El interventor y el jefe de Urbanismo consideran «redundante» hacer una auditoria

El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, interviene en un pleno.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, interviene en un pleno. / A. de Torre
  • Reguera explica que los informes de ambos coinciden en que la decisión «paralizaría» el área

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Los pleitos millonarios a los que el Ayuntamiento de Segovia se está enfrentando en los últimos meses unieron a la oposición municipal en el pleno de julio para aprobar una moción que instaba a realizar una auditoria en Urbanismo ante lo que los distintos partidos políticos consideraban una «nefasta gestión» y «falta de previsión».

Cuatro meses después de aquella aprobación, el pleno municipal de este viernes será de nuevo el escenario para explicar a los ediles del Partido Popular, Ciudadanos, UPyD-Centrados en Segovia e Izquierda Unida los informes preceptivos elaborados por el jefe de Urbanismo y el auditor municipal.

Ambos documentos consideran innecesario realizar una auditoria municipal porque sería «redundante en lo que se está haciendo», explicó ayer el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Reguera. El informe del interventor apunta que para realizar la auditoria es necesario fijar el tiempo que se quiere abarcar, las áreas de gestión y los objetivos que se quieren conseguir.

Por su parte, el jefe de Urbanismo detalla que todos los procesos de mejora planteados en la auditoria cuentan con «un plan para realizarlos». Además, para obtener los datos se requeriría una dedicación por parte de los técnicos de Urbanismo, lo que sería «una pérdida de tiempo», porque dejarían desatendidas sus labores actuales. Según la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, aportar estos documentos supondría «paralizar Urbanismo durante un año». A juicio de Reguera, la auditoria de Urbanismo no es el objetivo de la moción aprobada en su día por la oposición. Para el portavoz municipal, lo que realmente se busca «es una comisión de investigación de las sentencias», a lo que «no tenemos ningún inconveniente» puntualizó. Lo que realmente preocupa a Reguera, según comentó, es «gestionar los recursos de la ciudad» para que salgan adelante proyectos, porque «queremos que el urbanismo funcione y se desarrolle con agilidad».

Pago de expropiación

Precisamente en este pleno, el Ayuntamiento de Segovia también aprobará el convenio con la empresa Navisa para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que fijaba el justiprecio de la expropiación de la Casa de Guardas en San Lorenzo, donde se construirá el futuro instituto de San Lorenzo, en 5.461.829 euros.

El convenio al que han llegado los dirigentes municipales para pagar los 3.941.828 euros que les faltan por abonar se hará de forma escalonada hasta el 2019. En este pleno se aprobará pagar a Navisa un pago de un millón de euros antes del 31 de diciembre, y están estudiando la posibilidad de adelantar los 500.000 euros que se tienen que pagar en el 2017 para ver si «podemos anticiparlo». Todo indica que sí se podrá amortizar ese abono, pero dependerá de que no se supere el techo de gasto ni el endeudamiento.

Por otro lado, en el pleno se aprobará renombrar la zona ajardinada del barrio de La Albuera, junto al cementerio, como Marcelo Laínez. El espacio, donde antiguamente había una serrería, fue acondicionado por el Ayuntamiento como jardín, además de instalar varios bancos. El espacio se dedica a Marcelo Laínez, segoviano del siglo XIX que fue director del arbolado municipal y uno de los creadores de la Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia, además de colaborador en periódicos de la época como ‘El Porvenir Segoviano’ y ‘El Fomento de España’.