Las nuevas tasas salen adelante con el voto de calidad de la alcaldesa

El PSOE ha vuelto a necesitar el voto de calidad de la alcaldesa para sacar adelante esta vez de manera definitiva las ordenanzas fiscales y precios públicos que regirán durante el año 2017. Los socialistas rechazaron la única alegación recibida la presentada por la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS), disconforme con las nuevos precios fijados para las terrazas y en el pleno de ayer no consiguieron recabar el respaldo de la oposición, disconforme con la «presión impositiva» que, a su juicio, vuelve a ejercer sobre los ciudadanos el equipo de gobierno. Partido Popular, Ciudadanos y UPyD-Centrados en Segovia votaron en contra y el único concejal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, se decantó por la abstención en las dos votaciones que fue preciso celebrar antes de que la alcaldesa, Clara Luquero, echara mano del voto de calidad para asegurar la aprobación de las nuevas ordenanzas y precios públicos.

El debate político dejó muy claras las posturas. Socialistas e Izquierda Unida son partidarios de exigir a los hosteleros una fiscalidad acorde con el «beneficio» que reciben gracias a la repercusión del turismo sobre la economía local. «No es lógico, por ejemplo, que la calle Teodosio el Grande, o la plaza Oriental, no sean zonas de categoría especial, porque están al pie del Acueducto y se benefician muy directamente del turismo. Las tasas son discriminatorias porque la fiscalidad es, en sí misma, discriminatoria. No se puede pretender que todo el mundo pague lo mismo. Este Ayuntamiento invierte dos millones de euros anuales en la proyección turística de la ciudad y no tiene impuesto alguno que pueda exigir a aquellos estamentos que más se benefician de esa promoción», señaló el concejal de Hacienda y Urbanismo, Alfonso Reguera. Aunque al final se abstuvo, el concejal de IU aseguró compartir esta apreciación: «Es lógico y justo pedirles un esfuerzo a aquellos que más se benefician del turismo. Estamos hablando de cifras asumibles para la hostelería», apuntó Ángel Galindo.

Reguera justificó el rechazo a la alegación de la hostelería porque no está basada en datos técnicos, sino en opiniones. La AIHS se opone al cambio de la calificación de algunas calles de la ciudad, que repercute directamente en los precios por la instalación de terrazas. En su alegación, los hosteleros rechazan que algunas calles suban dos categorías «de golpe». «Lo único que hemos hecho ha sido normalizar la categoría de las calles y el resultado es que, a partir de ahora, habrá tasas más justas, más ecuánimes. Por encima de las opiniones de particulares debe prevalecer lo que sea más justo y ecuánime para los intereses de la ciudad», zanjó el concejal de Hacienda. También recordó Reguera que la revisión de la tasa del agua, con más tramos de tarifa según los consumos, reportará 250.000 euros más de recaudación, y agregó que «no hay incrementos en las tasas», que el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se reduce y, así, los recibos bajan un 17,2% respecto a 2014 y que el estudio de costes del servicio de agua para 2017«da un millón de déficit, lo que impide bajar el precio».

La oposición, en contra

Los principales grupos de la oposición rechazaron sus explicaciones. El PP cree que la modificación de la categoría de las calles para las terrazas no se ha realizado de forma proporcional, de manera que, para algunos hosteleros, la subida de los precios va a ser del 400%, «así, de golpe», señaló el concejal popular Javier Encinas. «No dudamos de que sea legal lo que han hecho, pero las cosas hay que hacerlas de otra manera. Por una parte, no han contado ustedes con las organizaciones empresariales, y por otra, si aumenta la recaudación, aumenta la presión fiscal sobre los ciudadanos, y estas ordenanzas perpetúan una subida generalizada de impuestos con la que tratan de subsanar los errores de gestión que han cometido», añadió Encinas.

También los grupos de Ciudadanos y UPyD-Centrados en Segovia se mostraron contrarios a la modificación de las categorías de las calles para las terrazas y esa «subida generalizada» de impuestos que encierran las nuevas ordenanzas. «Lo suyo es como hacerse trampas en el solitario apreció Cosme Aranguren, portavoz de Centrados en Segovia. ¿Se incrementa la recaudación? Sí ¿Hay el mismo número de terrazas que el año anterior? Sí ¿Sube la presión fiscal de los hosteleros? Sí. La AIHS lleva razón. Hay calles que suben de golpe dos categorías y esto, así, no se puede hacer. Al fin y al cabo, la hostelería también crea empleo». Para la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, existe una discriminación manifiesta en el proyecto: «No es lo mismo una terraza en la Plaza Mayor que en la calle Teodosio el Grande, que tiene una pendiente muy pronunciada. No puede ser igual. En cuanto a otras tasas, como la del agua, creemos que sigue penalizando a las familias, porque no establece distinción alguna entre consumo necesario y despilfarro». En estos tres grupos de la oposición municipal existe el convencimiento de que el equipo de gobierno está recurriendo a subir la presión impositiva para poder hacer frente al pago exigido en las múltiples sentencias judiciales contrarias a los intereses del Ayuntamiento, la mayor parte procedentes de errores en la gestión urbanística.

Esta preocupación marcó buena parte del pleno. La exigencia de PP, Ciudadanos, Centrados en Segovia e IU para la realización de una auditoría operativa en la Concejalía de Urbanismo calentó el debate. Como ya anunció hace unos días, Reguera echó mano de los informes preceptivos elaborados por el jefe de Urbanismo y el interventor municipal para justificar su oposición a la auditoría. Ambos documentos la consideran «innecesaria» porque paralizaría el trabajo del área. Para la portavoz del PP, Raquel Fernández, no existe «voluntad política» por parte del equipo de gobierno, cuando «es fundamental llevar a cabo algún tipo de acción para detectar los errores que han dado lugar a esos pleitos millonarios y aportar soluciones», manifestó.

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