La respuesta está en las empresas

Andrés Ortega, presidente de la FES. Fran Jiménez
Andrés Ortega, presidente de la FES. Fran Jiménez
  • opinión

  • El presidente de la FES advierte de que «la modificación del Impuesto de Sociedades de diciembre va a afectar a la inversión empresarial, a la creación de empleo y a la competitividad»

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Acabamos de cerrar un año extremadamente complejo en el ámbito nacional e internacional, con acontecimientos políticos que han sembrado incertidumbre más que certeza. Los movimientos contrarios a la Unión Europea; las tentaciones intervencionistas y proteccionistas; el desencanto, cuando no el enfado, de millones de ciudadanos por un sistema que debemos mejorar entre todos. Y en España, un largo periodo de interinidad en el Gobierno y en el Parlamento, inédito en nuestra reciente historia.

Con todo, el crecimiento de la economía y del empleo, a falta de los últimos datos, ha sido francamente elevado durante el pasado ejercicio. Hasta un 3,2% si hablamos del PIB y un crecimiento medio anual del 3% en afiliaciones a la Seguridad Social. Son cifras que hace poco tiempo parecían inalcanzables e inimaginables.

En el ámbito provincial, esos datos de crecimiento son extrapolables, y en materia de empleo, hemos acabado el año con el mayor descenso del paro de toda España, superior al 15%.

¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción, esta convivencia entre entorno inestable y mejora económica? La respuesta está en las empresas, en los empresarios. Algunas de las reformas que se han emprendido en los últimos tiempos han dado sus frutos, y se demuestra una vez más que cuando las condiciones son mínimamente favorables, los empresarios somos los que lideramos la generación de riqueza y empleo.

Por eso no entendemos que justo ahora se incremente la presión fiscal que soportan las empresas. La modificación del Impuesto de Sociedades de diciembre va a afectar a la inversión empresarial, a la creación de empleo y a la competitividad. Además, tal y como ha advertido CEOE con pleno acierto, existe un componente de inseguridad jurídica en la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria. Y ya sabemos que inseguridad e incertidumbre son virus muy peligrosos para la actividad económica, y ahuyentan tanto a los inversores nacionales como a los extranjeros.

Incomprensible es asimismo aumentar el coste laboral derivado de la subida de las cotizaciones sociales y endurecer la concesión de aplazamientos fiscales y fraccionamientos a las empresas, medidas que afectan fundamentalmente a pymes y autónomos, los segmentos empresariales más castigados. Parece que Hacienda podría suavizar los criterios para que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir aplazando el pago del IVA, una marcha atrás que sin duda sería inteligente aunque conformaría una nueva prueba de la inseguridad jurídica referida.

Todos los analistas apuntan a que el crecimiento económico en España será más moderado en 2017 debido a múltiples factores, desde la subida del coste energético a la menor disponibilidad económica de las familias. Lo que toca ahora, por tanto, es enfrentar eficacia, trabajo y estabilidad a las sombras de una desaceleración vaticinada de forma general.

En esta línea se dirige la recomendación que hacemos las organizaciones empresariales en cuanto a la subida salarial media para 2017, de hasta el 1,5% y otra adicional de hasta el 0,5% vinculada a la productividad de las empresas y la reducción del absentismo laboral.

En 2016 los salarios en los convenios colectivos crecieron cerca del 1,09% en línea con la recomendación de hasta el 1,5% firmada por los agentes sociales en el anterior Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Por tanto, si es lo que están firmando nuestros representantes en los convenios, algo muy parecido debe ser la propuesta para 2017 con el fin de asegurar el mantenimiento del ritmo de creación de empleo.

Es verdad que 2016 ha sido mejor de lo esperado, que verdaderamente se ha iniciado una senda de recuperación. Pero los efectos de la crisis siguen presentes y no se pueden tomar medidas maximalistas como si esos efectos hubieran desaparecido completamente.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, solo el 42% de las empresas están en beneficios. Si queremos que ese porcentaje aumente, no parece razonable ni subir en exceso los costes laborales ni la presión fiscal, porque si se asumen estos incrementos estaremos dejando fuera de cualquier atisbo de recuperación a más de la mitad de las empresas españolas. Y así ninguna economía puede funcionar.

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