Querella contra la propiedad de la Casa Buitrago por «daños irreparables» en el patrimonio

El portavoz del grupo socialista en el gobierno municipal, Alfonso Reguera, informa de la querella.
El portavoz del grupo socialista en el gobierno municipal, Alfonso Reguera, informa de la querella. / Antonio Tanarro
  • El portavoz del equipo del gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, Alfonso Reguera, confirma el paso a la acción legal ante la «destrucción» del edificio situado en la plaza de Santa Eulalia de la ciudad

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«En 2016, casi 2017, no es de recibo en ningún caso la destrucción del patrimonio». El portavoz del grupo municipal socialista, Alfonso Reguera, asevera que «el Ayuntamiento hará todas las acciones legales que tenga que hacer» para defender bienes históricos de la ciudad. Y uno de ellos es la Casa Buitrago, hoy en ruinas.

El equipo de gobierno que dirige Clara Luquero, va a llevar al pleno que se celebra este viernes la dación de cuenta del decreto de la Alcaldía del pasado día 2 por el que se encarga la interposición de una querella por un presunto delito contra el patrimonio por las obras ejecutadas en el citado inmueble, situado en el número 7 de la plaza de Santa Eulalia.

Al final, los asesores y los informes recabados en los últimos meses han propiciado que el Consistorio diera el paso para llevar el abandono de la Casa Buitrago a los juzgados. Aunque, como matiza el también concejal de Hacienda y Urbanismo, «las penas que se pidan son de los servicios jurídicos y no directamente del Ayuntamiento».

La querella va dirigida contra Juan de Miguel Arenal, como responsable de la constructora a la que los servicios municipales encomendaron la ejecución de obras de emergencia para apuntalar y desescombrar las zonas en ruinas y el vallado, puesto que constituían un riesgo para la seguridad de las personas y bienes. También figura en la querella el director de la obra, si se considerase necesario. La propiedad ejecutó la intervención; pero después, según la orden dada por el Ayuntamiento de Segovia, tenían que proceder a la restitución de las partes que se tuvieron que demoler debido a su mal estado y dejarlas como se encontraba antes.

Tras la presentación de un proyecto, la inspección realizada determinó que se había retirado el tejado, sin que fuera restituido, y que la zona interior del inmueble había quedado destruida. Así, el equipo de gobierno inició el trámite administrativo para estudiar si los daños en el edificio eran constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico protegido y el correspondiente expediente sancionador.

El inmueble, que fue residencia de los hermanos Buitrago, una de las familias comuneras más activas, está considerado un ejemplo de arquitectura noble de finales del siglo XV y XVI. Reguera recuerda que «es un bien protegido», por lo que los daños «irreparables» supuestamente cometidos por la propiedad están contemplados por el Código Penal.

«Destrucción intencionada»

A tenor de los sucesivos informes que han derivado en la interposición de la querella, el portavoz del grupo de socialista en el gobierno municipal señala que las conclusiones coinciden en que ha habido «una destrucción intencionada del patrimonio». Y es que, en vez de presentar un proyecto de rehabilitación, se desarrolló otro de «demolición final».

Fue el pasado mes de marzo -relata el concejal de Urbanismo- cuando el Ayuntamiento pudo acceder por primera vez al edificio y comprobó 'in situ' que estaba destruido. «La intensidad de las demoliciones ha supuesto la total destrucción de elementos que es imposible recuperar», agrega Alfonso Reguera. A partir de ahí, se puso en marcha la maquinaria administrativa y se informó a la Junta de Castilla y León.

La Administración regional emitió en mayo un análisis en el que señala que «las obras (en la Casa Buitrago) no se ajustan a la orden (del Ayuntamiento) y contribuyen al deterioro, además de causar daños irreparables al patrimonio» en esta zona de la plaza de Santa Eulalia. Tras pasar por el filtro de varios servicios y asesores, se recomienda al Ayuntamiento pasar a la acción legal penal. Y así lo ha hecho, remacha Alfonso Reguera.