auto de archivo del pasado junio) y la Audiencia. «No deja de sorprender que sea esta la segunda vez que la Audiencia ordena al Juzgado que reabra el caso, por lo que debemos pedir toda la consistencia en el proceso, especialmente por la seguridad de las personas en cierto modo afectadas», apostilló.