El IBI subirá en casi la mitad de la provincia

El Estado necesita hacer caja. De ahí que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro haya adoptado ya algunas medidas con antelación y en previsión de empezar el curso que viene sin los presupuestos generales aprobados. La Administración General del Estado se ha anticipado, vía real decreto, a la indefinición contable de los ayuntamientos que habían solicitado la revisión de sus respectivos valores catastrales.

Así, el pasado mes de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publicó el listado de municipios que habían pedido el ajuste, aunque en ese momento ignoraban los coeficientes que iba a aplicar Hacienda, dato que se conoció a principios de este mismo mes, una vez terminado el tránsito por el desierto de un gobierno en funciones que había dejado a los gobiernos municipales sin referencias y casi sin tiempo para actualizar sus catastros y, por ende, la fiscalidad asociada.

Como expresó el propio ministerio cuando dio luz verde a los nuevos valores catastrales de los consistorios que lo habían solicitado, la repercusión de esa adecuación se dejará notar «de manera inmediata» en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2017 «ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural». Si bien es posible que esta premura en la operación haya cogido desprevenido a más de un equipo de gobierno, que apenas tendrá margen de maniobra para aprobar sus ordenanzas fiscales adaptadas a los nuevos tipos de gravamen.

2.452 localidades en toda España

No son pocos, ni mucho menos, los ayuntamientos a lo largo y ancho del país que están implicados en esta operación con la que el Ejecutivo central ha optado por 'atacar' el ámbito tributario municipal para apuntalar la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, según expusieron los responsables del Gobierno cuando desgranaron la medida una vez aprobada por el Consejo de Ministros celebrado en la primera semana de este mes.

En toda España la calculadora de Cristóbal Montoro indica que son 2.452 localidades que deberán adecuar el IBI a la actualización del valor catastral. En función de los coeficientes aplicados por Hacienda, a unos municipios les tocará subir la factura y otros la bajarán. Según los datos que manejan los representantes ministeriales, son mayoría las entidades locales que a partir del 1 de enero encarecerán, en mayor o menor medida, el impuesto. En el cómputo total del país, casi 1.900 consistorios recaudarán más por el IBI, mientras que 557 localidades que solicitaron el ajuste verán bajar su valor catastral, lo que se traducirá en un recibo más barato.

La provincia de Segovia no llega a los extremos de otros territorios vecinos de comunidad en cuanto a la cantidad de consistorios que van a tener que reajustar su impuesto a la actualización catastral. Burgos o Ávila están por encima. Sin embargo, y a tenor de los datos publicados por la Dirección General del Catastro, se puede decir que casi la mitad de las corporaciones municipales de la provincia subirán el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a partir del 1 de enero.

En concreto, 94 ayuntamientos de los 209 que conforman el mapa municipal cobrarán y recaudarán más por el IBI el año que viene después de ver acreditado por Hacienda que su valor catastral ha sido actualizado al alza.

Además, hay que tener en cuenta que no todos tramitaron la solicitud de la revisión. En la provincia se apuntaron un centenar de municipios, como publicó el BOEel pasado mes de octubre al oficializar la orden ministerial con la relación de consistorios que habían solicitado la revisión de sus respectivos valores catastrales. Sin embargo, en esa enumeración no se encontraban, por ejemplo, ni la capital ni otros términos segovianos relevantes en cuanto a sus padrones o estatus de cabecera de comarca, como por ejemplo El Espinar; Carbonero el Mayor; La Lastrilla; Cantalejo; Coca, o Nava de la Asunción.

Por el contrario, al repasar los nombres incluidos en la orden ministerial, sí estaban en la lista de la Dirección General del Catastro los consistorios de Cuéllar; Palazuelos de Eresma; San Cristóbal de Segovia; el Real Sitio de San Ildefonso; Santa María la Real de Nieva, o Riaza, por citar algunos de los términos más sonoros.

Seis excepciones

Así pues, de los cien que pidieron actualizar su valor catastral, 94 prevén subir el IBI para adecuar el tipo de gravamen a la revalorización de su suelo, eso sí, en función de los coeficientes aplicados por el Ministerio de Hacienda.

En este caso no hay solo una, sino seis excepciones que han confirmado la regla de la subida del precio en la provincia. Hontanares de Eresma, Espirdo, Nieva, Riofrío de Riaza, Santiuste de San Juan Bautista y Maderuelo arrojan ahora un valor catastral menor que cuando se tomó la anterior referencia. Y tal y como ha anticipado Hacienda, su repercusión inmediata se reflejará en el recibo del IBI del ejercicio que está a la vuelta de la esquina, que en estos seis casos tendrá un tipo más bajo que el que han venido abonando a lo largo de este año los titulares empadronados.

La razón está en que su anterior actualización catastral data del periodo que va entre 2005 y 2011, siendo el porcentaje de reducción mayor cuanto más cercana en el tiempo fuera su anterior revisión. En estos casos, los coeficientes de corrección están por debajo de 1.

En cuanto a los ayuntamientos que pondrán a cobro un Impuesto sobre Bienes Inmuebles más caro, el decreto ley fija diferentes tramos en la aplicación de un coeficiente u otro, aunque siempre al alza. Así pues, los que tengan que remontarse más atrás en el tiempo para cotejar su anterior revisión catastral sufrirán un coeficiente del 1,08, que es el mayor de todos. Dentro de este tipo están incluidos los municipios cuya última actualización catastral se produjo antes de 1990.

En Segovia hay muchas localidades donde la traducción del porcentaje de subida del IBI se sitúa en el 8%. Marazuela; Frumales; Cabañas de Polendos; Cabezuela; Castillejo de Mesleón; Adrada de Pirón; Alconada de Maderuelo; Arcones; Basardilla; La Matilla; Laguna de Contreras; Pinarejos, Samboal; San Cristóbal de Cuéllar; Sotillo;Rapariegos; Mata de Cuéllar; Matabuena; Navares de Ayuso; Navares de Enmedio; Navares de las Cuevas; Encinas, y Santa María la Real de Nieva son los municipios donde el último valor catastral acumulaba al menos veintiséis años de antigüedad.

Desde 1994

Las actualizaciones que se llevaron a cabo en 1994 tienen un coeficiente corrector de 1,07. En este escenario se encuentran poblaciones como San Miguel de Bernuy, Sequera del Fresno; Pinarnegrillo; Pajarejos;Pradales; Ortigosa del Pestaño; Orejana, Monterrubio; Membribre de la Hoz, Melque de Cercos; Muñopedro; Muñoveros; Martín Muñoz de la Dehesa; Lastras del Pozo; Los Huertos; Yanguas de Eresma; Aldea Real; Adrados; Hontalbilla; Bercial; Escarabajosa de Cabezas; Valtiendas; Sacramenia... y así hasta 52 ayuntamientos. El factor corrector al alza a la hora de cobrar el IBI el curso que viene eleva la factura un 7% aproximadamente.

Más modesta será la subida del recibo sobre bienes inmuebles que cobren los consistorios con una revisión catastral más reciente. Así, las actualizaciones datadas en 1995, tendrán un coeficiente del 1,06; las de 1996, de 1,05; las que van de 1997 a 2000, de 1,04: y las que se revisaron entre los ejercicios 2001 y 2003, el coeficiente es de 1,03. Para muestra, los botones de San Cristóbal de Segovia, cuya anterior actualización catastral fue en 2001, que aumentará el IBI un 3%. Mismo porcentaje que aplicarán consistorios como el de Sotosalbos, Fuentepelayo o Chañe. También Palazuelos de Eresma, ya que la revisión del valor catastral sobre la que toma la referencia corresponde al curso 2001.

Una media de 21 años

Y en similar tesitura se halla Cuéllar, que la última que pasó por el trámite de la valoración catastral fue en 1998, lo que supondría, según los cálculos ministeriales, un incremento del IBI en 2017 de en torno al 4%. De todos modos, tal y como ha asegurado recientemente el regidor cuellarano, Jesús García, en respuesta a las críticas de la oposición municipal, el Ayuntamiento de la villa está inmerso desde hace meses en buscar la fórmula para una reducción del tipo impositivo que palie ese aumento del IBI deducido de la valoración catastral.

Los consistorios que quieren revisar los valores de los inmuebles en su término municipal deben formalizar la solicitud pertinente a través de la Dirección General del Catastro, organismo que depende del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, siempre que hayan transcurrido cinco años desde la anterior valoración. Al cumplirse los diez años pasa a ser obligatorio. Pese a ello, y tal y como calculó en 2014 el informe elaborado por el comité de expertos para la reforma fiscal, el periodo de actualización media es de 21 años.

• Temas
• Cristóbal Montoro
• Palazuelos de Eresma
• Santa María la Real de Nieva
• Cuéllar
• Real Sitio de San Ildefonso
• Pajarejos
• Pinarnegrillo
• Pradales
• Segovia ciudad
• Segovia (Provincia)
• IBI