El Norte de Castilla

Ingresa en la cárcel de Segovia el abogado que acusó a otro de saber dónde está el cuerpo de Marta del Castillo

Instalaciones de la cárcel de Segovia. Antonio de Torre
Instalaciones de la cárcel de Segovia. Antonio de Torre
  • Íñigo Moreno, que tiene su residencia habitual en una localidad de Segovia, cumplirá 21 meses de prisión por maltrato psicológico habitual contra su esposa

El abogado Íñigo Moreno Lara, que denunció al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por prevaricación y acusó a uno de los letrados del caso de Marta del Castillo de conocer el paradero del cuerpo, ingresó hace unos días en la prisión de Segovia para cumplir la pena de 21 meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual contra su esposa.

Tras la condena por maltrato psicológico de la Audiencia de Sevilla, el abogado fue detenido en Segovia, ya que tiene su vivienda habitual en La Granja de San Ildefonso, tras el rechazo de los juzgados a la petición que hizo para que se suspendiera la pena, informaron a Efe fuentes judiciales.

El abogado fue condenado a 21 meses de prisión y tiene prohibido durante cuatro años acercarse a su mujer o comunicarse con ella, y también acumula seis condenas por calumnias y otra por desórdenes públicos.

Moreno Lara, que fue expulsado en el juicio tras el cual fue condenado, en el que se defendió a sí mismo, fue el abogado que acusó al letrado que defendió a Samuel Benítez, implicado en el enrevesado caso de Marta del Castillo y que fue absuelto, de conocer el «lugar exacto» donde se encuentra el cadáver. Así lo detalló Moreno Lara, en febrero de 2015, en una carta que el padre de Marta, Antonio del Castillo, entregó al juez. El escrito había sido remitido también al Colegio de Abogados de Sevilla,

También fue el letrado que denunció al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por prevaricación al cambiar el régimen de visitas de un niño para que saliese en una procesión de Semana Santa. Este asunto motivó la condena de dos años de inhabilitación al juez impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que fue elevada a diez años por el Supremo. En octubre pasado, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que anuló la condena del Supremo y hace firme la del TSJA.

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