Hipocresía constitucional

Ángel Galindo, concejal de IU.
Ángel Galindo, concejal de IU. / De Torre

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El pasado 6 de diciembre se celebró el 38º aniversario de la Constitución Española. En Segovia, como en el resto del Estado, las organizaciones juveniles de PP y PSOE, junto a las direcciones de sus partidos, realizaron sendos actos para ensalzar la Carta Magna y plantear sus propuestas de cara a posibles reformas del texto. Las Nuevas Generaciones del PP repartían ejemplares de la Constitución acompañados de diputados y otros cargos públicos. De este modo, durante 24 horas, se erigían en los grandes defensores del texto constitucional, aquel que convierten en papel mojado durante los 365 días del año con medidas y políticas que incumplen muchos de sus artículos.

A lo largo de esta dura etapa de crisis económica ha quedado patente la incapacidad de la Constitución para garantizar los derechos, principios y valores recogidos en sus páginas. La Carta Magna proclama el derecho a una vivienda digna, pero sin embargo se siguen permitiendo los desahucios cada día; proclama el acceso a una educación pública, pero no ha impedido que miles de jóvenes hayan sido expulsados del sistema educativo debido al encarecimiento de las tasas; defiende la protección de la sanidad pública y universal, cada vez más dañada por los recortes y los procesos privatizadores. Son solo algunos ejemplos que ilustran lo anteriormente expuesto.

De forma constante, los poderes económicos y políticos (aquellos que se definen como constitucionalistas) violan el texto constitucional y lo utilizan para su propio beneficio, aunque ello suponga un agravamiento de la penosa situación en la que se encuentra este país. Hemos sido testigos de un aumento de precariedad laboral, de la pérdida de derechos sociales y civiles, de la falta de medidas contundentes contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática, de la escasez de servicios básicos para la vida cotidiana de miles de personas. Son aspectos fundamentales que deberían plasmarse de una manera efectiva en una nueva constitución, ya que la actual no los garantiza.

Volvamos a los homenajes. No solo el PP realizaba actos conmemorativos. También la alcaldesa de Segovia y las Juventudes Socialistas participaron en uno, en el cual apelaban a modificar la Constitución para adaptarla a los tiempos actuales, con la implicación de la sociedad. Habría que recordar que Clara Luquero era diputada en el Congreso en 2011, cuando el PSOE pactó con el PP la modificación del artículo 135 de la Carta Magna. Con este cambio que ella apoyó se dio prioridad al pago de la deuda frente a cualquier gasto social (educación, sanidad...), lo que ha dado pie a numerosos recortes como ya denunciamos. Su voto, además, no permitió que se consultase a la ciudadanía, como así propuso Izquierda Unida, sobre esta modificación que tanto daño ha hecho a las clases populares.

La actual Constitución se aprobó en una época muy singular de nuestra Historia, en la que se llegó a la disyuntiva entre el modelo de monarquía parlamentaria o dictadura. No fue elaborada en un ambiente de total libertad, ya que estuvo condicionada por las presiones del anterior régimen y los poderes económicos. Esta situación, unida al deseo de democracia (por la que gran parte de la ciudadanía llevaba mucho tiempo luchando ), facilitó la aprobación de la Constitución.

Sin detenernos en la coyuntura histórica que dio lugar y definió la actual Carta Magna, lo cual sería otro debate, muchos consideramos que 38 años después, con un alto porcentaje de la actual población del Estado que no pudo votarla, y teniendo en cuenta las limitaciones de la misma para resolver los problemas actuales de la mayoría social, tenemos derecho y toda legitimidad para reclamar un texto nuevo que abra un gran debate a la ciudadanía, y poder crear así una nueva constitución que sea hija de nuestro tiempo.

Es necesario seguir reclamando un marco constitucional que se adecúe a la nueva realidad política y social en la que nos encontramos, frente a los obstáculos que hoy en día restan garantías al texto de 1978 e impiden el desarrollo de una sociedad basada en los derechos humanos y sociales, la democracia radical y la igualdad material entre las personas. Pero para llegar a este objetivo no basta con reformas puntuales, sino que debemos caminar hacia un proceso constituyente con vistas a una nueva constitución al servicio de la ciudadanía, y no de los poderes económicos.